La Cámara de Minería de Ecuador (CME), que representa a más de cien socios del sector, considera aceptable que en los futuros contratos de explotación el Estado se quede con el 53% de la renta minera, como ha propuesto el Ejecutivo, según dijo a Efe el presidente de la entidad, Santiago Yépez.
26/11/2011. “Un 53% sería justo. Por lo que llegar a este acuerdo podría ser interesante. Debemos trabajar conjuntamente. Pretender que el Estado se lleve el 99% de la riqueza sería ingrato para el sector”, remarcó Yépez.
La Constitución de Ecuador determina que el Estado debe obtener más de la mitad de la renta de las explotaciones de recursos no renovables, por lo que el pasado agosto el presidente del país, Rafael Correa, señaló que se analizaba si el 53% era la cifra adecuada.
Según Yépez, este porcentaje sería aceptable para un sector que lleva a cabo “grandes inversiones de riesgo” porque la mayor parte de yacimientos que se exploran no resultan rentables.
El Gobierno pretende implantar la minería a gran escala en el país y dejar así de depender de las exportaciones de petróleo.
“Hasta ahora todo era minería informal, que trabaja sin tener los permisos ambientales y sin cuidado ambiental”, sentenció Yépez, que cree que los nuevos proyectos implicarán “un antes y un después” para el sector en el país.
Actualmente hay tres propuestas de gran envergadura en su fase inicial y dos más previstas próximamente, con una inversión estimada hasta 2016 de más de 4.000 millones de dólares, según un informe del Ministerio de Recursos No Renovables.
Uno de ellos es el proyecto aurífero “Fruta del Norte”, en el sur del país, de la canadiense Kinross.
El trabajo directo e indirecto que se generará en su fase de construcción y exploración supera las 25.000 personas, señala el mismo estudio.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo esta semana que “los contratos mineros se han retrasado un poco porque la negociación es durísima. Vamos a hacer que la inmensa cantidad de riqueza proveniente de la minería quede en los dueños de este recurso, que es el pueblo ecuatoriano”.
Según el modelo de contrato, el yacimiento se mantiene en manos del Estado, que pone a concurso público su explotación.
Los grandes proyectos mineros han generado conflictividad social y política, con disputas entre el Gobierno central y las autoridades locales, además de movilizaciones sociales.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la principal organización indígena del país, rechaza los planes del gobierno, considerados una forma de “botarnos de nuestros territorios”, según Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, una de las asociaciones integradas en la Conaie.
En cambio, el presidente de la CME subrayó que “se ha utilizado la oposición a la minería como una oposición al Gobierno, pero a la vez implica una oposición al desarrollo del país. El sector debe apartarse de cualquier política inmediata”.
“No se debe satanizar a la minería”, zanjó Yépez.
El sector sufrió un importante cambio a raíz de la Ley de Minería de 2009, que contó con la oposición frontal de indígenas y ecologistas, y causó la derogación de unas 3.000 concesiones en busca de crear “un marco (de explotación) más estricto”, dijo Yépez.
Yépez valoró esa ley, aunque dijo que para conseguir un permiso de explotación “no hay suficiente interacción” y falta “un criterio uniforme” entre organismos encargados de otorgar los papeles.
Esto implica que obtener permisos no sea “ágil”, ya que para el trámite se deben conseguir “13 o 14 documentos”, apuntó. EFE
