Un decreto del Ministerio de Minas le quita facultad a los gobiernos locales para definir sobre la minería. Ese Ministerio, para salvar algunos aspectos del Código minero que se cayó el sábado pasado por no haber sido consultado con indígenas y afros ha firmado una serie de decretos. Entre ellos, uno que prohibe de ahora en adelante a los departamentos y municipios introducir cualquier restricción a la minería en sus planes de ordenamiento territorial (POT) con el argumento de que es la Nación la encargada de definir el uso del subsuelo.
Foto: Ministro Federico Renjifo
El Ministerio de Minas ha estado corriendo para salvar algunos aspectos del Código minero que se cayó el sábado pasado por no haber sido consultado con indígenas y afros.
El ministro Federico Renjifo ha firmado una serie de decretos que salvan los procesos de formalización de pequeños mineros, las exigencias técnicas para pedir un título y el poder del Gobierno al negociar prórrogas a los contratos.
Ese decreto, que no había sido anunciado, tiene muy preocupados a los municipios que intentaron limitar en sus territorios la minería a raíz de la avalancha de solicitudes de títulos mineros durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Para el Ministerio de Minas el decreto no dice nada nuevo, sino que simplemente reglamenta una legislación que ya existe y que busca evitar que los municipios se sigan brincando la ley.
“La decisión de hacer zonas donde se excluye o se restringe la minería es una competencia exclusiva del gobierno nacional. Los municipios y los departamentos tienen competencia para hacer el ordenamiento territorial, pero nunca la han tenido en relación con la minería. Esos acuerdos que se han venido haciendo en algunos municipios no tienen ninguna validez”, le dijo a La Silla la viceministra de Minas Natalia Gutiérrez, añadiendo que el Plan de Ordenamiento Minero que se está comenzando a implementar involucra el punto de vista de las autoridades locales.
Sin embargo, la medida ha generado indignación en muchos municipios de Tolima, Antioquia y Santander, donde sienten que se están desconociendo procesos de protección ambiental que llevan años y quitando poder de decisión a los entes territoriales para devolvérselo a Bogotá. Y, sobre todo, que se está ignorando la voluntad de muchos pueblos que se resisten a volverse mineros. Todo parece indicar que la pelea llegará al Consejo de Estado, después de que varios anunciaran que demandarán el decreto.
La minería en el POT de Petro
La prohibición de restringir la minería a nivel local o regional quedó reglamentada en uno de los decretos que firmó el Ministro Federico Renjifo un día antes de la caída del código minero.
El POT que presentó la semana pasada el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, propone una serie de medidas para ir acabando con la minería dentro de la ciudad. Foto: Juan Pablo Pino.
Uno de los primeros en reaccionar al decreto firmado por Renjifo fue el gobierno de Gustavo Petro, que incluyó una restricción a la minería en el proyecto de revisión del POT -que precisamente se radicó en el Concejo la semana pasada- y que podría caerse a causa del decreto.
Ya la Secretaría de Ambiente de Bogotá anunció ayer que demandará el decreto, porque a su juicio va en contravía del derecho que tienen los municipios a ordenar su territorio, reglamentar el uso del suelo y defender su patrimonio ecológico.
“Nos sorprendió mucho el decreto, porque no teníamos conocimiento de que fuesen a expedirlo y porque va en contravía de una propuesta que nosotros le enviamos al Ministerio contándole nuestros planes para ir acabando gradualmente con la minería”, le dijo a La Silla Susana Muhamad, la secretaria de Ambiente.
Uno de los ejes del POT -y del programa de gobierno- de Petro es adaptar a la ciudad al cambio climático, mediante acciones como la protección de buffers ambientales en la Sabana de Bogotá y acabar gradualmente con la minería en la ciudad para evitar los deslizamientos como el que desapareció el barrio de Villa Jackie en 2009.
