El viernes 1° de junio pasado, se emitió el fallo y las delegaciones de la parroquia cuencana de Molleturo celebraron la decisión. Un grupo de comuneros interpuso una acción de protección argumentando la falta de consulta previa a la población y contaminación. El juez, Paúl Serrano, aceptó la acción de protección y ordenó la suspensión de las actividades mineras en Río Blanco. Además de la suspensión extractiva minera, el fallo ordena que se realice la consulta previa ambiental establecida en los Art. 57 y 398 de la Constitución, para que el pueblo se pronuncie si quiere o no minería en esta zona. que se desmilitarice la zona y que la Defensoría del Pueblo vigile el cumplimiento de la sentencia.
Fuentes: El Comercio y El Universo
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En la resolución, el juez aceptó como principal argumento que la compañía minera china Ecuagoldmining South America S.A violó el derecho a la consulta previa, libre e informada, dispuesto en el artículo 57 de la Constitución.
Además de la suspensión extractiva minera, el fallo ordena que se desmilitarice la zona y que la Defensoría del Pueblo vigile el cumplimiento de la sentencia. Para Yaku Pérez, presidente de la Ecuarunari, la justicia llegó tras 16 años de lucha de las comunidades en defensa del agua y la naturaleza.
Río Blanco es uno de los cinco proyectos mineros considerados estratégicos por el Gobierno Nacional y está ubicado en la parte alta de las parroquias cuencanas de Molleturo y Chaucha, zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas. Allí, desde agosto del 2016, Ecuagoldmining construye la mina para extraer oro y plata.
Hace 25 días el campamento fue bloqueado por parte de campesinos opuestos a la explotación por los altos riesgos de contaminación.
El fallo de este viernes corresponde a la acción de protección presentada por la Ecuarunari hace varios días. La audiencia, inició cerca de las 17:00 en una de las salas del edificio de la Corte de Justicia de Azuay, en Cuenca; y se extendió por más de cuatro horas.
También asistieron el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, y autoridades de la Empresa de Telecomunicaciones Agua Potable y Alcantarillado en defensa de los páramos, bosques protectores, áreas de recarga hídrica y patrimonio natural que envuelve a esta zona.
Hace dos días, el alcalde Cabrera también solicitó –mediante oficio- al presidente de la República, Lenín Moreno, que se revisen y reviertan las concesiones entregadas por el Ministerio de Minas en esta zona de páramo y de recarga hídrica, entre ellas a la de Ecuagoldmining, “por lo menos hasta que terminen los estudios de suelo que realizan las universidades de Cuenca y del Azuay.
Además, que se realice la consulta previa ambiental establecida en los Art. 57 y 398 de la Constitución, para que el pueblo se pronuncie si quiere o no minería en esta zona. Por eso, esta noche ellos también celebraron el fallo del juez Serrano
