Organizaciones ecologistas y defensores de los Derechos Humanos demandan que en el Gobierno exista una “verdadera voluntad política” para reparar los daños ocasionados por la actividad minera. Acción Ecológica, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) solicitan también la caducidad de las autorizaciones y permisos extendidos a los proyectos San Carlos-Panantza, Mirador y Fruta del Norte.
Fuente: La Hora
Para ellos no es suficiente que el presidente, Lenín Moreno, en una reunión con líderes indígenas el lunes anterior, se haya comprometido a suspender todos los procesos de concesión mientras no se cumplan todos los requisitos, como la consulta previa a las comunidades.
Informe
En un informe conjunto, indican que estos “han causado violaciones a los Derechos Humanos y del territorio de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, así como daños a la naturaleza” en unas 3 millones de hectáreas de la Cordillera del Cóndor, en el suroriente del país.
Gloria Chicaiza, de Acción Ecológica, aseguró que esa zona “está sufriendo una reconfiguración” con graves impactos en ríos, bosques y suelos, lo que, a su vez, afecta a las poblaciones locales, lesionando su soberanía alimentaria y salud.
Harold Burbano, de Inredh, acotó que todo esto es producto “del abuso de poder e imposición” cuando esos proyectos fueron concesionados en el Gobierno de Rafael Correa a empresas extranjeras.
“Estos fueron autorizados y mantenidos incumpliendo el derecho a la participación y a la consulta previa libre e informada y, a pesar de que el mandato minero No.6 de 2008, debió llevar a la extinción de las concesiones sobre las que se desarrollan los mismos”, anotó.
Burbano agregó que hasta ahora “los desalojos que se dieron no han sido reparados” y exigió de la Asamblea que de manera independiente y objetiva atienda los pedidos de amnistía a decenas de moradores que afrontan procesos penales por oponerse a la minería.
Respuesta
El ministro de la Minería, Javier Córdova, respondió que estos proyectos cumplen “con altos estándares de responsabilidad social y ambiental, precautelando las buenas prácticas e incentivando el progreso local”.
Esto lo dijo durante el acto en el que se cumplió el segundo pago de regalías mineras anticipadas de Lundin Gold, empresa operadora del proyecto Fruta del Norte. El funcionario afirmó que con este modelo de concesión se ha beneficiado a las zonas de influencia minera, de tal forma que en Zamora Chinchipe se ha invertido más de 87 millones de dólares en 124 proyectos de salud, saneamiento, vialidad, educación, entre otros.
Adicionalmente, según un comunicado, manifestó que de acuerdo con la Ley de Minería este rubro se invierte en el desarrollo local de las comunidades cercanas a los proyectos mineros.
