Exfuncionarios del Gobierno de PAIS, exasambleístas constituyentes, legisladores en funciones y dirigentes políticos, agrupados en la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de la Izquierda, calificaron ayer de “retrograda” la política oficial en derechos humanos y minería.
Foto: En agosto de este año se desplegó una gran bandera contra la Ley Minera en el parque de El Arbolito, en Quito.
Fuente: diario La Hora
09/12/2011. El expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta; y el exministro de Gobierno, Gustavo Larrea, criticaron en la Asamblea la “imposición de una mega minería que afecta los derechos de la naturaleza” y denunciaron la entrega “de manera inconsulta las concesiones mineras a transnacionales en comunidades de Quimsacocha, Morona Santiago, Bolívar, Selva Alegre”.
“Se incumplió el derecho a la consulta previa y consulta prelegislativa”, afirmó Gerónimo Yantalema, de Pachakutik, y advirtió que las actividades mineras han destruido importantes zonas de recarga hídrica. “En un estado de derecho, es terrible y brutal obligar al desplazamiento de los territorios ancestrales”, afirmó. Este domingo se realizará movilizaciones de las poblaciones que han sido desplazadas y desalojadas como consecuencia de esta actividad.
Despidos
Mientras tanto, exigieron a la Corte Constitucional un pronunciamiento para que declare la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo que cesó en sus funciones a cerca de 4 mil empleados públicos, que, según el Gobierno, fueron separados por supuestos actos de corrupción. “¿Si son corruptos, qué indemnización cabe?”, preguntó Larrea
EL DATO
Esta semana el Gobierno cerró un acuerdo con la canadiense Kinross para la extracción de oro en la selva.
