La sentencia del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José que absolvió al profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR) Jorge Arturo Lobo Segura, de la demanda por difamación a personería jurídica interpuesta por la empresa Industrias Infinito S.A, es vista como un importante precedente en materia de libertad de expresión y derecho de cátedra para profesores de enseñanza superior.

 

Fuente: Semanario Universidad
«Si negáramos la posibilidad de que un profesor universitario discuta o interprete una resolución de un Tribunal de la República, no solamente estaríamos impidiendo a los estudiantes que se nutran de ese conocimiento, sino limitando de manera grosera el derecho de la libertad de expresión», puntualizó la jueza Sailyn Ballestero Mora durante la lectura del por tanto de la sentencia, el pasado 18 de octubre.

Lobo Segura fue demandado por Industrias Infinito S.A luego de brindar su opinión para la producción del documental «El oro de los tontos», difundido en junio del 2011. Dicho material fue elaborado por Pablo Ortega, como funcionario de la Unidad de Producción Audiovisual (UPA) de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la UCR.

La Jueza determinó que las aseveraciones brindadas por Jorge Lobo no dañaron la imagen o confianza de la empresa, como aseguraban los querellantes, ya que de previo existía contra esa empresa una sentencia desfavorable del Tribunal Contencioso Administrativo, así como la publicación de encuestas en la que se manifestaba la opinión negativa de la población hacia la actividad minera.

El profesor de la Escuela de Biología señaló la importancia del falló judicial: «a través de la sentencia tenemos una jurisprudencia que reafirma la libertad de cátedra y la autonomía universitaria».

Mientras tanto, el documentalista y profesor de la UCR, Pablo Ortega, hizo ver que un fallo contrario a Lobo «habría generado un serio compromiso de la autonomía universitaria en casos futuros, con la posibilidad de que floreciera el fenómeno de la autocensura».

Para el director de la Escuela de Biología, Gustavo Gutiérrez, la sentencia de este tribunal reafirma la confianza sobre el sistema judicial, y a la vez que calificó como «medidas desesperadas» los intentos de la empresa minera, que en su opinión ha estado muy mal asesorada, porque «todo lo que han hecho es a favor de que la imagen negativa sea mayor».

Luego de esta sentencia, la empresa deberá asumir los costos del proceso judicial, que ascienden a ¢53 millones, según lo indicado por la jueza del Tribunal Penal.

La transnacional mantiene demandada a dos diputados del Partido Acción Ciudadana, Manrique Oviedo y Claudio Monge, al regidor de San Carlos, Edgardo Araya, así como al profesor de la Facultad de Derecho de la UCR Nicolás Boeglin.

Este último comentó que la mencionada sentencia «constituye un mensaje muy claro y contundente de la jueza a cargo del caso, y permitirá precisar con mayor detalle el alcance de la libertad de cátedra».

El contenido de dicha sentencia será dado a conocer de forma completa el próximo 26 de octubre de 2012 en los Tribunales de Goicoechea, en Guadalupe. Mientras tanto, el debate por el caso de Boeglin será el próximo 30 de octubre.

EXLETRADO ES ABOGADO DE EMPRESA

En la lectura de la sentencia del viernes 18 de octubre, el abogado de la minera fue Sebastián Casas, hijo del gerente general y abogado de la empresa, Ciro Casas.

Sebastián Casas trabajó con la magistrada redactora del fallo del caso Crucitas en la Sala I, Carmenmaría Escoto Fernández, como letrado «ad honórem» entre agosto y octubre de este año, momento en el cual se filtró el borrador de sentencia y fue conocido por representantes de la minera, según confesión del exvocero de Industrias Infinito, William Méndez.

Pese a que UNIVERSIDAD envío un cuestionario al abogado Ciro Casas y a la jefa de prensa de la minera, Yokebec Soto, no fue contestado al cierre de esta edición.

Jorge Lobo:

Nunca habíamos visto una empresa intentar acallar la voz de la UCR

¿Cómo asume la resolución del Tribunal?

