Además de los graves problemas ocasionados por el conflicto armado interno en Colombia, el país también padece la explotación minera, actividad que afecta a comunidades enteras de indígenas y afrodescendientes robando calidad de vida y afectando al medio ambiente, la salud, el territorio y la cultura. Cansados de enfrentar esta situación de explotación desde hace 35 años, pueblos y comunidades de La Guajira se reunieron en los últimos días 18 a 20, en el municipio de Barrancas, para analizar los impactos de los megaproyectos mineros y reclamar cambios antes que La Guajira desaparezca.
Fuente: Adital
22/11/2011. Durante los tres días de reunión, que tuvo lugar en el Resguardo Indígena Wayuu provincial, las comunidades Wayuu, afrodescendientes y campesinos de La Guajira debatieron los problemas causados por el proyecto minero Cerrejón, una de las mayores minas a cielo abierto del mundo. Cerrejón produce, por año, 32 millones de toneladas de carbón y representa el 55% del Producto Interno Bruto (PIB) de Guajira.
En sus 35 años de funcionamiento, la mina quitó la tranquilidad a la población del lugar, hizo desaparecer a los animales, modificó el paisaje, contaminó el agua, el aire y el suelo con polvo de carbón; perjudicó la pesca y la agricultura, generó contaminación visual y auditiva, provocó muertes relacionadas con infecciones respiratorias, ignoró leyes de consulta previa a los pueblos indígenas, desalojó a familias y mintió al asegurar beneficios para la región en nombre del progreso y del desarrollo.
Hoy, el 70% de la población de Guajira vive en la pobreza y el 30% en la extrema pobreza, a costa del enriquecimiento de la empresa Cerrejón que, en su sitio web, se denomina como una empresa responsable. Mientras falta espacio para que la población plante y críe animales, el proyecto minero ocupa más de 69 mil hectáreas de tierra.
A pesar de este cuadro ya desolador, la región está cerca de sufrir otro golpe: el desvío del río Ranchería a más de 26 kilómetros de su lecho natural. El proyecto no tiene en cuenta el hecho de que municipios, resguardos indígenas y comunidades enteras dependen del agua de este río y corren el riesgo de sufrir desabastecimiento.
La población de Guajira no está parada y ya se manifestó dos veces (9 de agosto y 6 de septiembre) contra el desvío del lecho del río y la continuidad del proyecto minero Cerrejón. “Somos consientes de los derechos que hemos conquistado, los cuales deben ser respetados tanto por el Estado colombiano como por las empresas y los Estados de origen de éstas, en tal sentido nos oponemos a que de manera arbitraria se siga adelante con estos proyectos y se simule y engañe a las comunidades en reuniones que se pretenden hacer pasar como de consulta previa”, afirman en un Pronunciamiento.
Para combatir esta situación, durante la reunión en Barrancas, las comunidades Wayuu, los afrodescendientes y los campesinos/as de La Guajira hicieron una lista de exigencias que necesitan ser atendidas con urgencia por el Estado colombiano, por las empresas Cerrejón, MPX, Pacific Rubiales y por otras que pretendan instalarse en la región.
El Estado debe garantizar los derechos de los pueblos a usufructuar sus territorios colectivos, invalidar falsas consultas previas, respetar el modo de realización de las consultas elegido por los pueblos, no otorgar licencias hasta que se realicen consultas autónomas en las comunidades, ordenar el fin de las prácticas de persecución promovida por las empresas y tomar medidas urgentes para garantizar, promover y recuperar la alimentación en las comunidades por medio de actividades productivas.
A las empresas cabe la suspensión de las actividades de explotación minera en La Guajira, la no realización de falsas consultas previas, la no utilización del pueblo para hacer propaganda propia, informar sobre los efectos negativos causados por las empresas y, específicamente para Cerrejón, que repare los daños causados por 35 años de explotación en la región.
