La W Radio conoció en exclusiva tres investigaciones que adelantan la Fiscalía en contra de AngloGold Ashanti, por actividades relacionadas con la minería ilegal.
Fuente: W Radio
La primera de estas investigaciones tiene que ver con la presencia de la empresa en resguardos indígenas emberakatios del alto Andagueda en Chocó.
La segunda es una investigación por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero en Santander de Quilichao, Veredas del Palmar, San Vicente y Santa Rita, en inmediaciones del río Quinamayó, en donde se hace mención de la existencia de un título minero para la explotación de cobre, plata, zinc y oro.
El Observatorio de Territorios Étnicos cuestiona la existencia de la consulta para el otorgamiento del título y denuncia la presencia de mineros ilegales en la zona.
La tercera denuncia, y quizás la más grave, se presenta en los municipios de Yolombó, San Roque y Caracolí en Antioquia, en donde se investigan negocios jurídicos realizados entre personas señaladas de pertenecer a grupos paramilitares, narcotraficantes y despojadores de tierras con la empresa AgloGold Ashanti a través de Gramalote Colombia.
La investigación coincide con las denuncias presentadas por defensores de derechos humanos sobre amenazas de muerte realizadas supuestamente por Bandas Criminales en Antioquia y el norte del Cauca, por las protestas en contra de la minería ilegal.
Respecto a la investigación la mina de Santander de Quilichao en el Cauda, fue la a Corporación Autónoma Regional del Cauca la que denunció que esta presunta explotación ilegal que estuvo relacionado con la tragedia de los 13 mineros que murieron en la mina el 30 de abril de 2014.
En su momento Anglogold Ashanti, explicó que desde el 9 de marzo de 2010 firmó con Ingeominas un otrosí al contrato, en el cual renunciaba el área donde ocurrió la tragedia años después en 2014.
Argumento que fue corroborado por la Agencia Nacional de Minería, pues por voluntad de ambas partes (es decir, de Anglogold y la autoridad minera del ese momento), ya se había renunciado al área donde ocurrieron los hechos y no tiene responsabilidad.
Sin embargo, es su momento la Corporación Autónoma Regional del Cauca anunció que obligaría a la minera a pagar $60 mil millones por el pasivo ambiental.
Respecto a la demás investigaciones la empresa asegura que la Fiscalía no les ha notificado.
