MARTES 14 DE DICIEMBRE DE 2010 17:27
La comunidad indígena Kichwa de Tzawata denunció hoy una presunta intromisión del Ejército ecuatoriano para desalojarlos de su territorio en la provincia amazónica del Napo, con el fin de permitir una explotación minera.
Fuentes: EFE y Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía – CNDVS
13/12/2010. Modesto Alvarado, representante de la comunidad indígena, aseguró hoy a Efe que el pasado 29 de noviembre 63 militares “armados con material bélico” entraron en la comunidad de Tzawata para desalojar a sus habitantes con el fin de que la empresa minera canadiense Merendon pueda volver a explotar esta zona, tras marcharse de la región en 2007.
Sin embargo, portavoces de la Secretaría de Derechos Humanos del ministerio de Justicia y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dijeron no tener conocimiento de que militares hubieran entrado en Tzawata.
Los habitantes de la localidad denuncian que, según un tratado de la Organización de Naciones Unidas, no se pueden realizar actividades militares en los territorios indígenas sin el consentimiento de estos, explicó Alvarado.
El representante explicó que, desde que la empresa se fue, llevan “en una lucha de resistencia” para que no vuelva a explotar la zona, porque, según los indígenas, vertió “cianuro, mercurio y todos esos químicos en las cuencas de los ríos”.
“A los niños y mujeres les salieron ronchas en el cuerpo, se les quemó el cuerpo”, dijo Alvarado.
Afirmó que Merendon, que explotó yacimientos de oro en esa región entre 2004 y 2007, “está intentando sacar los permisos para volver, por lo que a través de la fuerza pública intentan desalojarnos”.
Según el indígena, los militares acudieron a Tzawata bajo el pretexto de que los habitantes de la zona estaban “trabajando con colombianos de una manera estratégica para atacar a la compañía”.
La Organización no Gubernamental (ONG) Coordinadora Nacional Por la Defensa de la Vida y la Soberanía, vinculada a los indígenas, destacó en un comunicado que esta presunta intromisión militar “es ilegítima”.
“La información brindada (por los militares) es que se trataba de un patrullaje en busca de subversivos y narcotraficantes debido a varias denuncias realizadas de que, en la lucha por las tierras, se encuentran inmersos personas insurgentes, lo cual es totalmente un invento de la Compañía Merendon” indicó el comunicado.
PUEBLOS KICHWAS DE LA AMAZONÍA EN PIE DE LUCHA CONTRA MINERA MERENDON DENUNCIAN INCURSIÓN MILITAR A SUS TERRITORIOS
Dando cumplimiento a las resoluciones del 24 Diálogo por la Vida realizado el 4 de diciembre en Tzawata (provincia del Napo-Ecuador), se desarrolló en Cuenca una rueda de prensa para denunciar la situación de riesgo en la que se encuentran los pueblos kichwas de Tzawata, Ila y San Clemente de Chucapi por la presencia en sus territorios de militares del grupos especial de los “iwias” (Ver fotografías en documento adjunto).
En la sede del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, Vicente Alvarado dirigente de jóvenes de Tzawata, Nancy Tanguila de la comunidad Ila y Saúl Licuy de la comunidad San Clemente de Chucapi, acompañados por Lina Santacruz de la organización juvenil Comuna Amazónica y varios miembros del directorio de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía – CNDVS, denunciaron el permanente acoso y amedrentamiento que existe contra estas comunidades kichwas que llevan 10 meses en la lucha por la recuperación de sus territorios ancestrales invadidos por la minera canadiense MERENDON.
Hicieron conocer que varias autoridades, entre ellas el Comisario Octavio Márquez, constantemente amenaza con que los militares van a llegar a desalojarlos, y que la policía ha intentado hacerlo por dos ocasiones.
También expresaron que a pesar de todo continuarán firmes en su lucha y que llevarán adelante procesos legales para recuperar sus territorios ancestrales, así como para que MERENDON responda por los impacto ambientales causados por la actividad minera.
Lina Solano Ortiz a nombre de las organizaciones y comunidades afectadas por la minería que son parte de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía – CNDVS, manifestó el apoyo y solidaridad irrestricta a los pueblos en pie de lucha contra la minera MERENDON y su preocupación frente a la situación de riesgo en la que se encuentran.
A continuación reproducimos un comunicado emitido al cumplirse 10 meses de resistencia en Tzawata:
Cumplidos 10 meses en pie de lucha, el Pueblo Kichwa de Tzawata-Ila-Chucapi no se doblega. Los esfuerzos divisionistas y persuasivos de la transnacional minera Merendon y sus secuaces no deterioran nuestra lucha; la represión no nos divide.
