Íntag está fracturada por la minería. En este valle, recostado a los pies de la cordillera del Toisán, en el norte de Imbabura, las actividades mineras polarizaron a sus moradores. Muchos son campesinos, colonos que llegaron desde mediados del siglo pasado, estimulados por la reforma agraria.Desde los 90, sus habitantes y otras comunidades se han opuesto a la explotación de cobre en la región.
Fuente: El Comercio
La zona, de 150 000 hectáreas, está en la confluencia de dos de los 34 puntos biológicos más importantes del planeta, o ‘hotspots’: los Andes Tropicales y el corredor Tumbes-Chocó-Magdalena. En sus bosques crecen especies endémicas de plantas, aves, mamíferos. El agua fluye abundante entre ríos y cascadas. Ese murmullo nos acompaña en algunos tramos del viaje hacia Íntag, al internarnos por un encañonado que desemboca en Junín, una de las 76 comunidades donde viven más de 17 000 personas.
Es sábado. Cerca del mediodía aparece en una colina la parroquia García Moreno. A 20 minutos está Junín, donde se celebra una asamblea que convoca a cerca de 500 personas, pobladores, autoridades locales recién electas de Cotacachi, ambientalistas de Quito.
Paulina Tirado, de 55 años, vino en ranchera desde Santa Rosa. Trabaja como jornalera, dos días a la semana, recogiendo palmito en una plantación. Llegó con su hija a la asamblea de “resistencia pacífica” contra el proyecto Llurimagua, que impulsan la Empresa Nacional Minera (Enami) y la chilena Codelco. “Es una región bendecida por la naturaleza, no necesitamos de la minería”.
Mientras en Junín los dirigentes denunciaban los supuestos “excesos de la Enami y la criminalización de la protesta por su lucha antiminera”, en García Moreno, a la misma hora, se celebraba otra asamblea, encabezada por Shisella Morales, presidenta de la junta parroquial. A esta convocatoria acudieron más de 350 personas, interesadas en acompañar el proyecto, en etapa de exploración. “Decidimos integrar una veeduría. Apoyamos la iniciativa del Gobierno porque habrá inversión en obras: la construcción de dos subcentros de salud, una escuela del milenio, sistemas de agua potable, unos USD 5,6 millones”, sostiene Morales, quien el martes anterior entregó el manifiesto de la asamblea al ministro de Recursos No Renovables, Pedro Merizalde.
Fortuna o desgracia. El suelo de Íntag no solo es rico en biodiversidad, también en cobre. A inicios de los 90 la japonesa Bishi Metals empezó sus operaciones y valoró su potencial.
El artículo 93 de la Ley Minera, aprobada en el 2009, aumentó las ganancias para el Estado, a través de tributos a las concesionarias, lo que ya ha generado fricciones con algunas empresas. Incluso provocó la salida de la canadiense Kinross, hace un año, del yacimiento de oro Fruta del Norte.
A partir de 1999, el precio del cobre aumentó por la demanda en Asia. Anualmente en el mundo se consumen 19 millones de toneladas, en promedio.
El gerente de la Enami, Santiago Yépez, dice que si se concreta la explotación el 60% de las regalías se reinvertirá en proyectos sociales en la zona. Por lo pronto, la fase de exploración tomará de 3 a 4 años. La inversión anual será de USD 3,4 millones. “Los estudios del potencial deben ser confirmados con muestras del suelo, además de un análisis de impacto ambiental. Hemos socializado el proyecto en 30 comunidades”.
Vídeo ÍNTAG DIVIDIDO POR LA MINERÍA La comunidad de Junín se opone a la explotación minera en el valle de Íntag, mientras que los pobladores de García Moreno apoyan el proyecto.
No obstante hubo enfrentamientos entre lugareños y funcionarios de la Enami.
El 6 de abril los comuneros impidieron el paso de personal de la estatal que se dirigía a tareas de socialización en Chontal Alto. Luego de los “violentos” incidentes fue detenido el dirigente de Íntag Javier Ramírez, acusado por la Fiscalía de un supuesto sabotaje y terrorismo. También tiene orden de prisión su hermano, Víctor Hugo.
Los habitantes de Junín apoyan a Ramírez y exigen su liberación. Eso fue expuesto en la asamblea, dirigida por Polivio Pérez, quien sin embargo dijo estar abierto al diálogo con las autoridades de Gobierno.
La oposición de estas localidades a la minería no es reciente. Empezó hace dos décadas, liderada por Defensa y Conservación Ecológica de Íntag (Decoin), que estructuró una red de apoyos dentro y fuera del país. Encabezó las acciones que provocaron la salida de Bishi Metals y la canadiense AscendantCopper (2007).
Su oposición se basa en el estudio de impacto ambiental contratado por la misma Bishi Metals, a fines de los 90. Dichos impactos incluyen: la deforestación masiva, la desertificación, la contaminación de fuentes de agua con plomo, arsénico, cadmio y la posible extinción de especies.
Yépez recalca que la operación de esas empresas fue permitida por otros gobiernos, al margen de cualquier control ni respeto a las comunidades. “Nuestras actividades se aplican con máximos estándares de conservación ambiental”.
El de Íntag no es el único caso. En el país, la minería ha desatado siete conflictos con las comunidades, desde los 90, especialmente por el uso del agua, según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).
Los antimineros plantean opciones rentables para reemplazar la extracción de cobre en Imbabura. El estudio Ecológico de Íntag: Impactos Ambientales y recompensas potenciales de la minería, de la fundación Earth Economics (2011) cuantifica los recursos naturales de esta región: 17 de los 23 servicios ecosistémicos en todos los tipos de cobertura vegetal en la zona de Íntag proporcionan a la comunidad regional un promedio de USD 447 millones anuales.
Estos servicios incluyen estabilidad climática, protección contra las inundaciones, producción y suministro de agua, hábitat para la vida silvestre, entre otros. Con base en estos datos, concluye que la explotación del cobre puede traer grandes costos, en perjuicio de la riqueza biológica de la región. Por eso -recalca- la mejor forma de desarrollar la zona es aprovechar el inmenso valor que los bienes y servicios ecosistémicos proporcionan al país y el mundo.
