Revivir la consulta popular minera sería una de las opciones que manejaría la Alcaldía de Ibagué luego de que el Tribunal Administrativo del Tolima declarara inexequible el Acuerdo 012, que prohibía la minería de metales y la de mediana y gran escala en la capital del Tolima.
El Acuerdo, aprobado el año pasado en el Concejo de Ibagué, había sido objetado por el gobernador del Tolima, Óscar Barreto, quien consideró que esos entes territoriales carecen de competencia para ese tipo de prohibiciones.
“La caída del Acuerdo no es el fin, la Alcaldía puede convocar una consulta popular minera para que el pueblo blinde en las urnas sus recursos naturales”, afirmó William Rosas, presidente del Concejo de Ibagué.
El funcionario también recordó que el año pasado, cuando la ciudad quiso realizar una consulta, “esta se cayó, pero por problemas en la elaboración de la pregunta”.
César Picón, secretario de Desarrollo Rural, afirmó que “los ibaguereños necesitamos realizar la consulta popular minera para no estar sujetos a las decisiones de un gobernante”.
“Nuestra ciudad no puede ser un santuario de la megaminería”, agregó Picón.
Rodrigo Negrete, consultor ambiental, consideró que el fallo “es deficiente en su argumentación jurídica” y aseguró que los concejos municipales sí pueden conservar el medioambiente y el patrimonio ecológico, “prohibiendo la minería por medio de un acuerdo”.
Como la decisión del Tribunal es de única instancia, para prohibir la minería Negrete propuso defender el acuerdo mediante tutela ante el Consejo de Estado e incorporar en el POT la prohibición. Además, de ser necesario, convocar a una consulta popular.
Por su parte, Alberto Cruz, director de la Asociación Minera del Tolima, recibió el fallo con satisfacción y señaló que la minería es una actividad legal y protegida por la Constitución, “que no se puede eliminar o detener por medio de consultas, decretos ni acuerdos”.
