La compañía Industrias Infinito, propietaria del proyecto minero Crucitas, dijo estar sorprendida ante el anuncio de que el Gobierno evalúa un decreto para derogar la declaratoria de interés público de la mina. “La semana entrante se presentará posición oficial”, se lee en un comunicado de prensa enviado este mediodía por la Presidencia de la República. La Sala Constitucional señaló que el Gobierno tiene la potestad de anular la concesión de minería a cielo abierto del proyecto Crucitas, en San Carlos.
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Fuente: diario Nación
23/07/2010. Juan Carlos Hernández, abogado de la empresa de capital canadiense, sostuvo que la firma tendría que ser indemnizada, lo que calificó de muy lamentable para el país.
Según el asesor legal, a Industrias Infinito le parece contradictorio que la Presidencia de la República estudie un decreto solicitado por ambientalistas luego de que, en su criterio, la Sala IV concluyera que el proyecto de explotación cumplió con todos los requisitos.
“Si al final del día toman la decisión de cancelarlo (el proyecto), tienen que buscar otras razones porque, desde el punto de vista ambiental y legal, no hay razón”, dijo Hernández este mediodía.
Según el abogado, sería contradictorio que se le tenga que pagar una indemnización al Estado con dinero de los impuestos y que, a la vez, se pierda una oportunidad de desarrollo para la zona norte.
Crucitas es un proyecto de extracción de oro a cielo abierto en Cutris de San Carlos. La firma estima que podrá extraer 700.000 onzas de oro, cantidad que equivaldría hoy a $836 millones según el precio de ese metal en el mercado internacional.
“Entendemos que esas declaraciones se dan al tenor de la solicitud de una parte de la sociedad, pero Costa Rica es un estado de derecho”, agregó el abogado de la firma canadiense.
La compañía añadió que el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo frenó provisionalmente el permiso de corta de árboles en la zona, pero el inicio de operaciones del resto de las actividades de la mina depende de la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental.
Ese es un grupo coordinado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), que cuenta con representantes de instituciones públicas y de la comunidad.
Ejecutivo se tomará una semana más para definir postura sobre Crucitas
Laura Chinchilla evitó esta mañana manifestar su postura sobre el futuro del proyecto minero Crucitas, después de que la Sala Constitucional manifestó que la última palabra la tiene el Gobierno.
“La semana entrante se presentará posición oficial”, se lee en un comunicado de prensa enviado este mediodía por la Presidencia de la República.
La Presidenta participó en una actividad en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y después se alejó de los periodistas. Los encargados de prensa oficial dijeron que ella no hablaría sobre el tema.
En el boletín se informó de que el primer vicepresidente, Alfio Piva, coordinará un grupo que analizará la sentencia completa en la cual la Sala IV aseguró que el Ejecutivo tiene la potestad de rescindir el contrato con la empresa de capital canadiense Industrias Infinito, siempre que afronte las consecuencias económicas.
Grupos ambientalistas pidieron a Chinchilla que derogue una declaratoria de interés público que había decretado Óscar Arias en el 2007. Ella dijo que estudiaría el tema y que esperaría la sentencia de la Sala IV tras un recurso de amparo contra el proyecto minero en la zona norte del país.
Esa sentencia ya fue emitida y el Gobierno dice que requiere unos días para estudiar los 300 folios.
“Se tomarán en cuenta los razonamientos de la Sala IV sobre las medidas de mitigación a los eventuales daños ambientales, la capacidad de fiscalización que forman parte de las instituciones correspondientes, así como de las eventuales responsabilidades legales y pecuniarias que recaerían sobre el Estado y la sociedad costarricense, en caso de una revocación unilateral de la concesión y de otros permisos otorgados”, se lee en el comunicado.
Gobierno puede frenar mina de oro Crucitas, dice Sala IV
La Sala Constitucional señaló que el Gobierno tiene la potestad de anular la concesión de minería a cielo abierto del proyecto Crucitas, en San Carlos, si estima que esa es la mejor decisión para el interés público.
El Poder Ejecutivo dispone de plena competencia para rescindir permisos mineros otorgados en el pasado a cualquier empresa, indicó el Tribunal, aunque esa determinación obligaría al Estado a enfrentar eventuales responsabilidades como una demanda.
Dicha aclaración se desprende de la sentencia con que la Sala IV rechazó un recurso de amparo contra la decisión del Gobierno anterior de autorizar la operación de la mina Crucitas a la empresa canadiense Industrias Infinito.
El fallo judicial fue dado a conocer a mediados de abril, pero ayer el Poder Judicial divulgó parte de las causas que motivaron el razonamiento de la Sala IV.
En el voto 2010-6922, los magistrados dejaron en claro que la política ambiental “es una competencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo, no del Judicial”.
La concesión de Crucitas se debe a acciones y políticas de congresos y gobiernos anteriores que estimaron conveniente la actividad minera, dice el voto.
Según la Sala IV, el Gobierno pasado sí estaba autorizado para declarar de conveniencia nacional el proyecto minero, si se cumplían los procedimientos respectivos.
Ahora, continúa la sentencia, la Asamblea Legislativa y el Gobierno “deben ejercer la última palabra” en cuanto a una posible anulación, si lo estiman oportuno. Una eventual declaratoria de interés público para justificar esa decisión es función del Congreso.
Ayer, la presidenta, Laura Chinchilla, encargó al primer vicepresidente, Alfio Piva, brindar una declaración sobre este tema, pero anoche, a las 8, todavía no se había recibido ninguna comunicación de la Casa Presidencial.
La Sala IV difundió el comunicado luego de que un grupo de ambientalistas recorriera 172 kilómetros la semana pasada, desde San José a Cutris, para protestar contra Crucitas, al tiempo que la Presidenta dijo que estudiaría una petición para derogar la declaratoria de interés público.
Chinchilla emitió un decreto el 8 de mayo para prohibir la minería metálica a cielo abierto.
La mina. Crucitas es un proyecto para extraer 700.000 onzas de oro a cielo abierto en Cutris de San Carlos. Esa cantidad equivaldría hoy a $836 millones.
El trámite de esta mina empezó en 1993, pero recibió los permisos de explotación y viabilidad ambiental en los gobiernos de Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco.
Luego, la extracción recibió una declaratoria de interés público por parte del gobierno de Óscar Arias, en el 2008, lo cual permitió cortar árboles en la zona.
Dicho aval fue apelado en la Sala IV por Edgardo Araya Sibaja, en representación de la Asociación Norte para la Vida, quien alegó daños al agua, los bosques y la lapa verde.
El desarrollo de Crucitas está detenido por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que estudia otra demanda pendiente.
