Organizaciones sociales de El Salvador presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de la mina Cerro Blanco, donde se prevé extraer oro y plata por la empresa Entre Mares, subsidiaria de la canadiense Goldcorp, un proyecto minero de Guatemala que amenaza con causar daños ambientales en la zona fronteriza entre ambos países.
Fuente: AFP
“Vamos a presentar un informe sobre las implicaciones de la mina Cerro Blanco en Guatemala” para que la CIDH “decida si se pronuncia a partir de la amenaza que representa este proyecto minero a la salud de muchas personas en El Salvador”, dijo a la AFP David Pereira, del Consejo de Directores del Centro de Investigación sobre Comercio e Inversión (Ceicom).
Pereira explicó que esa entidad acompañará el 29 de octubre a funcionarios de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en la presentación del caso ante expertos ambientalistas de la CIDH, con sede en Washington.
“Hemos colaborado con la Procuraduría en la elaboración del informe que se presentará a la Comisión. Las investigaciones hechas demuestran que El Salvador se verá seriamente afectado por la contaminación de este proyecto minero”, sostuvo el representante de Ceicom.
La mina Cerro Blanco, donde se prevé extraer oro y plata, es un proyecto de la empresa Entre Mares, subsidiaria de la canadiense Goldcorp, y se ubica muy cerca de la frontera con El Salvador.
De acuerdo a Ceicom, las aguas residuales “cargadas de químicos” de esa mina amenazan con contaminar el lago de Güija (110 km al oeste de San Salvador, compartido con Guatemala) y que éste a su vez afecte dos ríos, entre ellos el río Lempa, la fuente de agua más importante de El Salvador.
El río Lempa es utilizado en El Salvador por la empresa nacional de aguas para abastecer de agua potable a gran parte del país, además de que a lo largo de sus márgenes miles de campesinos lo utilizan en sus granjas agrícolas o ganaderas.
“Esa mina es una amenaza seria que atenta contra el derecho humano a la salud, a la alimentación”, remarcó Pereira.
El gobierno de Guatemala concedió la licencia de exploración en 1997 y la de explotación en el año 2007.
