Privatización de AYSA y acuerdos con Mekorot, la soberanía hídrica en riesgo

El Gobierno lanza la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.), la empresa que se ocupa de prestar el servicio de agua y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana, entregando el 90% de sus acciones a capitales privados nacionales y/o internacionales, reviviendo las viejas recetas de saqueo de los ’90. El resultado de la creación de Aguas Argentinas en 1993, propiedad de la empresa francesa Lyonnaise des Eaux (Suez), fue nefasto y concluyó con la recisión del contrato en 2006 por los incumplimientos contractuales y los desvíos en las metas de calidad. Una de las empresas interesadas en AYSA es Mekorot, la empresa nacional de agua de Israel, que se promociona como líder global en gestión hídrica por su desarrollo e innovación en tecnologías de plantas desalinizadoras, riego avanzado y reciclaje de aguas residuales. Sin embargo, su modelo de mercantilización del agua y su falta de transparencia en contratos comerciales han despertado críticas, especialmente por la falta de consulta a las comunidades y por el incumplimiento de normativas locales. Mekorot, ya firmó con diez gobiernos provinciales distintos acuerdos a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para diseñar los planes maestros y estratégicos para el sector hídrico, la gobernanza del agua y el agua potable. No es casualidad que las provincias firmantes sean en su mayoría territorios saqueados por la megaminería que consume millones de litros de agua. Ahora, aspira a quedarse con AYSA. La soberanía hídrica está en riesgo.

Por: Noalamina.org

DISOLUCIÓN Y PRIVATIZACIÓN

En nuestro país, la evolución del saneamiento básico (infraestructura de agua potable y desagües cloacales) siempre ha dependido del devenir de los procesos políticos.

El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) era un organismo nacional descentralizado que tenía a su cargo las políticas de agua y saneamiento de nuestro país. Este organismo, funcionaba bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. Allí, trabajaban prestigiosos sanitaristas que se ocupaba de planificar, ejecutar y administrar obras de agua y saneamiento en todo el territorio nacional. Además, financiaba obras de infraestructura y desarrollaba tareas de investigación y desarrollo tecnológico en temas de agua potable y saneamiento. En Argentina, siete millones de habitantes no acceden al agua potable y 20 millones no acceden a la cloaca… (1)

El Gobierno dispuso la disolución del ENOHSA mediante el Decreto 1020/2024 publicado en el Boletín Oficial del 14 de noviembre de 2024. Sus recursos materiales y financieros serán transferidos al ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la misma Secretaría de Obras Públicas. El cierre de la entidad contó con el aval del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. (2)

Esta medida se da en paralelo a la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.), la empresa que se ocupa de prestar el servicio de agua y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana. El primer paso hacia la privatización fue dado con la aprobación de la conocida Ley Bases, que dispuso que AYSA S. A. se encuentra sujeta a privatización. El segundo paso consistió en eliminar los subsidios a la tarifa al usuario que realizaba el Estado nacional para que de esta forma la empresa sea rentable para los futuros compradores. Esto llevó a que en algunos casos el aumento de la tarifa al usuario por el servicio público de agua y saneamiento llegara a un 1500% durante 2024. Estamos viendo por primera vez el corte del servicio por falta de pago a través de lo que se denomina “reducción de la prestación”, donde AYSA cierra el flujo y sólo permite que salgan gotas de la cañería. (3)

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei modificó el marco regulatorio vigente y habilitó la venta total o parcial de las acciones que se encuentran hoy en poder del Estado. La normativa cambia el artículo 2° del Decreto 304/06, que establecía que el 90% del capital de AySA debía mantenerse bajo control estatal y prohibía su transferencia. Con esta reforma, el Gobierno podrá desprenderse de su participación accionaria, abriendo la puerta a la llegada de capitales privados para manejar un servicio público esencial. Pero el paquete de medidas no se limita a la estructura accionaria.

El nuevo marco regulatorio también otorga a la empresa facultades inéditas, entre ellas, la posibilidad de cortar el servicio a los usuarios que no puedan afrontar los pagos. En un país donde los indicadores de pobreza y desocupación no dejan de crecer, la medida amenaza con dejar sin agua a miles de familias en situación vulnerable. Además, se le conceden a AySA y a la futura concesionaria amplias facultades para auditar técnicamente las obras que se realicen en el área regulada y utilizar los fondos que provienen del contrato de concesión como garantía para tomar deuda destinada a la prestación del servicio.

El decreto ordena a la Agencia de Planificación (APLA) la elaboración de un “Plan Director de Mejora Estratégica”, un documento que debería contener los lineamientos para ampliar la cobertura del servicio, establecer fuentes de financiamiento y definir quiénes serán los entes ejecutores. No obstante, también se prevé un “régimen de transición” de hasta cinco años una vez concretada la privatización, para mantener el equilibrio económico-financiero de la concesión, lo que podría implicar ajustes tarifarios o cambios en la prestación que recaerán sobre los usuarios.