-Creo que fue una prueba difícil e injusta, porque se notó al final que la querella y el dinero que solicitaban no tenía fundamento; entonces casi parece más una acción de intimidación, la cual ya fue superada. Ahora le tocará a la empresa asumir las responsabilidades por la acción que tomó. Al final de cuentas vale la pena haber pasado por este proceso, porque a través de la sentencia tenemos una jurisprudencia que reafirma la libertad de cátedra, la autonomía universitaria y la libertad de los activistas a favor del ambiente de expresar sus críticas a proyectos.

¿Es esta una victoria de Jorge Lobo?

-Yo esto nunca lo he asumido de manera personal; todo esto ha sido una acción colectiva, y al final la empresa no pudo demostrar que mis declaraciones hayan afectado su imagen, que ya venía destrozada desde antes por el movimiento ciudadano que se hizo.

No es común ver a profesores universitarios en estrados judiciales como imputados. ¿Se puede ver esta sentencia como un antecedente?

-La Universidad tiene que tomar nota de esto; lo que la empresa quería era mostrar que estamos abusando de ese derecho de libertad de cátedra para decir cosas que son falsas. Pero, hay una sentencia del Contencioso que habla claramente de irregularidades, de malos manejos, de engaños al Estado, de orquestación de voluntades, casi de corrupción.

¿Por qué durante la conciliación no hubo acuerdo?

-La empresa -a través de Ciro Casas- me propuso que yo dijera que lo manifestado era algo genérico, algo relacionado con las empresas mineras, pero que yo no tenía nada en contra de la empresa Industrias Infinito en particular. Ante eso dijimos que no, porque teníamos algo en concreto que manifestar con relación a Industrias Infinito, y no solo el problema de la minería, sino que esta empresa cometió acciones irregulares, no solo daños ambientales.

¿Qué criterio le merecen las actuaciones de la empresa?

-Creo que nunca habíamos visto una empresa tan dedicada a eso: a intentar acallar la voz de la Universidad; es un hecho casi insólito de una empresa con una agresividad. Me parece que la decisión de la jueza es muy importante, porque confirma el criterio de la liberta de expresión de las universidades, en este caso de la UCR.

Según declaraciones dadas al periódico La Nación, la empresa apelaría el fallo, argumentado que les parece grave que personas se amparen al derecho de libertad de cátedra para emitir juicios que afecten a empresas.

-Yo no hablé mal de alguien en forma personal; yo me remití a hechos técnicamente comprobados, confirmados con diferentes evidencias.

Profesores canadienses piden a minera detener presiones contra UCR

La Asociación de Profesores Universitarios de Canadá exhortó a la empresa minera Industrias Infinito para que cese en los intentos «inapropiados» para interferir en las actividades académicas de la Universidad de Costa Rica (UCR), en una nota firmada por su presidente Wayne D. Peter, y su director ejecutivo James L. Turk.

La carta fue enviada a inicios del presente mes, dirigida al presidente y director de Infinito Gold en Canadá, John R. Morgan, casa matriz de Industrias Infinito S.A, y a su representante en nuestro país, Ciro Casas.

En la misiva se indica que la interferencia de la minera en las actividades universitarias es «inapropiada» y amenaza la libertad académica.

El profesor Jorge Lobo celebró el apoyo recibido por parte de colegas en Canadá. «A pesar de ser empresas transnacionales, la solidaridad de los gremios y las luchas de los intelectuales puede ser también internacional», afirmó.

Mientras tanto, el director de la Escuela de Biología, Gustavo Gutiérrez, se mostró complacido de que las implicaciones de la minería a cielo abierto en Costa Rica sean compartidas en el país donde se ubica la casa matriz de Industrias Infinito: Canadá.

La Asociación Canadiense de Profesores Universitarios, que representa a 68.000 profesores canadienses, también mostró su preocupación luego de conocer la solicitud del abogado Ciro Casas a la UCR, para que el biólogo Jorge Arturo Lobo no formara parte del cuerpo de profesores que imparten desde agosto pasado el curso denominado «El caso de Crucitas en la historia de Costa Rica: Resumen de los acontecimientos y lecciones aprendidas».