Una vez más las organizaciones salvadoreñas aglutinadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica salieron a las calles a reiterar su rotundo rechazo a la explotación minera metálica en el país. En esta ocasión, la mesa, en una actividad simultánea con organizaciones en Estados Unidos, Canadá y Australia, se concentró en las oficinas del Banco Mundial (BM) para protestar contra la demanda millonaria que la empresa Pacific Rim tiene contra el Estado salvadoreño.
Diario CoLatino
Estas organizaciones presentaron ante el BM una carta firmada por 300 organizaciones de 31 países alrededor del mundo, en la que piden “revisar el papel del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y determinar si es compatible con la misión del BM de acabar con la pobreza y promover el desarrollo económico sostenible y responsable de los países”.
Es de recordar que la demanda fue interpuesta por la minera canadiense.
Pacific Rim, en el 2013, contra el estado salvadoreño ante el CIADI bajo el argumento de pérdidas ocasionadas debido a la no explotación de la mina El Dorado en San Isidro, Cabañas.
Pacific Rim exige 301 millones de dólares en compensación por parte del gobierno salvadoreño o una concesión para la extracción de oro pese a los enormes riegos para el abastecimiento de agua en el país.
“Denunciamos este hecho que es un atentado más para la soberanía de nuestro pueblo salvadoreño y reiteramos nuestra firme convicción de avanzar en este proceso de lucha por detener definitivamente los proyectos mineros en territorio salvadoreño”, expresó Fidelina Morales, representante de la mesa frente a la minería.
Morales explicó que las organizaciones que luchan contra la minería metálica están convencidas de que los impactos de la minería son muy fuertes en el medio ambiente, en el agua, en los subsuelos y en la salud de las personas que viven alrededor de los proyectos mineros.
“En El salvador, el único río que tenemos es el río Lempa, los proyectos mineros están justamente destinados a desarrollarse en la franja norte del país y esta franja es la que abastece de agua a este río. El gran San Salvador bebe agua del Lempa y esa es una de las grandes preocupaciones por las que nosotros venimos diciendo que aquí no debe de haber explotación minera”, agregó Morales.
Vale destacar que la riña entre el Estado salvadoreño y la transnacional viene desde el 2009, cuando se suspendieron las licencias de explotación autorizadas en 2002 por la administración del expresidente Francisco Flores.
Esta minera demandó al país acogiéndose al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sin embargo, el CIADI lo denegó en junio del 2012, debido a que Pacific Rim era canadiense.
Sin embargo, para seguir la demanda, Pacific Rim creó una filial estadounidense y hoy se ampara en la Ley de Inversiones.
Frente a esto, los miembros de la mesa que lucha contra la minería opinan que la existencia de leyes y acuerdos comerciales permisivos que beneficien más los intereses de las empresas y no los derechos de la población, hace más propenso a que en el país se repitan este tipo de casos en los que se comprometen los fondos públicos.
En este sentido, piden se revise la Ley de Minería y se anule la Ley de Inversiones vigente, así como la aprobación de una Ley contra la minería metálica.
“Esperaríamos que esta Legislatura se ponga en función de proteger y favorecer a las grandes mayorías que hemos venido luchando por la defensa de un medio ambiente y contra los proyectos mineros”, dijo Morales. “Nuestra vida está en riesgo si permitimos los proyectos mineros”, puntualizó la representante de la mesa.