En los considerandos del decreto, el Gobierno justificó la reforma argumentando que el actual modelo de gestión estatal “no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia”. También asegura que la medida se dicta “en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”. El argumento se repite: déficit, ineficiencia y necesidad de inversiones. Pero detrás de este discurso, el Ejecutivo da otro paso en su política de privatizaciones, esta vez con un recurso tan esencial como el agua.

En lugar de fortalecer una empresa pública estratégica, el Estado se retira para dejar el servicio en manos privadas, con la posibilidad cierta de que las tarifas aumenten, la cobertura se concentre en las zonas rentables y los sectores más vulnerables queden aún más expuestos. Mientras se flexibilizan las condiciones para los privados, se endurecen las consecuencias para los usuarios. El acceso al agua, un derecho humano reconocido internacionalmente, queda ahora subordinado a la lógica del mercado. (4)

El acceso al agua, un derecho humano reconocido internacionalmente, queda ahora subordinado a la lógica del mercado.

A esto se suma el desguace del Instituto Nacional del Agua (INA) que, por ejemplo, tiene a su cargo el sistema de alerta del río Paraná, y el desmantelamiento de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) cuya tarea es llevar adelante el saneamiento ambiental de la cuenca.

En nuestro país, todos los días, las mujeres y las infancias pierden oportunidades por falta de acceso al agua potable. Sin duda tenemos que revisar las políticas hídricas, pero cerrando el ENOHSA, privatizando AySA, desmantelando el INA y Acumar, solo vamos a profundizar la brecha de desigualdad.

¿CÓMO Y CUANDO SE PRIVATIZARÍA AYSA?

El llamado a licitación se realizará antes de fin de año. Al tratarse de licitaciones internacionales requieren un mínimo de 60 días para adjudicar. Por lo tanto, se espera que pueda adjudicarse en 2026.

El traspaso a los privados se realizará a través de un esquema que comenzará con el llamado a una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador al que se le entregaría, a través de un contrato de concesión, el 51% de las acciones.

Más adelante, en una segunda etapa, se realizará una oferta pública inicial para colocar un 39% de las acciones en la Bolsa. El 10% restante, lo dicho, es la porción accionaria que quedará en manos de los empleados. (5)

En algunas publicaciones se informó que las empresas interesadas serían:

MEKOROT: la empresa nacional de agua de Israel, expandió su influencia en Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández y profundizó el gobierno actual con acuerdos provinciales sobre la gestión del agua. En su visita a Israel, Javier Milei mantuvo diversos encuentros con funcionarios y empresarios ligados al negocio del agua. Según trascendió, uno de los pedidos sería readecuar el cuadro tarifario y autorizar los cortes de suministro ante la falta de pago, para volver más atractiva la privatización.
TRANSCLOR: la firma de Mauricio Filiberti que desde 2009 es casi el único proveedor de policloruro de aluminio (PAC), un petroquímico clave en la potabilización del agua. Además, es dueño de Edenor junto con José Luis Manzano y Daniel Vila. (6)

ANTECEDENTES DE LA PRIVATIZACIÓN DE ESTE SERVICIO DE AGUA Y CLOACAS

“La privatización de la empresa permitirá modernizar el precio y la calidad del servicio”, dijo ahora el vocero presidencial Manuel Adorni, en un revival de los argumentos durante las privatizaciones de los ’90. Sin embargo, el funcionamiento de la empresa durante la privatización distó mucho de lo esperado.

En 1993, el gobierno de Carlos Menem decidió privatizar Obras Sanitarias y la licitación fue ganada por la empresa francesa Lyonnaise des Eaux (Suez) convirtiéndose en Aguas Argentinas. Debido a, los incumplimientos contractuales y los desvíos en las metas de calidad, como la presencia de nitratos en varias localidades y la falta de presión en muchas zonas, se determinó la rescisión del contrato en 2006. (7)

Por lo tanto, el servicio pasó nuevamente a manos del Estado creando la empresa AySA para reemplazar a un deficiente y costoso funcionamiento de Aguas Argentinas. Un informe del Área de Economía y Tecnología de Flacso indica que, entre mayo de 1993 y enero de 2002, las tarifas se incrementaron un 88% mientras la inflación en ese período fue del 7%. En la oferta de la privatización, la empresa francesa Lyonnaise des Eaux (Suez) había ofrecido que iba a bajar la tarifa. Aguas Argentinas para el 2001 ya tenía una tasa de rentabilidad del 12,9% de la facturación. Cabe destacar, que es muy difícil que una empresa tenga una rentabilidad mayor al 10% y menos considerando que se trata de agua y saneamiento. Según un informe de ETHOS, en los primeros 5 años de la concesión había previsto obras por 1.500 millones de dólares pero se hicieron obras por 830 millones de dólares; entre las cuales, debía hacerse la planta de tratamientos de efluentes de Berazategui, la cuarta cloaca máxima, las plantas depuradoras Norte y Sudoeste. Lo mismo ocurrió desde 1999 al 2002, ya que se realizaron la mitad de las obras necesarias acordadas en el Contrato de Concesión.

