La explotación minera ha generado una fuerte oposición de ambientalistas, campesinos e indígenas, quienes consideran esta actividad como una amenaza a los recursos naturales. Miles de personas macharon este jueves en las capitales de 20 de los 22 departamentos del país para rechazar planes de explotación minera y demandar la nacionalización de la energía eléctrica, informaron los organizadores.
Fuente: Telesur y AFP
La convocatoria realizada por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) tiene como objetivo demandar al Congreso la aprobación de una ley de desarrollo rural integral, señaló el dirigente Rafael Chanchavaj.
Son 17 peticiones las que han sido entregadas en la Casa Presidencial, en el centro histórico de la capital; poniendo sobre aviso que si sus demandas no son atendidas seguirán las medidas de protestas. En tanto, el líder campesino Poncio Tayún, indicó que en el interior del país las peticiones eran presentadas en las sedes de las gobernaciones departamentales.
Los guatemaltecos exigen la nacionalización de la energía eléctrica por los elevados cargos que cancelan por distribución, responsabilidad de una firma inglesa y una colombiana.
Mientras que la explotación minera ha generado una fuerte posición de ambientalistas, campesinos e indígenas que consideran esta actividad como una amenaza a los recursos naturales.
En episodios anteriores han ocurrido enfrentamientos entre campesinos y militares, que han dejado un saldo de varios trabajadores agrícolas muertos.
La política hidroeléctrica del gobierno ha generado conflictos graves en Guatemala.
Numerosas denuncias corren tras el gobierno de Otto Pérez Molina. Dirigentes del Frente Nacional de Lucha afirman que desde su llegada en enero de 2012 se incrementó la violencia contra la libertad sindical.
La Oficina de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos de Guatemala condenó la violencia contra sindicalistas e instó a las autoridades a investigar, procesar y sancionar a los autores de estos hechos y a tomar medidas urgentes para garantizar la protección de todas aquellas personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos.
