La empresa minera Pacific Rim/Oceana Gold canceló ocho millones de dólares al Estado salvadoreño luego de perder y ser condenada en un arbitraje internacional ante el CIADI, informó ayer la Fiscalía General. La Fiscalía confirmó ayer que la empresa minera había pagado ya el dinero del fallo. Según el Ministerio Público hubo un acuerdo con la empresa internacional. Fuente: El Salvador
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De acuerdo a un comunicado de la Fiscalía la mañana de ayer Pacific Rim Cayman LLC, quien había demandado a El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y que perdió un laudo arbitral (sentencia) en octubre de 2016, pagó al Estado salvadoreño 8 millones 97 mil 72 dólares en concepto de gastos legales del proceso de arbitraje.
La Fiscalía General se mostró ayer satisfecha con el acuerdo y pago efectuado por la empresa minera Pacific Rim Cayman LLC.
Mediante un comunicado, la Fiscalía afirmó que el pago de esa cantidad se debe a la resolución emitido por el CIADI luego que ese organismo internacional resolvió a favor de El Salvador.
“A causa de la demanda promovida por Pacific Rim Cayman LLC contra el Estado de El Salvador, por medio de empresa relacionada ha realizado el pago de $8,097,072 en favor del Estado”, señala.
Añadió que la liquidación se hace luego que las partes llegaron a un acuerdo en que la empresa minera se ha comprometido a no promover ninguna acción de nulidad del laudo.
Por su parte la Fiscalía General de El Salvador acordó, a no continuar con acciones de cobro (posibles embargos contra la empresa).
“En consecuencia, la Fiscalía en representación del estado de El Salvador expresa su satisfacción por el acuerdo logrado y el pago efectuado”.
Por siete años, la minera mantuvo un litigio internacional contra El Salvador en el que pedía una indemnización calculada en $284 millones en compensación por los supuestos obstáculos que le puso el país para explotar la mina de El Dorado, en Cabañas.
Aún con fallo en su contra, Pacific Rim luchó
La Mesa contra la minería integrada por diversas organizaciones ambientalistas del país, acusó a la compañía que “lejos de acatar la resolución del CIADI, Pacific Rim/Oceana Gold, en una clara afrenta a la resolución del tribunal y del pueblo salvadoreño, ha arreciado sus acciones a través de sus filial Minerales Torogoz y la Fundación El Dorado” en San Isidro, Cabañas.
Dichas acciones, según la Mesa contra la minería, van desde regalar artículos promocionales a favor de la minería, promover excursiones a una antigua mina… y publicación de campos pagados mediante los cuales difunden información falsa”.
Entre tanto la compañía afirmó ser “ una industria de recursos modernos, que opera dentro de una manera responsable y segura dentro de las mejores prácticas reconocidas a nivel internacional, tiene el potencial de abrir una oportunidad que contribuya por varias décadas y de manera sostenible con el porvenir en la República de El Salvador”.
Oceana Gold, un consorcio canadiense-australiano, exhortó además al Gobierno salvadoreño a dar un paso adelante para atraer inversiones en rubros como el que la compañía representa.
La compañía sostenía que el Gobierno tenía que tomar medidas positivas y definitivas hacia el establecimiento de un entorno empresarial estable si deseaba atraer la inversión extranjera para establecer esta oportunidad”.
Llegó al extremo que Oceana Gold se presentaba como un “productor de clase mundial durante más de dos décadas” y además se autodenominaba que había formado parte de las comunidades donde operaba como un “valioso miembro” en países como Nueva Zelanda, Filipinas y Estados Unidos.
La firma internacional aducía que tenía derecho a la concesión, luego que el gobierno salvadoreño en su momento le facilitó permisos para hacer exploraciones de existencia de metales preciosos en la zona de San Isidro.
Sin embargo, cuando esta había descubierto dos yacimientos de oro y plata de mucha profundidad en la mina de El Dorado, las instituciones del ramo no respondieron a la solicitud de concesión para explotación que presentó la empresa minera.
Ante el incumplimiento de la resolución del CIADI, la Corte Suprema congeló bienes a la firma internacional en el país: siete vehículos; una camioneta Four Runner 2006, un pick up Ford Ranger 2006, un Toyota Corolla 2006 y un pick up Hi Lux 2005.
Los embargos incluyeron nueve inmuebles ubicados en San Isidro, Cabañas, lugar de la explotación minera que desarrollaba Pacific Rim hasta que fue prohibido realizar esa actividad por mandato legal. Además nueve cuentas bancarias.
