Se creará la Agencia Nacional Minera y será reestructurado el Ministerio de Minas y Energía. Cambios en materia normativa, en Ingeominas y en otras entidades del sector minero y medidas en materia de importación de maquinaria e insumos para la extracción de oro son, entre muchas otras, las reformas que incluirá el revolcón en esta área.

Fuente: diario El Tiempo

01/08/2011. Tras varios meses de estudios, consultas y análisis, el Gobierno presentará esta semana a toda la industria minera la propuesta que reforma las instituciones que regulan y vigilan esta actividad, así como nuevas iniciativas en lo normativo.

El revolcón incluye, además del traslado de las funciones de Ingeominas a la nueva Agencia Nacional Minera (ANM), importantes cambios en la estructura de otras entidades, entre ellas el propio Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme).

Además de la nueva organización institucional, que se pondrá en marcha utilizando la ley de facultades para reestructuración de entidades públicas, los cambios abarcan otras acciones.

El ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, reveló que, en conjunto con Planeación Nacional, se está puliendo un documento Conpes en el que se adoptan decisiones relacionadas con la importación de maquinaria e insumos utilizados en la extracción de oro.

De acuerdo con el funcionario, en los últimos meses se ha detectado un aumento del ingreso de elementos como el cianuro y el mercurio al país, así como de explosivos utilizados en la extracción subterránea de este mineral.

En los últimos meses el Gobierno intensificó los operativos para incautar las dragas y retroexcavadoras que están depredando los ríos.

«La reestructuración ha tomado bastante tiempo por la gran debilidad institucional que existe», señaló.

Listo el nuevo código

Tras la caída de la Ley 1382 en el examen de la Corte Constitucional, el Gobierno decidió fortalecer una propuesta -en la que venía trabajando hace varios meses- de un nuevo Código Minero, que también se socializará con las comunidades, la industria y las regiones antes de llevarlo al Congreso.

Según Rodado, debido a que la aprobación de esta nueva ley puede tardar uno o dos años, con el Plan de Desarrollo se pusieron en marcha varias acciones para atender los problemas más urgentes y para resolver las grandes restricciones para una administración eficiente y transparente del sector, «porque hay varias normas que, si bien se hicieron con buena intención, resultaron ser perversas».

Un ejemplo son los vacíos en la legalización de títulos, ya que, bajo el código actual, los titulares mineros quedan prácticamente inmunes contra cualquier medida administrativa, mientras se adelanta este trámite.

«Eso lo usan los narcotraficantes y los grupos irregulares que están en la minería ilegal. Cuando la Policía les incauta la maquinaria, tienen unos abogados bien pagos que se valen de esta norma para exigir la devolución de los equipos», señaló.

Además del aumento de multas, también están operando la suspensión de actividades por seis meses cuando se incumplen normas y la aplicación de la caducidad del título si en este lapso la empresa o el titular minero no corrigen las fallas.

Seis meses más de suspensión

Para terminar de procesar las solicitudes de títulos mineros represadas, el Gobierno decidió extender por seis meses más la restricción para radicar nuevas solicitudes. De un total de 19.029 que había a febrero, Ingeominas ya ha resuelto 3.194 y hay 7.915 en evaluación. La última cifra es de los que pueden estar notificados, pero contra los que se interpuso recurso.