Actualmente hay en Bogotá tres zonas donde se hace minería de grava, arena y arcilla, en la zona del Tunjuelo, en Usme y en una zona semirural de Ciudad Bolívar llamada El Mochuelo. La propuesta de Petro es acabar con las canteras cuando se venzan los plazos de sus contratos de explotación e ir ayudando en ese tiempo a las comunidades que viven de ellas a cambiar de actividad económica.
En el caso de las canteras que tienen tanto título minero como licencia ambiental, la transición duraría entre 10 y 15 años. En las que tienen título, pero no licencia, serían unos cinco años para hacer un plan de cierre e ir comenzando el proceso de restauración. Aquellas que no tienen ni título ni licencia serán combatidas como minería ilegal. Pero ahora esos planes, que de todos modos tendrían que recibir el visto bueno del Concejo, se ven en terreno resbaloso.
“El Estado tiene potestad sobre los recursos del subsuelo, pero hay que entender que la minería pasa necesariamente por el suelo, por las actividades de la gente y los usos agrícolas ahí, por sus ecosistemas y su biodiversidad”, añade Muhamad. “Si sabemos del impacto transformativo de la minería, el dilema que tenemos que resolver es si la gente podrá tener un voto frente al futuro del lugar que habita. En El Mochuelo, por ejemplo, la gente quiere seguir en una economía campesina”.
“Hay una tensión entre el ordenamiento territorial y el minero, porque a éste último no se le puede olvidar todo lo que puede suceder en la superficie. Con esos impactos sociales, económicos y ambientales tienen que lidiar los municipios, no el Ministerio”, dice el abogado ambiental Rodrigo Negrete, quien asesora a la Secretaría.
Los pioneros del ‘no’ a la minería
La Secretaría de Ambiente de Bogotá, liderada por Susana Muhamad, anunció que demandará el decreto.
Cerrito, en Santander, fue el primer municipio de Colombia en aprobar medidas de restricción a la minería, como modo de salvaguardar el páramo del Almorzadero.
Bogotá no es el primer municipio que intenta restringir actividades mineras en su territorio. El pionero fue Cerrito (Santander), donde el Concejo aprobó hace tres años una iniciativa popular que recolectó 1.051 firmas para proteger el vecino páramo del Almorzadero en el POT.
“Las firmas que recogimos representan la cuarta parte del censo electoral y la quinta parte de la población del municipio. Eso muestra que la iniciativa reunía claramente la preocupación de la gente”, dice Óscar Arley Gómez, uno de sus promotores.
Al menos una decena de municipios en todo el país han intentado hacerlo desde entonces. Todos han sido cuidadosos en no hablar de ‘prohibirla’, sino de restringirla en ciertas áreas o proteger ciertos espacios.
En el suroccidente de Antioquia, que forma parte de un corredor geológico conocido como el Cinturón de Oro, han surgido movimientos ciudadanos que buscan limitar la actividad minera en sus municipios y evitar que se cambie la vocación económica de éstos.
Muchos de éstos, como Támesis, Jericó o Pueblorrico, no han tenido una tradición minera pero se convirtieron en puntos atractivos desde que fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo Minero de 2006. En muchos de ellos los títulos y las solicitudes de títulos superan el 80 por ciento del área municipal, incluyendo los cascos urbanos.
Támesis fue el primero en restringirla en todo el municipio en septiembre pasado, no mediante una iniciativa popular sino a través de un acuerdo del Concejo, ya que tanto el alcalde como los concejales estaban de acuerdo. Le siguieron Urrao y Jardín poco después. Y Jericó y Pueblorrico planeaban comenzar a recoger firmas pronto.
En febrero el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró inválido el acuerdo de Támesis por haberle faltado un debate en plenaria y está examinando el de Jardín, algo que podría no ser necesario si el decreto los tumba ya de manera definitiva. Aún así, sus habitantes confían en que una decisión que reúne el consenso del municipio tendría que primar sobre otros intereses. Todo parece indicar que el Consejo de Estado tendrá que dirimirlo.
Mientras tanto, se podrá hacer minería en cualquier municipio.
