El debate electoral obvia debatir sobre la mina de Goldcorp, cuestión de vida o muerte para pueblos maya de Guatemala.
Fuente: La Vanguardia
Es cuestión de vida o muerte en las comunidades de los maya mam y sipacapense del altiplano. Pero, a tres semanas de las elecciones presidenciales en Guatemala, el futuro de la mina de oro Marlín –condenada por la Organización de Estados Americanos (OEA) debido a su impacto medioambiental y social– apenas figura en el debate electoral.
“Ninguno de los aspirantes está a favor de nosotros: los dos apoyan la mina”, lamenta Raimunda Luisa López, líder de la comunidad mam de San Miguel Ixtahuacán, un municipio de 37.000 habitantes situado a unos 20 kilómetros de la mina. Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz en 1992 por denunciar el genocidio contra la población maya de Guatemala de los años setenta y ochenta, “sí se opuso a la mina”, añade López. Pero Menchú -de la etnia quiche- sacó solo el 3% de los votos en la primera vuelta electoral. El probable ganador de las elecciones del próximo seis de noviembre es el ex militar Otto Pérez, participante en la guerra contrainsurgente de los años ochenta en la que murieron alrededor de 250.000 campesinos, la mayoría indígenas maya. Treinta años después, el nuevo agresor es la fiebre de oro. En círculos de defensa de derechos humanos y medioambientalistas, la mina Marlín de la multinacional canadiense Goldcorp se considera uno de los peores casos de extracción agresiva y contaminante junto a comunidades vulnerables como los maya de San Marcos, donde ocho de cada diez familias viven en condiciones de extrema pobreza.
Ha sido objeto de una campaña intensiva de oenegés internacionales y de la de Organización Internacional de Trabajo que exigen su cierre. Incluso la Corporación Financiera Internacional, agencia privada del Banco Mundial y accionista habitual de proyectos mineros en América Latina, salió corriendo tras entrar en el capital de Marlín en el 2004.
El año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington –una agencia de la OEA– dictó que el Gobierno guatemalteco deberá forzar la suspensión de las operaciones de la mina hasta que se haya averiguado su impacto social y medioambiental. “Jamás se había producido una decisión como esta”, manifestó Keith Slack, experto de minería de Oxfam en Washington. Pero ni Goldcorp ni el Gobierno guatemalteco han respondido a “lo que debería ser un dictamen vinculante”, añade.
A diferencia de los maya de las tierras bajas, ésta es la primera vez que la búsqueda de El Dorado llega al altiplano, dice Raimunda López. “Nuestra historia no está clara, no sabemos cuánto tiempo tenemos; pero jamás se había minado oro aquí”. Catorce representantes de la comunidad de San Miguel Ixtahuacán habían bajado en camioneta a San Marcos, la capital del departamento, para asistir a la presentación de un nuevo informe sobre el impacto económico de la mina realizado por economistas de la Universidad Tufts, de Estados Unidos. “La mina es un virus; están dividiendo la comunidad, y contaminando el agua”, dijo Fredy González, otro dirigente mam.
Hablaba desde el corazón pero la ciencia lo apoya. Equipos de la Universidad de Michigan, la consultora E-Techo Internacional y la oenegé católica COPAE han detectado niveles peligrosos de arsénico, cianuro y mercurio en el agua de las cuencas del río Tzala y el arroyo Quivichil próximos a la mina. Es un asunto urgente ya que no hay agua corriente en muchos municipios de San Marcos y, según el nuevo informe, el 47% de la población de San Miguel Ixtahuacán y también del pueblo vecino Sipacapa beben directamente de pozos subterráneos.
Crece la preocupación también por la herencia de la mina tras el cierre previsto en diez o quince años. “La contaminación suele ser peor cuando una mina ya está cerrada debido a las sustancias tóxicas en los residuos de roca”, apuntó Ana González, de COPAE. Por eso, “las empresas mineras suelen dejar una fianza de entre 500 y 600 millones de dólares; Goldcorp ha dejado ocho millones”. Goldcorp –que no respondió a repetidas llamadas de este periodista– desmiente que se haya producido contaminación significativa.
Marlín es el proyecto de costes más bajos de la veintena de minas de oro que Goldcorp gestiona a escala mundial. Extrae oro y plata de la enorme mina a cielo abierto que cubre una superficie de cinco kilómetros cuadrados por valor de casi 1.000 millones de dólares al año –750 millones de euros–. Los beneficios de la mina ascendieron a 346 millones de dólares en el 2009, con un coste por onza de producción de sólo 190 dólares, frente a una media industrial de 500 dólares, según el informe.
Aunque la mayoría de los guatemaltecos tienen una opinión negativa de la minería, según un nuevo sondeo del instinto ASIES, las élites gobernantes en Guatemala, al igual que en otros países centroamericanos, se han dejado seducir por el éxito del modelo extractivo en Brasil, Perú, Chile y otros países en los últimos años. El Gobierno ha concedido 395 licencias de explotación minera en el último año.
Pero, según el informe de la Universidad de Tufts, la mina Marlín “está aportando muy poco al desarrollo del país”, y menos, a San Marcos. Increíblemente, mientras otros gobiernos, desde Zambia o Nigeria hasta Chile y Bolivia, han abanderado un nuevo “nacionalismo de recursos” elevando los derechos de explotación que las mineras pagan al estado, Guatemala los ha bajado del 6 al 1%. “El Gobierno debería subir las regalías (derechos de explotación) y exigir mucho más a Goldcorp para fomentar el desarrollo”, destacó el economista argentino Leonardo Stanley, uno de los autores del informe.
Para los maya, sin embargo, jamás se podrá compensar el impacto sobre la “madre tierra”. “Yo quiero que se cierre definitivamente la mina; hay demasiada contaminación”, manifestó Bonifacio Mejía, residente en San Miguel Ixtahuacán, que, en lugar del típico sombrero de paja de los mam, lucía una gorra del Barça.