Cuando se fue la empresa francesa, el 88% de los efluentes cloacales del área de concesión se vertían al río sin tratamiento. Además, en una región donde no existía una cobertura total de acceso al agua potable y cloaca, las redes no se expandieron, motivo por el cual no habían incorporado nuevos usuarios. (8)

Desde la creación de AYSA en 2006, cuando vuelven los servicios al Estado hasta el balance del 2015, incorporó al servicio de agua potable 3 millones de habitantes, llevando la cobertura del 63% al 85%, y más de 2 millones al servicio de desagües cloacales alcanzando una cobertura del 63,3 por ciento.

MEKOROT Y LA ENTREGA DE SOBERANÍA

Mekorot, la empresa nacional de agua de Israel, se promociona como líder global en gestión hídrica por su desarrollo e innovación en tecnologías de plantas desalinizadoras, riego avanzado y reciclaje de aguas residuales, entre otras. En los últimos años ha intentado expandir su influencia en América Latina a través de servicios de consultoría en países como México, Colombia, República Dominicana, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Sin embargo, su modelo de mercantilización del agua y su falta de transparencia en contratos comerciales han despertado críticas, especialmente por la falta de consulta a las comunidades y por el incumplimiento de normativas locales. (9)

Sin embargo, en nuestro país avanza con la planificación estratégica del sector hídrico de la Argentina. ¿Por qué Mekorot planifica nuestro bien común más preciado y estratégico?

La empresa estatal de agua israelí denunciada por hacer un apartheid hídrico contra el pueblo palestino en los territorios ocupados, con el impulso del gobierno nacional, firmó con diez gobiernos provinciales distintos acuerdos a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Estamos hablando de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Chubut. Mekorot está diseñando los planes maestros y estratégicos para el sector hídrico, la gobernanza del agua y el agua potable. No es casualidad que las provincias firmantes sean en su mayoría territorios saqueados por la megaminería que consume millones de litros de agua. (10)

El CFI es un organismo autónomo e interprovincial, que queda por fuera de control y auditorías, de la normativa nacional que rige los organismos nacionales para poder gestionar un monitoreo. El mismo, lleva adelante las obras públicas y le permite a Mekorot acceder a las provincias como intermediario, sin posibilidad de participación ni acceso a la información por parte de la población.

“De las 10 que han firmado convenio, en sólo 5 casos pudimos acceder a su contenido, la otra mitad de los convenios siguen siendo una incógnita, a pesar de haber solicitado la información”. Silvia Ferreyra – Campaña Fuera Mekorot

El contenido de estos acuerdos es muy genérico: diseño de los planes rectores, reformas normativas y de organismos referidos al manejo del agua, criterios para fijar el precio del agua y para su distribución, entre otros aspectos. De los convenios donde se pudo acceder al contenido, en sólo uno se hicieron públicos los términos comerciales, el de la provincia de Río Negro. Las “partes involucradas” comercialmente son Mekorot y el CFI, la provincia no se menciona en ninguna cláusula, sólo firma al pie del contrato. Para todos sus términos rige la legislación de Inglaterra, y en caso de controversia las partes se someten a tribunales con sede en ese país. La propiedad intelectual de todo lo producido -en base a datos brindados por organismos públicos- queda en manos de la empresa, a excepción del informe final entregado al CFI. Las cláusulas de confidencialidad son completamente desventajosas; los obstáculos al acceso a la información pública y la consulta libre, previa e informada a comunidades indígenas violan la normativa vigente tanto a nivel local como nacional. (11)

NO SE GARANTIZA EL AGUA PARA LOS PUEBLOS

Sin mayor debate en los últimos años, nos han privatizado el acceso al agua potable, obligando a gran parte de la población —y en la medida de sus posibilidades económicas— a proveerse de esta mediante la compra de bidones o la utilización de carísimos filtros domiciliarios, a la par que el Estado se ha corrido de su deber fundamental de garantizar —mediante las obras correspondientes— su acceso seguro a la población humana.

No solo eso, el Estado se ha desentendido de su obligación de alertar y advertir sobre las contingencias cada vez más frecuentes, relacionadas con excesos en los niveles de los parámetros físico-químicos y/o bacteriológicos del agua que consume la gente diariamente, que determinan a todas luces su no potabilidad y, en consecuencia, la generación de un riesgo de daño a la salud humana.

A su vez, desde todos los niveles gubernamentales, tanto a nivel nacional como provincial, se ha avanzado en un proceso de mercantilización de los ríos, para ponerlos a entera disposición de un modelo extractivo minero, forestal y agrícola, y transformarlos en las venas abiertas del saqueo de los territorios que habitamos. (12)

Esta situación generó nuevas resistencias, la Campaña “Fuera Mekorot” en Argentina está conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil que confluyen desde dos perspectivas fundamentales: organizaciones ambientalistas que defienden el derecho al agua y a un ambiente sano y organizaciones que trabajan en solidaridad con el pueblo palestino. Desde estas ópticas se suman organizaciones de derechos humanos, pueblos originarios, agrupaciones políticas, agrupaciones sindicales y movimientos populares y comunitarios, en sintonía con expresiones similares en territorio Latinoamericano y Caribeño. (13)