El pasado 19 de junio, a un año del derrumbe sobre mineros de Santa Pancha, Malpaisillo, a petición de los sindicatos de la Mina B2Gold, representantes de la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional visitaron las instalaciones de la Mina. Tendría que decir que es una experiencia inolvidable. Una de las mayores lecciones humana aprendida fue poder ponerme en los zapatos de quienes trabajan en las minas.
Fuente: diario La Prensa
02/07/2012. Adicional a esta experiencia física, espiritual, emocional y reflexiva, mi principal tarea era verificar como legisladora el cumplimiento del convenio colectivo, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la ley y a los acuerdos establecidos con los trabajadores.
B2Gold es una empresa de capital canadiense que tiene dos años de tener la concesión de la Mina. La Mina en el 2011 sufrió un derrumbe en donde más de 20 trabajadores fueron arrastrados por las corrientes, pero afortunadamente lograron evacuarse por sí solos, sin embargo se lamentó la desaparición de Roberto Manuel Martínez, de 32 años, quien se desempeñaba en el área de los subterráneos de fortificación.
A causa del derrumbe y de la muerte del minero, el sindicato Pedro Roque responsabilizó a la empresa por el incumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la Inspectoría de Higiene y Seguridad del Ministerio del Trabajo (Mitrab).
Pude comprobar al adentrarme en las profundidades de la mina, el nivel de calor, humedad, fango, obscuridad y sensación de enclaustramiento que produce estar dentro de un túnel como el construido en Santa Pancha, el cual, por sus características de estar cerca de los hervideros de San Jacinto y del cinturón de fuego de occidente el calor ahí adentro es ¡horrible!. Solucionar todo lo relativo a la ventilación es clave para crear condiciones mínimas a los trabajadores. El gerente afirmó que ese problema está en vías de solución técnica.
Pero lo más preocupante, fue durante la entrevista con los sindicatos, donde el líder del Sindicato Independiente afirmó que el 40 por ciento del personal es contratado por los “gabinetes del poder ciudadano” en contra de toda ley y del derecho constitucional de igualdad de todos los nicaragüenses. Protesté vehementemente por esa arbitrariedad.
Al finalizar la reunión con los Sindicatos teníamos una entrevista con los comunitarios y resultó ser una reunión con la plana mayor del orteguismo en la localidad, quienes aparecen como representantes de las 13 comunidades en la mesa de concertación con la Empresa y que su trabajo y gestión está determinado por un mandato del comandante Ortega, según dijo el alcalde.
¿Es que aquí el 100 por ciento de la población obedece al presidente Ortega? ¿Es que aquí no hay otros sectores cuyos intereses sean representados por líderes distintos a los del FSLN? A esas preguntas lo que recibí fueron las acostumbradas respuestas agresivas y arrogantes de voceros del orteguismo.
A pesar de todo, debo reconocer que la empresa nos mostró los esfuerzos realizados por modernizar la mina, reforestar, hacer un mejor manejo de las aguas residuales con la construcción de una enorme presa de cola, realizar obras comunitarias de interés, abrir canales de comunicación con las autoridades religiosas y municipales, así como incorporar el enfoque de género en la gestión y trabajo con los obreros y comunitarios.
Una parte de mi misión está cumplida. Pero queda un trecho pendiente.
