San Salvador, El Salvador – 15/05/07. La Mesa Nacional Contra la Minería Metálica denunció que la empresa minera “Pacific Rim”, de capital canadiense, tiene como “agentes de seguridad privada” a elementos de la Fuerza Armada. La denuncia se hace luego que esta empresa realizara, en algunos municipios de la zona norte del departamento de Cabañas, jornadas médicas y donación de útiles escolares, con la respectiva seguridad brindada por soldados.
Fuente: Diario Co Latino
Uno de los casos más particulares que denuncia esta organización sucedió en el cantón Trinidad, del municipio de Sensuntepeque, Cabañas, cuando los habitantes de ese lugar vieron amenazada su seguridad.
En esa oportunidad, a los habitantes no les pareció que realizaran ese tipo de actividad, ya que no querían comprometerse con la empresa y exigieron la retirada de la jornada.
Cuando el ambiente se tornó “tenso”, los soldados empezaron a apuntar a la gente de la comunidad con sus fusiles, asegura David Pereira, miembro de la organización. “Eso terminó en un forcejeo y hasta en puñetazos”, afirmó Pereira.
Según la Mesa Nacional Contra la Minería, la empresa canadiense hace estas actividades con el objetivo de ganar la simpatía de las comunidades donde se realiza exploración y explotación minera.
Pero estos hechos no sólo se dan en la zona norte de Cabañas, sino que
también en el departamento de Chalatenango. Bernardo Belloso, de la Asociación de Comunidades Rurales para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), asegura que en varias comunidades norteñas de Chalatenango hay presencia de “grupos armados”.
Para Belloso, la presencia de estos grupos es con el fin de “generar” temor en los habitantes para que vendan sus tierras, y así realizar explotación minera.
Pereira sostiene que este tipo de actividades deben de ser investigadas por la Fiscalía General de la República para que “saque a flote” los compromisos e intereses que tienen la empresas mineras, las alcaldías de la zona y la Fuerza Armada.
Ven positivo pronunciamiento de Conferencia Episcopal
La organización calificó de positivo el pronunciamiento que hizo la
Conferencia Episcopal al referirse a que con la explotación minera la vida de las personas está en peligro.
“Esto demuestra un gran avance en el compromiso social de la iglesia”,
manifestó Rodolfo Calles, representante de CARITAS. Asimismo, asegura que varias comunidades afirmaron que la iglesia “está intentando” retomar otra vez su compromiso con los más desprotegidos y
necesitados del país.