ILEGÍTIMA INTROMISIÓN MILITAR EN NUESTRO TERRITORIO
La noche del lunes 29 de noviembre, 63 efectivos militares de la escuela Iwia de la Brigada Pastaza incursionaron sorpresivamente en la zona oriental de nuestra posesión, en los alrededores de la comunidad de San Clemente de Chucapi. (Ver fotografías en documento adjunto). Con alarma las familias de la comunidad se preguntaban hacia dónde se habían dirigido los militares, si se trataba acaso de un preparativo de desalojo, y por qué se habían movilizado hacia el interior de la selva sin dar información previa de su presencia ni comunicar a autoridad local alguna los motivos de su entrada.
Fue mayor la sorpresa cuando los uniformados ingresaron a la escuela de la comunidad, armados hasta los dientes, sin una intensión clara que explicara su incursión y con información ambigua, sembrando inquietud entre la población que por 10 meses se mantiene en pie de lucha por la recuperación de su territorio ancestral.
La presión comunitaria obligó a su mando Teniente Yépez a explicar su presencia en San Clemente, la información brindada es que se trataba de un patrullaje, en busca de subversivos y narcotraficantes, debido a varias denuncias realizadas de que en la lucha por las tierras se encuentran inmersos personas insurgentes, lo cual es totalmente un invento de la Compañía Merendon y de las autoridades del cantón Carlos Julio Arosemena Tola, queriendo desvirtuar la lucha que ha sido amplia, directa sin nada que ocultar, por honrar a nuestros/as abuelos/as, por nosotros/as y en especial por nuestros hijos/as. También queremos dejar en claro que esta lucha y resistencia no es financiada por nadie, somos nosotros/as las tres comunidades quienes hacemos un esfuerzo inmenso por auto-sustentarnos, y no vamos a permitir que nada ni nadie manche nuestra legitima lucha.
Estas incursiones secretas son totalmente insatisfactorias y cuestionables. Cuestionable porque viola nuestros derechos consuetudinarios y genera inseguridad en un escenario de lucha donde ya de antemano la tensión por la inminencia de la represión, posibles desalojos y el divisionismo promovido por la minera están latentes a cada momento.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, menciona algunos de los artículos que nos amparan, así:
Artículo 10.- Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.
Artículo 30. i) No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. ii) Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.
En este contexto bajo la organización de las tres comunidades conseguimos la retirada inmediata de los militares de nuestro territorio.
Al respecto es preciso cuestionar si los planes e intereses de las fuerzas militares mencionadas están por encima de los derechos elementales arriba citados, ya que se irrumpe de forma súbita y altanera en una comunidad, alterando su orden y tranquilidad. Las familias de San Clemente de Chucapi, Bajo Ila y Tzawata condenamos fehacientemente este acto arbitrario como una flagrante violación a nuestra seguridad y a la integridad de nuestra población y de nuestra lucha, así como hacemos un llamado a la opinión pública y a las organizaciones sociales a mantenerse vigilantes frente a los inminentes esfuerzos de la minera por desestabilizar y desvirtuar esta lucha que la hacemos nosotrosas, los napurunas, por nuestro justo derecho a la tierra que por siempre hemos defendido.
EQUIPO DE COMUNICACIÓN CNDVS
Army used in support of mining company
Latin America – Ecuador
TUESDAY, DECEMBER 14, 2010 5:27 PM
Today the indigenous Kichwa community of Tzawata reported that the Ecuadorian Army attempted to evict them from their territory in the Amazonian province of Napo, in order to allow mining extractions.
Sources: EFE and the National Coordinator for the Protection of Life and Sovereignty – (Spanish acronym CNDVS)
Dec. 13, 2010. Modesto Alvarado, representing the indigenous community, told EFE that on November 29, 63 soldiers “armed with implements of war” entered the Tzawata community in order to evict its inhabitants so that the Canadian mining company, Merendon, could resume mining in this zone, after having left the region in 2007.
However, spokespersons for the Secretariat of Human Rights, from the Ministry of Justice, and from the Joint Armed Forces Command, stated that they had no knowledge of the military having entered Tzawata.
Alvarado stated that according to the local inhabitants, military activities are prohibited within indigenous territories, without their consent, in accordance with a United Nations treaty.
The representative also stated that they’ve been “fighting a war of resistance” since the company left, trying to prevent it from returning to mine the zone, because the local people claim that they dumped “cyanide, mercury, and all those chemicals into the river basins.”
“Women and children gotten hives and burns on their bodies,” stated Alvarado.
He affirmed that Merendon, who extracted gold deposits in this region between 2004 and 2007, “is trying to get permits to be able to return and is trying to use the police and the army to evict them.”
According to the local inhabitants, the soldiers entered Tzawata under the pretext that the inhabitants were “working out a strategy with the Columbians, in order to attack the company.”
The National Coordinator for the Protection of Life and Sovereignty (Spanish acronym CNDVS), a Nongovernment Organization (NGO) siding with the inhabitants, released a statement saying that this alleged in intrusion “is illegal.”
