El auge de la minería ha provocado el desplazamiento de varios miles de personas de diversas zonas de Colombia por parte de grupos armados ilegales que quieren apoderarse a sangre y fuego del millonario botín que deja ese negocio.
La causa primordial de los desplazamientos era la guerra interna -4 millones de desplazados en 30 años- pero desde que empezó a principios de 2008 un auge en la exploración y explotación minera en Colombia, los grupos armados ilegales y la minería ilegal han obligado a centenares de personas a huir de sus casas.
Un ejemplo de ello es la salida en los últimos días de más de 800 personas de los caseríos de Agua Clara, Sabaletas, Llano Bajo, Guaimia, Limones y San Marcos, en el puerto de Buenaventura, por el auge de la minería artesanal y su disputa por parte de grupos armados ilegales.
Organismos humanitarios de la región, consultados este martes por Xinhua, señalaron que esas comunidades afrodescendientes viven una difícil situación desde enero pasado por los hechos violentos que se presentan, y también por los hostigamientos por parte del Ejército al interior de sus aldeas.
Desde ese mes, las familias han empezado a no dormir en sus casas; otros se van a pasar la noche con parientes en la cabecera municipal de Buenaventura, y los últimos duermen a la intemperie, en el monte, por temor a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
Buenaventura es el principal puerto colombiano sobre el Pacífico y, por su cercanía al mar, es usado por el crimen organizado para el tráfico de armas y drogas.
La minería ha llevado a que se abra un nuevo frente de guerra entre estos grupos armados para apoderarse del millonario botín que deja la explotación ilegal de metales, en especial de oro por los elevados precios internacionales.
En medio de esa disputa, los pobladores narran historias de muerte y violencia, como el asesinato del pasajero de un autobús el pasado 25 de febrero, a quien “posteriormente enterraron medio cuerpo, dejando visible el resto a unos metros adentro de la carretera”.
“De esta forma vienen causando terror en las comunidades, apropiándose de cosas de las tiendas y comercio de la zona y tratando mal a la gente”, señaló la fuente, quien prefirió el anonimato por las amenazas que hay en la zona.
Los familiares sólo pudieron recuperar el cadáver una semana después para sepultarlo, y tuvieron que desplazarse hacia la cabecera de Buenaventura por temor a represalias de ex paramilitares de derecha que formaron una banda dedicada al crimen organizado y al narcotráfico.
Hace una semana amenazaron con quemarles las casas si no salían del caserío, y ese mismo día, sobre el río Anchicaya pasaron los cadáveres de dos hombres que trabajaban en minas ilegales cerca de esa localidad.
Esa situación llevó a que más de 800 personas ubicadas en esa y otras aldeas se desplazaran hacia el casco urbano de Buenaventura, donde se alojan en casas de familiares.
“Tradicionalmente, la población desplazada de la zona rural de Buenaventura y en algunos casos de otros municipios del Pacífico es acogida por la población receptora, teniendo en cuenta la solidaridad propia de la cultura afro del Pacífico”, señaló.
El problema es que esos desplazamientos tienden a “invisibilizarse”, por no generar una presión para las autoridades municipales.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) confirmó este martes que visitará la zona en los próximos días para recoger información de primera mano, junto con representantes del Ministerio Público y de organizaciones no gubernamentales.
Ese organismo de la ONU agregó que el desplazamiento de los pobladores en Buenaventura se originó por el “deterioro de la situación de seguridad” en la zona, por lo que las comunidades comenzaron a desplazarse en los primeros días de marzo, y el miedo se incrementó “después del avistamiento de dos cadáveres flotando en el río”.
“Las autoridades locales han llamado la atención sobre el crecimiento de actividades de minería ilegal en esta zona, y sobre el interés de grupos armados irregulares por establecer su control sobre este negocio y quienes se dedican a él”, agregó la ACNUR en un comunicado.
Asimismo, alertó sobre la posibilidad de un nuevo desplazamiento en la zona por la desaparición de dos líderes comunitarios desde hace varios días, al parecer en hechos en los que están vinculadas acciones de grupos armados en la minería ilegal.
“Estos hechos se suman a otros recientes (…) en el departamento de Chocó, donde más de 200 miembros de una comunidad indígena Embera del municipio de Bajo Baudó se encuentran desplazados en las márgenes del río Pavasa, como consecuencia del asedio de otro grupo armado ilegal”, agregó ACNUR. Fin
