El ejército desplegó cientos de efectivos para ocupar cuatro poblados en el sureste de Guatemala, donde rige este jueves el estado de excepción, tras enfrentamientos entre policías y opositores al proyecto de explotación minera concedido a una empresa canadiense Tahoe Resources, el más reciente de una serie de conflictos por la extracción de recursos naturales.
Fuentes: AFP y Prensa Libre
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“En esos lugares se han cometido asesinatos, secuestros y se han destruido bienes del Estado y de la propiedad privada (…) Yo no voy a permitir que siga caminando de esa forma”, dijo el presidente Otto Pérez al anunciar en rueda de prensa su decisión de “implantar el estado de excepción”.
Con la medida, que regirá por 30 días y abarca a los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, en el departamento de Jalapa, así como en Casillas y San Rafael Las Flores, en el departamento de Santa Rosa, la seguridad está controlada por el Ejército y se restringirán los derechos de manifestación, porte de armas, libre locomoción y asociación.
Cientos de militares y policías, apoyados con tanquetas y carros con armas antiaéreas, tomaron prácticamente los cuatro poblados e instalaron puestos de registro en las carreteras, donde hacían descender a pasajeros de autobuses del servicio público o conductores de automóviles, constató la AFP.
“No entiendo qué está pasando y por qué hay tantos soldados, si nosotros no hemos hecho nada”, dijo a la AFP una vecina en el parque de San Rafael, quien no se identificó ni quiso referirse a la mina en su municipio, ubicado 105 km al sureste de la capital.
Los militares recorren a pie el centro de San Rafael, que está casi vacío, pues muchos se quedaron en sus viviendas tras el anuncio del gobierno. Hasta allí se trasladó el ministro de Defensa, Ulises Anzueto, para supervisar los operativos.
Cerca del lugar, en la carretera que conduce a la Laguna El Pito, en Mataquescuintla, aún permanecen cuatro vehículos de la Policía incendiados la noche del lunes.
En los cuatro poblados han ocurrido este año choques entre las fuerzas de seguridad y opositores a la mina que será explotada por la empresa canadiense Tahoe Resources en San Rafael Las Flores.
“El estado de sitio no se implantó porque la explotación minera tenga un primer orden, sino (que) lo que buscamos es restablecer el orden y combatir al crimen organizado”, justificó Pérez.
La medida fue decretada luego de choques que dejaron un policía muerto y ocho heridos el martes, parte de un contingente que envió el gobierno para rescatar a otros 23 agentes que habían sido retenidos la noche anterior por pobladores cerca de la mina.
Según los dirigentes de la protesta, los policías fueron retenidos porque iban a apoyar a agentes de seguridad privados de la empresa, con los que se habían enfrentado el sábado, con un saldo de tres campesinos heridos.
Líderes de la protesta denunciaron ante las autoridades al jefe de seguridad de la empresa minera, el italiano Alberto Rotondo, porque los agentes privados, según ellos, usaron armas de fuego.
El ministro del Interior, Mauricio López, informó el martes que, ante la acusación, Rotondo fue detenido en el aeropuerto cuando pretendía viajar a su país, pero respaldó la versión de la empresa de que se usaron medidas “no letales”.
“Nuestra investigación ha demostrado que sólo medidas no letales fueron tomadas por nuestra seguridad”, dijo el CEO de Tahoe, Kevin McArthur, en un comunicado desde la sede de la empresa en Vancouver, al señalar que se usaron “gas lacrimógeno y balas de goma” para proteger a los empleados de la mina.
Según McArthur, su jefe de seguridad “no ha sido acusado de ningún delito, y la compañía espera que sea liberado”.
Pérez afirmó que varios de los 23 policías dijeron que los pobladores portaban fusiles AK-47 y granadas de fragmentación. “La decisión va más allá de una simple actividad minera”, justificó el mandatario, quien añadió que 15 de los presuntos líderes de la protesta están detenidos.
Otro hecho violento se registró el 13 de enero, cuando dos agentes de la firma canadiense y un supuesto manifestante murieron en una protesta en las cercanías de la mina.
La empresa, que espera comenzar la producción de oro y plata este año tras recibir el permiso de explotación del gobierno el 3 de abril, atribuye los incidentes a “forasteros” y sostiene que su proyecto respeta las normas ambientales.
La explotación minera y construcción de hidroeléctricas han generado en Guatemala fuerte oposición de ambientalistas, campesinos e indígenas, que consideran a esos megaproyectos como una seria amenaza a los recursos naturales.
El gobierno también autorizó en abril la explotación de una mina en el Caribe (noreste) a una empresa rusa.
En Guatemala existen unas 420 licencias autorizadas de reconocimiento, exploración y explotación minera a firmas locales, canadienses, estadounidenses, colombianas y rusas, entre otras.
Decreto gubernativo
Este jueves se publicó el Decreto Gubernativo 06-2013, donde se oficializa por treinta días el estado de Sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, en Jalapa; así como en Casillas y San Rafael Las Flores, en Santa Rosa.
El Gabinete de Gobierno se reunió la noche de este miércoles para confirmar el estado de Sitio en los lugares donde han existido enfrentamientos entre seguridad de la mina San Rafael y pobladores.
Según la publicación, esta decisión se da en base a una serie de hechos graves de sabotaje, afectando la actividad productiva de personas individuales y jurídicas, se ha desapoderado violentamente de material explosivo para uso particular, se ha atentado violentamente contra la autoridad militar y civil y se ha reducido la movilidad de los cuidadnos bloqueando las carreteras de acceso a dichos municipios, lo cual pone en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado.
Con este decreto cesa la plena vigencia de los derechos ciudadanos de la libertad de acción, solo en lo que se refiere a que: Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella; detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de reunión y manifestación y portación de armas, contenidos en los artículos 5, 6, 9, 26, 33 y el segundo párrafo del artículo 38 de la Constitución.
Durante el estado de Sitio, el Presidente ejercerá el Gobierno en su calidad de Comandante General del Ejército, a través del Ministerio de la Defensa.
Se convoca al Congreso para que dentro del término de tres días conozca de esta disposición.
Desde temprano pudo observarse a las fuerzas del ejército y policía llevar a cabo inspección de vehículos y personas en las áreas de conflicto, a fin de encontrar las armas que inconformes quitaron a 23 agentes retenidos a inicios de esta semana.
Durante los operativos se ha corroborado que la mayoría de personas no cargan su documento de identificación personal (DPI).
En Jalapa, las fuerzas de seguridad llegaron a las cero horas del miércoles, y se ubicaron en lugares estratégicos de la cabecera departamental, especialmente en la Montaña Santa María Xalapan, la cual comprende al menos 50 comunidades.
El alcalde de San Rafael Las Flores, Víctor Leonel Morales, indicó estar satisfecho con esta decisión, pues considera que reinará la calma en el municipio y aprovechará el estado de Sitio para organizarse con los vecinos para formar grupos de seguridad comunitaria.
También dijo que pedirá a la Ministra de Educación que no sean suspendidas las clases, porque el Estado de Sitio garantiza que no se suspenda la educación. Además invitó a los comerciantes a seguir atendiendo los negocios, ya que estarán más seguros.
Respecto a la minería reiteró que el Código Municipal da a los vecinos empadronados la opción de solicitar una consulta, si el 10 por ciento de ellos presentan la petición debidamente identificados, no obstante, no ha recibido ningún documento.
