El primero de Junio un tribunal del Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Inversión (ICSID en inglés) con base en el Banco Mundial, concedió jurisdicción a la compañía minera canadiense Pacific Rim para que continúe su ataque contra el pueblo de El Salvador.
Fuente: CISPES
05/06/2012. Desde 2009, la compañía con sede en Vancouver ha estado demandando más de $100 millones del Gobierno de El Salvador por no haber concedido permiso a la compañía para extraer oro en la región norte en el departamento de Cabañas.
Desde 2005 las comunidades rurales que rodean los lugares propuestos para las minas han organizado un movimiento de resistencia muy vibrante para prevenir la contaminación de su agua y subsuelo por dos toneladas de cianuro que la Pacific Rim propuso usar diariamente para extraer oro en la mina El Dorado.
Como recientemente dijo la Mesa Nacional Contra la Minería Metálica, “[Hemos demostrado que] la minería metálica es inviable por ser una industria que utiliza y contamina irracionalmente el agua, en un país territorialmente estrecho, con alta densidad poblacional y con un estrés hídrico severo”. Entre 2009 y 2010, cuatro medioambientalistas fueron asesinados; motivaciones políticas han sido hasta hoy ignoradas en la investigación.
El tribunal descartó la alegación de Pacific Rim de que el Gobierno de El Salvador hubiera violado las reglas del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, los EE.UU. y la República Dominicana (DR-CAFTA en inglés), aprobado por el Congreso estadounidense en 2005, con el argumento de que la compañía canadiense, la cual movió una subsidiaria en las Islas Caimán para Nevada en 2007 presumiblemente para aprovechar la ventaja de los derechos extraordinarios autorizados a las corporaciones bajo el CAFTA, no tenía “actividades comerciales sustanciales” in EE.UU.
Pero aún a pesar de que el tribunal rechazó el argumento del ataque al CAFTA de Pacific Rim, el mismo rehusó perdonar los millones en costos del tribunal y honorarios legales que El Salvador ha pagado para defenderse contra la demanda; solo en honorarios legales, el gobierno ha pagado más de $5 millones hasta la fecha, dinero que pudo haber sido usado para educar 140,000 personas adultas a través del Programa Nacional de Alfabetización del gobierno.
Aún peor, el tribunal acordó continuar revisando el caso basado en la demanda de Pacific Rim de que El Salvador había violado su propia Ley de Inversiones aprobada en 1999 bajo la administración del Presidente Flores. Lisa Fuller, Director de Programas de CISPES explica: “Esta Ley de Inversiones es justamente como el CAFTA y otros llamados tratados de ‘libre comercio,’ en la que países como El Salvador deben de comprometer su propio proceso democrático a nombre de atraer inversión foránea, lo cual es una marca inconfundible de las políticas económicas neoliberales.”
Lori Wallach, directora del programa ‘Observador del Comercio Global’ de la organización Ciudadano Público en Washington, DC, comentó que “el hecho de que los ataques corporativos contra la política ambientalista doméstica de un país soberano ante un tribunal foráneo sean aún posibles – mucho menos costarle a un país millones cuando un elemento clave del ataque es descartado – ilustra lo que está mal con nuestro modelo de tratados de ‘comercio.'”
En respuesta a la decisión del viernes, la Mesa Nacional Contra la Minería Metálica ha hecho un llamado al Presidente Funes a que elimine el Capítulo 15 de la Ley de Inversiones de El Salvador, la cual permite que corporaciones foráneas coloquen demandas como esta contra el gobierno en el ICSID, así como también para que promueva una prohibición de la minería metálica.
