Amnistía Internacional (AI) advirtió este viernes sobre un posible “derramamiento de sangre” en Guatemala por la conflictividad social que, según la organización, fomenta el gobierno de Otto Pérez al permitir la extracción minera en poblaciones que se oponen.
Fuente: AFP
“El gobierno guatemalteco está alimentando la llama del conflicto al no consultar a las comunidades locales antes de otorgar licencias de minería a las empresas; de esa manera, en la práctica está incrementando el riesgo de que haya derramamiento de sangre”, afirmó la entidad en un comunicado.
El informe de la AI, titulado “La minería en Guatemala: Derechos en peligro”, critica una propuesta de ley del gobierno que “no sólo no aborda la preocupación generalizada entre las comunidades indígenas y rurales por la falta de consulta, sino que incluye medidas que pueden agravar las tensiones existentes”.
“La legislación propuesta esquiva de hecho las cuestiones que preocupan a las comunidades. No aborda de forma significativa la cuestión de la consulta. Si se promulga, significaría esencialmente que las opiniones y preocupaciones de las comunidades siguen sin tenerse en cuenta”, afirmó la directora del Programa para América de AI, Erika Guevara.
Comunidades indígenas asentadas en tierras en las que se han otorgado licencias de minería han realizado consultas populares para determinar si la aceptan, pero sus opiniones son ingnoradas por las autoridades.
“Las tensiones por la falta de un proceso justo y una consulta adecuada ya han dado lugar en el pasado a confrontaciones violentas, con enfrentamientos entre manifestantes y guardias de seguridad y policías en torno al emplazamiento propuesto para una mina”, asevera.
Según AI, “es preciso consultar e informar adecuadamente a las personas que puedan verse afectadas por proyectos mineros, y que los proyectos que vayan a realizarse en las tierras de los pueblos indígenas no deben llevarse a cabo sin el consentimiento libre, previo e informado de dichos pueblos”.
Además, “en muchos casos, las autoridades no han investigado a fondo las muertes y lesiones de quienes protestan contra proyectos mineros. La violencia y la represión que han arraigado en torno a la minería en Guatemala no pueden continuar”, puntualizó.
El Estado ha otorgado al menos 240 licencias de explotación minera a cielo abierto, sobre todo de oro y plata, mientras ambientalistas, campesinos e indígenas mantienen una férrea oposición por considerarlas una amenaza al medio ambiente.
