Santurbán está ubicado en el extremo nororiental de la cordillera Oriental, entre Santander y Norte de Santander. Su extensión es de 145.000 hectáreas, 98.000 de ellas protegidas.
Fuente: El Colombiano
Los habitantes de Santander se han tomado en serio la tarea de proteger el páramo de Santurbán. La marcha del viernes pasado, que reunió a más de 1.000 personas en Bucaramanga, fue un claro rechazo a los proyectos mineros que se adelantan en la zona. Lo dijo Alix Mancilla, representante del Comité para la Defensa del Agua: “en el departamento tenemos 35.000 hectáreas concesionadas para minería en zonas de páramo, eso no podemos permitirlo”.
No todos están conformes con la delimitación de Santurbán que expidió el Ministerio de Ambiente en diciembre de 2014. El Gobierno definió 98.954 hectáreas (76%) protegidas en el páramo y 5.000 para áreas de agricultura sostenible. Para el Comité, por ejemplo, no fue una “delimitación” sino una ” reducción” del páramo para darles paso a proyectos mineros.
También lo dejó claro Ricardo Lozano, columnista de EL COLOMBIANO: “el mapa elaborado por el Instituto Alexander von Humboldt para el páramo de Santurbán entregado a Minambiente es muy diferente al mapa emitido por Minambiente y Minminas para este propósito ¿en dónde quedó la autonomía, independencia y objetividad que antes tenía Minambiente? ¿Qué tipo de información ambiental se está entregando?”
Sobre esta preocupación, el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, ha respondido que la delimitación “no es trazar una línea, es proteger un ecosistema. Lo que no podemos olvidar es que en esa parte del territorio se han desarrollado actividades mineras con títulos y licencias ambientales actuales”. En efecto, empresas extranjeras como Eco Oro, Leyhat y AUX poseen títulos mineros en la zona. Se estima que 450 pequeños mineros tienen sus proyectos cerca del páramo.
Es justamente la ratificación de las licencias mineras (algunas terminan en 2039) lo que ha molestado a los ambientalistas. En el debate de control político sobre minería en páramos, la representante Angélica Lozano señaló: “9 febrero de 2010: ni una licencia más para minería en páramos, por la Ley 1382. Antes hubo 459 títulos mineros en páramos, que equivalen a 48 veces San Andrés. ¿Qué pasó después? Aunque está prohibido, se han expedido 60 títulos. Aquí es donde quisiera ver a los órganos de control tan diligentes”.
La senadora Claudia López también expuso cifras preocupantes: el 40% de los títulos mineros y el 23% de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos están en municipios con páramos. Que se permitan títulos mineros en zonas donde existen páramos puede afectar la distribución de agua en el país. Según cifras oficiales, los páramos ocupan el 2% del territorio y proveen de agua al 70% de la población. Son cerca de 2.900.000 hectáreas de páramo, de las cuales cerca de 800.000 son del Sistema de Áreas Protegidas.
Críticas al PND
Una de las críticas al Plan Nacional de Desarrollo es que permitiría la continuación de la actividad minera en zonas de páramo. Al respecto, Lozano cuestionó el artículo 159 del Plan, que señala que “las actividades mineras anteriores al 9 de febrero de 2010 podrán seguir ejecutándose hasta su terminación”.
También existe un cambio en la terminología que, según las congresistas podría afectar los páramos. En el plan de desarrollo en discusión, el Gobierno utiliza los conceptos “área delimitada de páramo” y “área de referencia”, desconociendo que son ecosistemas. La Ley 1350 habla de ecosistema, lo que permite tener una definición y protección más precisa de los páramos.
En manos del MinAmbiente están dos propuestas de las congresistas: regalías ambientales para los municipios que tienen páramos en su jurisdicción y dos años de plazo para terminar las actividades mineras e iniciar la restauración de ecosistemas afectados.
