La muerte de mineros colombianos causada por accidentes laborales y el trabajo forzado de menores de edad en los socavones son los males que aquejan a la minería colombiana. Este año han fallecido 134 trabajadores y la tendencia es al aumento.
Fuente: diario El Colombiano
En Colombia avanza aceleradamente la minería (expertos anuncian bonanza), pero, al mismo ritmo, aumentan las cifras de accidentes fatales en los socavones del país.
Según el Ministerio de Minas y Energía el Producto Interno Bruto (PIB) del sector pasó de US$5.922 millones en el 2000 a US$17.498 millones en 2008.
Sin embargo, la cantidad de accidentes mineros registrados en 2010 ha dejado de luto a ese sector. Según estadísticas del Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, este año han muerto 134 mineros en accidentes laborales. Una cifra que pareciera tener tendencia al aumento, pues en 2004 la mortalidad de los mineros era de un 2 por ciento y en 2009 ésta ascendió a un 8,5 por ciento.
Otro grave problema en la minería colombiana es la participación de los menores de edad en esa actividad. Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y datos del Dane, en el 2007 se registraban 8.499 niños trabajando en minas y canteras, explotando oro, esmeraldas, carbón y arcillas.
Esta organización estima que en Suramérica existen alrededor de 500.000 niñas, niños y adolescentes que trabajan en la minería artesanal y que más de 135.000 estarían en riesgo de ingresar a esta labor.
Para Guillermo Dema Rey, especialista regional en Trabajo Infantil y Empleo juvenil de la OIT, “es intolerable pensar que un niño puede estar expuesto a los peligros que implica trabajar en las minas”.
Por su parte, la representante a la Cámara por Bogotá Lucero Cortés, quien el pasado 8 de septiembre lideró un debate en la Comisión quinta sobre la minería, denunció que “los niños mineros existen por su situación de pobreza y porque hay demanda en algunas minas, quienes les pagan sueldos irrisorios y los buscan por su estatura baja, ideal para adentrarse en los socavones. El promedio de trabajo de la mayoría de los niños en las minas es de 16 horas diarias. El 42,5 por ciento de los menores trabajadores está desvinculado del sistema escolar, entre estos los que trabajan en minería, según lo ha establecido la OIT”.
Casos colombianos
Mientras el mundo entero celebraba el exitoso rescate de los mineros que quedaron atrapados en la mina San José, de Chile, Colombia vivía un nuevo accidente en la mina La Esperanza, en Tasco, Boyacá, donde hasta ayer dos mineros seguían desaparecidos.
En una misma semana dos accidentes más dejaron dos muertos: en el municipio de Tópaga, Boyacá, un minero murió luego de un derrumbe en una mina, y en Marmato, Caldas, falleció un trabajador de una mina, al parecer por manipulación de dinamita.
El pasado 16 de junio Antioquia vivió la peor tragedia minera del país, en la que murieron 73 mineros en el municipio de Amagá. Casos que, según la congresista Cortés, dejan en evidencia la debilidad del Estado en materia de seguridad minera.
La parlamentaria explicó que el problema fundamental está en la poca planificación y seguridad industrial, así como en la débil vigilancia y control pese a la normatividad.
“La autoridad minera debe propender por efectuar visitas de seguimiento, efectuar capacitaciones y en general, ejercer un mayor control de la actividad”, agregó.
Los responsables
La directora de gestión de riesgo del Ministerio del Interior, Luz Amanda Pulido, aseguró que los alcaldes y gobernadores son los responsables de revisar la infraestructura de las minas en las zonas y administrar los recursos que el Ejecutivo destina para evitar accidentes como los ocurridos esta semana.
“Hay una gran responsabilidad de los alcaldes de revisar las condiciones de las minas. Hemos visto minas de oro y carbón en zonas de deslizamientos”, señaló la funcionaria. Pulido solicitó a los mandatarios locales y regionales que creen oportunidades sociales para quienes trabajan en este sector.
En cuanto a la responsabilidad frente a los acidentes, la representante Cortés denunció que las falencias administrativas “son las que han llevado a que las famosas Estaciones de Apoyo y Salvamento minero incumplan con las labores de prevención y que se encuentren hoy casi que desaparecidas, integradas por mineros voluntarios y equipadas con los mismos equipos que tenían hace 20 años”.
Según Cortés, casos como el de Amagá pudieron ser evitados “pero las autoridades se lavaron las manos y culparon a la mina cuando ellos no cumplieron con su responsabilidad de controlar la adecuada explotación minera, de exigir los estándares mínimos de seguridad y de otorgar los mecanismos necesarios para un adecuado salvamento y rescate”.
Desde el Ministerio de Minas y Energía no dio respuestas frente a las muertes y a los accidentes que se han registrado recientemente.
“A manera de reflexión, con la situación ocurrida en Chile, el presidente Sebastián Piñera solicitó la renuncia al Director de Sernageomin y anunció la reforma a la institución, mientras que en Colombia a pesar de casi un centenar de muertos, no pasa nada. No se han anunciado las medidas correctivas y preventivas del caso por parte de Ingeominas para reducir o evitar que este tipo de situaciones se repitan”, concluyó la congresista.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en declaraciones desde Santa Marta ante magistrados de la Corte Suprema, dijo que “el país no debe cerrar sus posibilidades mineras, pero sí dotarse de normas y disciplinas a nivel municipal y departamental para que obligue con severidad a que se use la minería con inteligencia”.
Por su parte, César Díaz Guerrero, Presidente de la Cámara Colombiana de Minería, afirmó que en el tema de seguridad minera tiene que haber un mayor compromiso del sector privado.
“La responsabilidad de la seguridad minera es obligación del titular de la mina, pero el Gobierno tiene que aumentar la fiscalización que están haciendo en las minas colombianas, deben ser más estrictos y, si es necesario, suspender trabajos por no garantizar la seguridad de sus trabajadores”, puntualizó Díaz Guerrero.
¿Falta control?
Regulación y superintendencia
En Colombia la minería se rige por la Ley 1382 de 2010, que introdujo algunas modificaciones al Estatuto Minero anterior y en la que se establecen parámetros más exigentes para la seguridad en esa industria.
Los decretos regulan aspectos relacionados con las condiciones de operación en las explotaciones, incluyendo el diseño minero, las condiciones atmosféricas de la minería subterránea, el uso de equipos y medios de transporte y las responsabilidades del explotador como directo responsable de asegurar condiciones aceptables de seguridad en los trabajos mineros. La congresista Lucero Cortés propuso crear la Superintendencia Nacional de Minería para subsanar falencias.
Lucha contra la ilegalidad
Ingeominas confirmó que en Colombia se han expedido hasta la fecha 8.828 títulos mineros, es decir, terrenos legalmente certificados para la explotación minera. Sin embargo, en días pasados la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe, manifestó que hay 571 títulos ubicados en áreas donde no se pueden desarrollar proyectos mineros. Alfonso Escobar, presidente de Fenalcarbón, aseguró que el Código Minero busca soluciones para llevar la minería ilegal a la formalidad y resaltó que la competencia es desleal.
