Garantías de mayores libertades sindicales, sobre todo en el sector privado, y el rechazo a un proyecto minero de oro a cielo abierto fueron las principales consignas de la tradicional marcha del 1 de mayo en Costa Rica.
Fuente: EFE
San José, Costa Rica – 01/05/2010. Decenas de trabajadores públicos, sindicalistas, estudiantes y otros grupos sociales recorrieron de forma pacífica la principal avenida de San José y se concentraron frente a la sede del Congreso para formular sus demandas.
La presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (Apse), Mélida Cedeño, dijo a la prensa: “venimos a decirle al Gobierno de este país que basta ya de atropellos a la clase trabajadora y a dar un no a la violación sindical y a la minería de cielo abierto”.
Los manifestantes se oponen al proyecto minero Las Crucitas, que pretende talar 192 hectáreas de bosques en la zona norte de país, cercana a la frontera con Nicaragua, para extraer oro.
El proyecto, a cargo de la firma Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Vanessa Ventures, cuenta con todos los permisos de ley y con el apoyo del Gobierno, pero enfrenta una fuerte oposición de parte de la sociedad civil.
Para Rodrigo Aguilar, dirigente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, “el tema de la libertad sindical es tema de primer orden” en momentos en que el país ha cuestionado los beneficios que otorgan algunas convenciones colectivas a los empleados del sector público.
Trabajo y mejores salarios figuraron en la lista de peticiones que los manifestantes lanzaron al Ejecutivo y a los diputados.
Aunque marcharon todos juntos, cada grupo defendió sus intereses. Por ejemplo, la asociación La Sala, que agrupa a trabajadoras sexuales se manifestó para que existan mayores derechos laborales para el gremio.
Grettel Quirós, una de sus representantes, indicó a periodistas que las prostitutas piden que se garantice su derecho a una pensión y a incapacidades pagadas por el seguro social en caso de enfermedad, como cualquier otro trabajador.
La marcha de hoy tuvo una participación menor a las de años anteriores, reconocieron los líderes sindicales, pero afirmaron que el objetivo de “denunciar las arbitrariedades del Gobierno” se cumplió.
