El Consejo de Estado suspendió provisionalmente un decreto que les prohibía decidir sobre el tema. Las movliizaciones y el rechazo social a la minería a gran escala hacen retroceder a los gobiernos. Los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales podrán decidir provisionalmente sobre los territorios que estarán destinados a explotación minera.
Fuente: El Tiempo
Así quedó claro luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto 934 de 2013 que prohibió a estas corporaciones regular sobre el tema, mientras el tribunal toma una decisión de fondo en respuesta a una demanda presentada por la Contraloría de la República.
De acuerdo con el demandante, “el decreto vulnera el principio de autonomía regional ya que impide que los planes de ordenamiento territorial “incluyan disposiciones relacionadas con la actividad minera”.
Según el decreto, este es un tema del resorte exclusivo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
“El Decreto 934 de 2013 constituye una prohibición para que los Municipios, los Departamentos y al parecer los Distritos, no denieguen la práctica de dicha actividad dentro de sus territorios, por cuanto ello, según el propio Decreto demandado, sólo sería competencia de las autoridades mineras y ambientales”, dice el auto que suspendió las medidas del decreto.
Con esta decisión, el tema de la explotación minera y los terrenos en los que se puede realizar puede incluirse en los planes de ordenamiento territorial según los disponga cada una de las autoridades locales.