El cuidado de los ecosistemas y el respeto de la autonomía de las localidades fueron temas centrales en el Encuentro Constitucional por la Tierra en Colombia, mientras existen fuertes demandas comunitarias que se oponen a la megamineria y reclaman consultas populares para expedirse democráticamente.
Fuente: El Nuevo Día
Durante el primer día del encuentro, expertos nacionales e internacionales no solo reflexionaron sobre el crecimiento improvisado de las ciudades, de igual manera, la poca corresponsabilidad del Estado, instituciones y las comunidades para asumir los efectos de las decisiones que afectan el desarrollo y la calidad de vida en las regiones.
De acuerdo con el abogado y experto en desastres naturales, Gustavo Wilches Chaux, en Colombia se suele conjugar el verbo “yo participo, tu participas y ellos deciden”, para evitar asumir los riesgos y beneficios en igual proporción frente a las acciones que afectan a los ecosistemas.
Sin embargo, para el profesional es necesario que en la concepción de desarrollo se establezca que “hay cosas que no se sacrifican” como el derecho a gozar de un ambiente sano, que como lo advirtió el profesor en derecho ambiental en Estrasburgo y Limoges, Michel Prieur, aunque no está claramente definido, está ligado indiscutiblemente a la salvaguarda de los derechos fundamentales a la vida y la salud.
Y agrega que las ciudades se deben organizar conforme a las prioridades propias del ecosistema y no a las humanas, principalmente, con respecto al agua como autoridad ambiental en el territorio.
Participación ciudadana
Wilches expresó que en este proceso es necesario garantizar “la participación ciudadana, esencial para asegurar la gobernabilidad en el territorio”.
“Hay que tomar unas definiciones sobre el desarrollo que garanticen que hay cosas que no se sacrifican y una cosa que es fundamental y que es la esencia de la democracia: es la participación real de lo local, la participación real de las comunidades, del agua, de las montañas, a través de mecanismos que están establecidos y que son legales, no puede haber paz si no se garantiza una participación real de los actores locales”, dijo Wilches.
La consulta popular
Para la directora del Instituto Humboldt, Brigitte Baptiste, la consulta popular aún cuando no ha definido su carácter vinculante sobre temas de desarrollo de proyectos para exploración y explotación minera y debe ser tenida en cuenta, pues refleja las preferencias sociales de una minoría que deberá asumir todos los riesgos e impactos de la intervención sobre el ecosistema.
“Las consultas dan por manifiesto una tremenda desconfianza que las comunidades están expresando en cuanto a un proyecto, aún cuando lo podrían ver como fuente de recursos financieros para sus necesidades.
“Cuando una comunidad sacrifica los eventuales beneficios de la explotación del oro y dice que prefiere mantener el status quo, es decir, así estamos bien, no nos queremos arriesgar, hay que escucharla, porque representa una valoración muy evidente de las preferencias sociales y cómo una minoría que estaría dispuesta a aguantar todos los riesgos y los impactos, no puede ser transgredida”, advirtió Baptiste.
Para Wilches Chaux existe un riesgo al no reconocer la legalidad de este mecanismo constitucional y que consistiría en que alguna minoría podría intentar hacer válida esta decisión por vías ilegales, lo que podría derivar en acciones que perturben el orden público.
“La comunidad de Piedras tiene todo mi apoyo y el de muchísima gente, e insistimos, es necesario garantizar que ese tipo de decisiones se puede hacer por vías legales para no legitimar a quienes lo intentan hacer por vías ilegales, porque las puertas de lo legal se cierran”.
Alcaldes vs. Procuraduría
Wilches se refirió con respecto al concepto del Ministerio Público de no validar los resultados de las consultas populares y argumentó que serán los espacios constitucionales los que permitirán sortear el conflicto.
“Se ha mencionado que es responsabilidad de los alcaldes proteger el patrimonio natural, pero no solo se les veta, sino se les castiga porque propician audiencias, referendos y otro tipo de cosas para que la comunidad decida sobre su territorio, que es participar sobre las decisiones que los van afectar como personas, como familias y a las generaciones futuras.
“Ese tipo de contradicciones hay que resolverlas, hay herramientas y espacios constitucionales que permitirán que el resultado se logre y esa participación sea una construcción real”, concluyó.
Desafíos mundiales sobre un ambiente sano
El profesor en derecho ambiental en Estrasburgo y Limoges, Michel Prieur, explicó algunos desafíos que deben sumir las regiones para avanzar en la protección del medio ambiente.
Para el profesional, hay 98 constituciones que contemplan y reconocen la protección de un ambiente sano, aunque este concepto es muy amplio, se requiere una especificidad en los temas que abarca.
Para Prieur, el primer desafío recae en los jueces que deben interpretar el contenido efectivo de lo que significa un ambiente sano.
De igual manera, debe existir una conciliación entre los derechos fundamentales del hombre y el derecho a un ambiente sano, ya que puede condicionar a los otros, pues de este se deriva y se obtienen los recursos para mantener su status y sus formas de interactuar consigo mismo y con el entorno.
También, la no regresión en las normas ya establecidas o que dictaminan el concepto de patrimonio común de la humanidad. Para Michel Prieur, los estados no deben ser parte de ningún acuerdo futuro que afecte el principio universal.
El profesional establece que los gobiernos no deben reducir los niveles de protección ambiental a través de las normas constitucionales.
“Aplicar el derecho a un ambiente sano satisface la exigencia de la protección de las generaciones futuras, porque eso permite no imponer un ambiente degradado en razón de una ley o de medidas administrativas regresivas”.
Las políticas de estado y los derechos las minorías étnicas
El profesor asociado a la Universidad de Winnipeg (Canadá), Gabriel Eduardo Nemogá, criticó el enfoque técnico científico que se le ha dado al concepto de biodiversidad, que excluye a los pueblos indígenas, comunidades negras o locales.
“No se contemplan los derechos de los pueblos indígenas sobre sus variedades tradicionales y a pesar de que existe un componente en el Estado en establecer régimenes de protección hasta la fecha no ha ocurrido en el país y no hay índices de que haya preocupación”.
Para el profesional hay que transitar hacia un enfoque biocultural que explore la cosmogonía de estos pueblos y se efectúe el reconocimiento étnico y cultural de estas comunidades.
