Periodistas reciben amenazas de muerte por sus denuncias contra emprendimientos mineros. La periodista Marcela Ramos teme por su vida, al igual que el resto del personal de Radio Victoria que ha sido amenazado de muerte. Pero lo que más acongoja a Ramos es que las amenazas han sido redirigidas contra su pequeña hija de dos años.
“Ahora están amenazando directamente a mi hija, es muy doloroso que todavía sigamos con esto y [las autoridades] no nos den una respuesta concreta de quiénes son los autores”, dice Ramos a Noticias Aliadas.
A principios de junio, una semana después de aquellas declaraciones, Ramos se vio obligada a salir del país para salvaguardar su seguridad y la de su hija.
Radio Victoria es una emisora comunitaria, ubicada en el poblado de Victoria, en el departamento de Cabañas, a 95 km al noreste de San Salvador, y desde hace dos años el personal de la estación ha estado recibiendo amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y cartas, por parte de un grupo que se autodenomina “Exterminio”, que les advierte: “Cállense o aparecerán podridos”.
Los escritos y llamadas rara vez señalan en qué temas es que la estación debe guardar silencio, aunque en más de alguna ocasión han hecho referencia directa al polémico tema de la minería metálica.
En otras ocasiones las amenazas pretenden hacer creer que provienen de narcotraficantes, aunque ello carece de lógica porque la radio no cubre temas de esa índole.
Contra la minería contaminante
Las radios comunitarias comenzaron a surgir en 1992, tras el fin de la guerra civil, como un esfuerzo para que las comunidades más pobres del país tuvieran voz. Las emisoras fueron a su vez fuente de información desligada de los intereses comerciales y políticos que salpican a los medios tradicionales.
Unas 20 radios comunitarias están organizadas en la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) y llegan a todo el territorio.
Los trabajadores de Radio Victoria creen que las amenazas pretenden silenciar la línea editorial de la radio, que critica fuertemente los proyectos mineros en el país, en especial el llevado a cabo por la canadiense Pacific Rim, en el céntrico departamento de Cabañas, donde la empresa desarrolló, desde el 2002, proyectos de exploración en la mina El Dorado. Pero en el 2009 el gobierno del presidente Antonio Elías Saca (2004-2009), de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se pronunció en contra de la industria minera en la medida que no se han despejado las dudas sobre sus impactos negativos sobre las personas y el ecosistema. Al año siguiente, el gobierno del presidente Mauricio Funes, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), denegó a la empresa los permisos para operar el proyecto.
Bajo el argumento de que la medida constituye una violación al Tratado de Libre Comercio de América Central y República Dominicana con EEUU (TLCAC+RD), la empresa demandó al Estado US$77 millones, caso que se dirime en el Centro Internacional de Arbitrajes de Disputas de Inversiones del Banco Mundial, en Washington.
Los reportajes de Radio Victoria advirtieron sobre la posible contaminación del agua en esa parte del país debido al uso de cianuro en la extracción de metales preciosos.
En abril y mayo pasado, los comunicadores Pablo Ayala, Maricela Ramos y Manuel Navarrete fueron el blanco más reciente de los ataques por medio de cartas anónimas deslizadas debajo de la puerta de la emisora, así como por correos electrónicos o llamadas. Las amenazas claramente advierten que deben de dejar de informar en la forma en que la emisora lo ha venido haciendo.
Además del tema ambiental, la agenda periodística de Radio Victoria incluye temas sociales, como derechos humanos, mujeres, niñez, así como el tema político, que ha comenzado a encenderse de cara a las elecciones municipales y legislativas previstas para el 2012.
“A mí y a otros compañeros nos han dado hasta horas para que salgamos del departamento de Cabañas, de lo contrario vamos a ser asesinados”, dice a Noticias Aliadas Manuel Navarrete, locutor de la emisora.
La cobertura crítica que la radio ha realizado en torno a la ineficacia del actual alcalde de Victoria, Juan Antonio Ramos, para ejecutar proyectos comunales, levanta también las sospechas de que las amenazas pudieran provenir por ese lado, pero hasta el momento las autoridades no han dado pistas de hacia dónde apuntan las investigaciones.
La Fiscalía General de la República, encargada de las investigaciones, nunca ha emitido un informe sobre el origen de los mensajes. El fiscal general Romeo Barahona se limitó a decir que entiende la preocupación que aqueja al personal de Radio Victoria, pero que eso no determina que las investigaciones avancen o no, sino que éstas llevan su propio paso.
“Estamos en la etapa de investigación”, dijo a Noticias Aliadas.
Desconfianza en la protección
El año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado hondureño a brindar protección a las instalaciones de la radio y a algunos de los periodistas, pues las amenazas no se tomaron a la ligera considerando que asesinatos ocurridos en Cabañas entre junio y diciembre del 2009 tuvieron como telón de fondo el tema de la minería.
La primera víctima fue el líder comunitario Marcelo Rivera, quien pertenecía a la Mesa Nacional contra la Minería Metálica. El activista fue secuestrado y su cuerpo fue encontrado varios días después con claras señales de tortura. A Rivera le siguieron los asesinatos de Ramiro Rivera Gómez y Dora Alicia Sorto Rodríguez, con un embarazo de ocho meses, quienes formaban parte del Comité Ambiental de Cabañas para la Defensa del Agua y los Recursos Naturales.
Los crímenes estarían motivados por su decisiva acción contra la mina El Dorado, pues previamente recibieron amenazas de muerte para que desistieran de sus posturas y trabajo informativo sobre los efectos de la exploración y explotación minera, pero las autoridades policiales vincularon los crímenes de Rivera Gómez y Sorto Rodríguez a enemistades creadas entre quienes estaban en contra y a favor del proyecto de la Pacific Rim. En julio del 2010 la Policía capturó a nueve personas acusadas de participar en los asesinatos de Rivera Gómez y Sorto Rodríguez. Por el caso de Marcelo Rivera en setiembre del 2010 fueron condenadas seis personas, tres a 40 años de prisión, y los otros tres, a tres años.
Si bien las instalaciones de la radio están resguardadas por agentes de la Policía, los trabajadores desconfían de ellos.
Óscar Beltrán, también periodista de Radio Victoria, cuenta con protección policial las 24 horas y ve con recelo la presencia de la autoridad que vela por su seguridad.
“Nos llevan una bitácora de cada cosa que se hace durante el día, incluso con la gente que nos reunimos, y algunos nos han dicho que si las amenazas fueran ciertas, ya hubiesen asesinado a alguien de la radio”, dice.
El 24 junio, la CIDH condenó el asesinato de Juan Francisco Durán Ayala, activista del Comité Ambiental de Cabañas para la Defensa del Agua y los Recursos Naturales, ocurrido a principios de junio, e instó al Estado salvadoreño a investigar este crimen y sancionar a los responsables. Según la información recibida por la CIDH, Durán Ayala fue visto colocando afiches y pancartas pidiendo la aprobación de una ley contra la minería. Dos días después su cadáver fue encontrado con dos disparos en la cabeza. —Noticias Aliadas.