The statement began by saying, “The information provided (by the soldiers) states that they were on patrol, in search of subversives and drug traffickers, based on various reports stating that, in the fight for territory, there are many insurgents; a story which has been completely fabricated by the Meredon Company.”
KICHWA VILLAGES IN THE AMAZON OPPOSING THE MERENDON MINING COMPANY REPORT MILITARY INCURSION INTO THEIR TERRITORIES
In keeping with the resolutions from the “24th Dialog for Life,” completed in Tzawata (in the Napo-Ecuador province) on December 4th, a press conference was held in Cuenca, to report on the risks faced by the Kichwa villages in Tzawata, Ila, and San Clemente de Chucapi, due to the presence of soldiers from of the special operations “Iwias” group (See photographs in the attached document).
From the headquarters of the Front for Women Defenders of Pachamama, Vicente Alvarado, director for the Tzawata youth, Nancy Tanguila from the Ila community, and Saúl Licuy of the San Clemente de Chucapi community, accompanied by Lina Santacruz from the Amazonian Commune youth organization, along with various members of the CNDVS, reported on the sustained harassment and terrorizing that goes on in these Kichwa communities who have spent 10 months working to recover their ancestral lands which have been invaded by the Canadian MERENDON.
They made it known that various authorities, including Commissioner Octavio Márquez, constantly threaten that soldiers will evict them, and that the police have it tried on two separate occasions.
They also expressed that, despite everything, they remain firm in their conviction for their struggle to regain their ancestral land, and to get MERENDON to answer for the environmental impacts caused by their mining activity.
Lina Solano Ortiz, speaking on behalf of the organizations and communities affected by the mining, and who are part of the CNDVS, announced her support and unrestricted solidarity with the villages in the fight against the MERENDON mining company and the risky situation that they find themselves in.
The following is from an announcement sent after 10 months of resistance in Tzawata.
We’ve been standing up for the past 10 months and the Kichwa people of Tzawalta, Ila, and Chucapi shall not back down. The persuasive and dividing tactics of the Merendon mining company shall not diminish our struggle; repression will not divide us.
AN ILLEGAL MILITARY INTRUSION INTO OUR TERRITORY
On the evening of November 29th, 63 soldiers from the Iwia Pastaza Brigade intruded without warning into the eastern part of our land, the area that surrounds the community of San Clemente de Chicapi (See photographs in the attached document). Alarmed, the local families asked where the soldiers had gone, whether they were preparing to evict them, and why they had begun moving into the jungle without giving notice of their whereabouts or giving local authorities any indication of the reasons for their arrival.
It was a big surprise when uniformed soldiers, armed to the teeth, entered the community school without clear intentions or explanation, and with ambiguous information, creating doubts among the population who had been standing up, trying to regain their ancestral land for 10 months.
Community pressure forced their commander, Lieutenant Yépez, to explain their presence in San Clemente. The information given was that this was part of a patrol in search of subversives and drug traffickers, based on various reports that stated that the fight for territory has resulted in the presence of many insurgents, which is a total fabrication by the Merendon Company, and by the authorities in the Carlos Julio Arosemena Tola hamlet, who want to discredit the fight which has been expanding, with nothing to hide, and in honor of our grandparents, ourselves, and especially our children. We also want to make it clear that this effort and resistance is not being financed by anyone. It is us, the three communities, who are making this great self-supporting effort and we will not allow anyone or anything to stain our legitimate fight.
These secret intrusions are completely unacceptable and questionable. They are questionable because they violate our rights and create insecurity in an already tense situation that increases repression, the idea of possible eviction, and promotes divisions prompted by the mining company.
The United Nations Declaration on the rights of indigenous peoples includes some of the articles that protect us, such as:
Article 10 – Indigenous people shall not be displaced from their lands or territories by force. No relocation shall begin without the prior, informed consent of the interested indigenous people, or without a prior agreement on fair and just compensation, that includes the option to return.
Article 30. – (i) Military activities shall not be staged on land or territories of indigenous people, unless it can be justified as being in the relevant public interest, or if there is an agreement which the interested indigenous people have freely accepted, or if they themselves have requested it. (ii) States shall have effective talks with the interested indigenous people, regarding the appropriate procedures, by means of their representative institutions, prior to using their land or territories for military activity.
Based on this, on behalf of the three communities, we request the immediate withdrawal of the soldiers from our territory.
It’s also appropriate for us to question the plans and interests of the aforementioned military forces who are interfering with our basic rights, as stated earlier, and who are causing sudden disruptions to the order and tranquility of one of the communities. We, the families of San Clemente de Chucapi, Bajo Ila, and Tzawata, strongly condemn this arbitrary action as a flagrant violation to our security and to the integrity of our people, and our fight. We call upon public opinion and social organizations to keep an eye on the intimidating tactics used by the mining company to try to destabilize and discredit this fight that we, the Napurunans, have undertaken in accordance with our just rights to the land that we have always defended.
CNDVS COMMUNICATIONS TEAM
