Hasta el momento, las investigaciones establecen la participación de dos trabajadores y del jefe de seguridad de mina San Rafael, Alberto Rotondo, en los disturbios, golpes y altercados con pobladores de esa comunidad. Uno de los aprehendidos es directamente sindicado de la muerte de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC). El hecho fue la excusa para establecer el estado de sitio en cuatro municipios. “Esto demuestra que las manifestaciones de rechazo a la minera son legítimas, y también la irresponsabilidad de las autoridades, Deben disculparse” afirmó Nery Rodenas, Arzobispado de Guatemala, en relación la medida del presidente Otto Perez.
Foto: el jefe de seguridad de mina San Rafael, Alberto Rotondo
Fuente: Siglo 21
Rony López, fiscal contra el Crimen Organizado, explicó que Cláver Alarcón Lemus, de 49 años, es un supuesto trabajador de la mina San Rafael y que se le capturó ayer al sindicarlo de ultimar al agente de la Policía Nacional Civil (PNC) Eduardo Camacho, el 29 de abril último.
La detención de Alarcón se produjo ayer en la colonia Las Margaritas, de San Juan Sacatepéquez, en cumplimiento de la orden de aprehensión emanada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Rosa por asesinato y atentado. En la casa donde fue aprehendido se incautaron 2 pistolas y 15 cartuchos útiles.
Según las pesquisas, Alarcón habría tenido instrucciones de atacar a los pobladores que manifestaban y durante los altercados disparó y ocasionó la muerte del agente de la PNC, quien había llegado en auxilio de los pobladores.
Andrés Dávila, encargado de comunicación de la mina San Rafael, asegura que esta persona no trabajaba para la empresa.
Capturan a asesor
La segunda persona detenida fue Juan Pablo Oliva Trejo, supuesto asesor de la minera San Rafael, quien se encuentra en el Hospital Militar.
La detención se efectuó el sábado último, y a él se le acusa de encubrir a los miembros de seguridad de la empresa para que atacaran a los manifestantes. Dávila dijo que no conocía sobre dicho extremo y que prefería dejarlo todo en manos de las autoridades.
El tercer detenido es Alberto Rotondo, jefe de Seguridad, a quien las investigaciones señalan de ordenar la agresión con armas contra los comunitarios, el 27 de abril.
Rotondo fue capturado el 30 de abril en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando pretendía viajar a Italia. Hoy se le escuchará en su primera declaración en el juzgado que sigue el caso.
Estado de sitio: revuelto de temas
A seis días de la vigencia del estado de sitio, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron una conferencia en conjunto para dar a conocer los resultados de los operativos, los que a su criterio nacieron de investigaciones que datan desde noviembre del 2012, cuando vecinos robaron un cargamento de explosivos.
Hasta el momento se han efectuado 95 allanamientos en cuatro municipios de Santa Rosa y Jalapa, y han detenido a 19 personas vinculadas a sicariato, extorsión, secuestro, asociaciones ilícitas, asesinatos, así como aquellos que tenían varias órdenes de captura pendientes de ejecutar y otros por flagrancia.
Además, se logró la recuperación de una de las 23 armas de los policías, un motor de una de las autopatrullas, partes de otros vehículos y de armas de fuego.
En la conferencia, Claudia Paz y Paz y Mauricio López explicaron que ocho de los detenidos son supuestos integrantes de una banda de sicariato y secuestro llamada Los Chagos. De esta organización aún están pendientes seis capturas.
Según las pesquisas, estos participaron en por lo menos cuatro secuestros en Jalapa. En uno de los casos se logró establecer que los familiares pagaron Q500 mil por la víctima y luego los delincuentes seguían pidiendo más dinero.
Así lo dijo
“Habíamos dicho que se estaban mezclando dos temas distintos, pues una cosa es el combate al crimen, lo cual es necesario, pero otra es la criminalización de la protesta”.
— Domingo Hernández Colectivo Waqib Quej
“Es una irresponsabilidad lo que hicieron las autoridades al mezclar dos temas distintos, por lo que esperamos que pidan una disculpa pública”.
— Yuri Mellini Calas
“Esto demuestra que las manifestaciones de rechazo a la minera son legítimas, y también la irresponsabilidad de las autoridades, Deben disculparse”.
— Nery Rodenas Arzobispado de Guatemala
