Ecologistas, estudiantes y académicos, líderes comunales y activistas de Costa Rica denunciaron que han sido demandados penalmente, con el objetivo de criminalizar las protestas socio-ambientales, por parte de empresas transnacionales mineras y fruteras, entre otras.

Fuente: diario El País

23/11/2011. El tema fue analizado este martes en la noche en la Universidad de Costa Rica (UCR), durante la celebración del Foro titulado «Criminalización de la protestas socio-ambiental», en el auditorio de Arquitectura.

La actividad, organizada por el programa Kioscos Ambientales de la Vice Rectoría de Acción Social (VAS) de la UCR, contó con la participaron de especialistas, líderes comunitarios afectados por demandas penales por difamación a persona jurídica.

Comentaron el panel Héctor Monestel, miembro del Consejo Universitario de la UCR y Álvaro Sagot, reconocido abogado ambientalista y académico.

El foro analizó en detalle varios casos recientes, como demandas por la empresa Cementera David (San Rafael de Alajuela); por el Hotel Tabacón a raíz de un reportaje de Canal 7 sobre el vertido de aguas negras al rio Arenal (San Carlos); la causa que interpuso el ex Vice Ministro del Ambiente, Mario Boza, contra el Programa Era Verde de Canal 15 TV UCR.

Además, se analizaron las demandas recientes presentadas por la empresa transnacional minera canadiense Industrias Infinito S.A. contra abogados ambientalistas y académicos de la UCR.

En las últimas semanas fueron notificados dos profesores de la Universidad de Costa Rica, los académicos Jorge Lobo (Biología) y Nicolás Boeglin (Derecho), por por difamación presentadas por la empresa minera.

Se les acusa de «difamación a persona jurídica», acompañada de una acción civil resarcitoria de 500 millones de colones (un millón de dólares aproximadamente) a cada uno, a raíz de sus declaraciones en el documental de Pablo Ortega «El Oro de los Tontos» presentado el 14 de junio del 2011 en la UCR.

A la lista se unen los legisladores Claudio Monge y Manrique Oviedo, así como el abogado antiminero, Edgardo Araya, por un monto de 500 millones de colones también. Araya participó hace un año como abogado de la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), en un juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo, que anuló un decreto presidencial y los permisos irregulares que tenía la minera para empezar su proyecto en la Región Huetar Norte.

Varios afectados coincidieron en que se trata de medidas para «intimidar y acallar» a sectores que cuestionan a empresas desde la perspectiva ambiental.

«Nos quieren callar, pero esto, no lo voy a hacer y voy a seguir diciendo lo que haya que decir», apuntó Edgardo Araya, abogado y querellado por Industrias Infinito Gold por declaraciones suyas sobre la falta de experiencia de esta empresa y su poca solvencia económica con base en documentos de la Bolsa de Toronto en Canadá.

«Nos quieren asustar con estas querellas, asustan a nuestras familias, a nuestros compañeros, a nuestras comunidades», explicó uno de los demandados en el caso de la Cementera David.

Otro de los afectado dijo que «lo más vergonzoso es que en el caso de Cementeras David, la misma jueza advirtió a otros compañeros de que algo similar podría pasarles si no tenían cuidado».

UNOVIDA; quien presentó en abril del 2011 ante la Fiscalía Adjunta de Ciudad Quesada, San Carlos, una denuncia por el delito de disposición ilegal de residuos, modalidad contaminación de aguas, en el río Arenal, ubicado en La Fortuna de San Carlos fue enfática: «Vean, compañeros que este hotel que tiene muchos galardones ecológicos, muchas certificaciones verdes, no querella a Canal 7 o a Greivin Moya (periodista), o al Departamento de Aguas del MINAET».

«Buscan la parte más débil de la cuerda y nos demandan a nosotros, humildes líderes comunales o campesinos, que no tenemos mayor experiencia en tribunales ni recursos para hacer frente a una demanda de estas», afirmó uno de los representantes de UNOVIDA, demandado por la empresa del hotel Tabacón en San Carlos.

Muchos de los demandados coincidieron además en que la base de las demandas por difamación a persona jurídica son frases totalmente descontextualizadas, y que «francamente son verdaderamente ridículas en algunas casos».

Se trata de una «grosera manera de demandar por demandar, sin preocuparse por el resultado, sino agarrarse de cualquier cosa para querellarlo a uno y meterle presión», sentenciaron.

«Lo preocupante es que un juez no aplique un mínimo de criterios y de su sana crítica para rechazar desde un inicio la prueba ofrecida, permitiendo así que los abogados de estos empresarios activen todo el sistema judicial por algo que no tiene asidero legal alguno y probablemente caiga por su propio peso en los tribunales», criticaron fuertemente los demandados.

Otros antecedentes y casos mencionados fueron los 7 demandados en el caso del acueducto en la comunidad de Sardinal, el caso de Bambuzal, el de dos indígenas Térraba, demandados en el 2010 en relación con la represa hidroeléctrica, y más reciente los problemas de tierras en Los Chiles y Medio Queso, en la Zona norte, así como la demanda interpuesta contra opositores a la concesión de Moín, en el Caribe, por la quema de varios camiones en el 2010.

Además, recordaron que en años anteriores la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue solicitada para ordenar a Costa Rica velar por la integridad física de Aquiles Rivera, líder comunal opuesto a la expansión piñera en Buenos Aires de Puntarenas, Zona Sur, quien también fue amenazado de muerte.

«Hemos llegado a un punto en que el propio Estado el que, con sus actuaciones, con su contubernio con algunos empresarios (como en el caso de Crucitas) y con algunos discursos como el de la Presidenta Laura Chinchilla ante la Cámara de Ganaderos en San Carlos en octubre del 2010, instiga a las empresas a acallar a como dé lugar las críticas y a los lideres o expertos que las cuestionan, y esto, las Universidades no lo pueden permitir», exigieron los presentes.