La utilidad de la minería de materiales de construcción no es cuestionable. Sin embargo, esta extracción –que representa el 1% de las regalías– torna el paisaje árido, desestabiliza los terrenos, contamina las fuentes hídricas y el aire y afecta la salud de los pobladores. La situación en el altiplano cundiboyacense es crítica, debido a la falta de control estatal.
Ver también:
Las grandes canteras de grandes empresas con grandes daños
Fuente: Periódico de la Universidad Nacional de Colombia
El estado Colombiano parece no tener control real (ni técnico ni legal) decuántos recursos mineros –algunos de ellos estratégicos, como el coltán, el carbón, el oro y el níquel– se están extrayendo.
Según un informe de auditoría de la Contraloría General de la Nación, el país no cuenta con los elementos suficientes para controvertir o rechazar las liquidaciones de producción y el cálculo de regalías que reportan los titulares mineros, dado que en un alto porcentaje la información suministrada “es de buena fe”.
El trabajo interdisciplinario de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia durante la realización del documental Lo que la Tierra no perdona –producido por la Escuela de Cine y Televisión, con el apoyo de la Facultad de Artes y la Vicerrectoría de Investigación–, presenta evidencias de ello.
En el caso de los materiales de construcción, el segmento del documental desarrollado por el profesor Rodolfo Ramírez (denominado “Rasgar su piel para habitar sus huesos”) revela aspectos sorprendentes, tanto de la falta de control estatal sobre los recursos, como de los problemas derivados de la actividad extractiva en ciudades como Bogotá y Tunja y en los municipios de Paz de Río, Iza, Nobsa, Duitama y Sogamoso.
Afectaciones a la vista
Para la construcción de vías, viviendas y obras de infraestructura se extraen calizas, arcillas, arenas, gravas, feldespatos, grafito, barita, talco, riolitas (como la puzolana), asbesto, fluorita, asfaltitas, mármol y otras rocas ornamentales, así como minerales de aluminio, hierro, manganeso y magnesio.
Según los geólogos Julio Fierro (investigador de la UN) y Mauricio Cabrera, en uno de los volúmenes de la Contraloría sobre el tema, se habla de una minería necesaria, “relacionada con los requerimientos de desarrollo del país”.
Pese a su utilidad, la obtención irresponsable de estos materiales afecta drásticamente el ambiente y la salud. A la destrucción de la capa vegetal se suma la contaminación del aire por cuenta de las partículas que se propagan. Asimismo, los desechos que se vierten en los ríos obstruyen los cauces, originan avalanchas y crean zonas inestables que ponen en riesgo las construcciones aledañas.
La situación en Bogotá
Esto último fue lo que ocurrió en el 2009 en el barrio Villa Jacquie, en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, en una zona sometida por años a explotaciones a gran escala, realizadas en sus inmediaciones por la empresa Cemex, en el Parque Minero Industrial de Tunjuelo, donde también operaron Holcim y la Fundación San Antonio. Las casas del barrio quedaron gravemente afectadas y los residentes tuvieron que irse.
Lo absurdo es que el fallo judicial terminó culpando a los habitantes, con el argumento de un mal manejo de las aguas negras. Para el profesor Ramírez, aquí también hay una metáfora, y es que “extraer materiales de construcción para edificar el mundo del futuro –si no se hace bien– se convierte en una amenaza al mundo que habitamos”.
En la actualidad, el sector convertido –en una zona árida– se encuentra rodeado por un muro, detrás del cual se realizan actividades industriales y un proceso de recuperación ambiental cuya fecha de culminación es incierta.
Y es que según lo documentó el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el 60% de las canteras de los cerros capitalinos se han desarrollado en antiguas zonas de bosques y rastrojos nativos, el 14% en bosques artificiales y el 26% en áreas de uso agropecuario. Igualmente, el 60% ha afectado acuíferos, el 22% ha destruido manantiales y el 2% continúa produciendo impacto en algunas corrientes superficiales.
Extracción en Boyacá
Si bien, la minería es uno de los principales renglones económicos de Boyacá, también es una de las razones que posiciona a muchos de sus municipios entre los más contaminados del país.
En el caso de Tunja, su única industria consiste en explotar la arcilla con fines de alfarería (producción de tejas y ladrillos). El ingeniero Alaín Camargo, profesional universitario de la Secretaría de Desarrollo de la capital boyacense, asegura que esto ha ocasionado deforestación y cambios climáticos fuertes en la parte occidental de la ciudad, los cuales, a su vez, fueron la causa de las inundaciones ocurridas en 2010 y 2011.
La razón es que las empresas nunca hacen compensaciones ambientales, simplemente abandonan el terreno. El daño ha sido alto a pesar de los programas de conservación y protección, pues ya no existen los ecosistemas productores de agua y bosque. La opción es recuperar rondas, ríos y humedales, que serían muy útiles en invierno para evitar desastres.
Por su parte, el ingeniero ambiental Mauricio Rojas, coordinador de emisiones atmosféricas y calidad del aire de Corpoboyacá (Corporación Autónoma Regional de Boyacá), explica que allí la minería todavía es artesanal, pero actualmente la Resolución 618 de 2013 obliga a los mineros a hacer reconversión de tecnologías.
Desde otra perspectiva, el alfarero Fredy Ber nal, gerente del Área de Reserva Especial Minera Coresboy, comenta que el objetivo de dicha reserva, único sitio autorizado para la extracción de arcilla, es acabar con la minería artesanal y antitécnica que se efectúa en hornos prohibidos (en los que todavía se usa carbón, en vez de coque, para la quema del ladrillo), con lo que se mejoraría la calidad del aire en un 70%.
Otro de los sitios que visitaron los documentalistas de la UN fue Paz de Río. “Con respecto a la minería del hierro, encontramos que habitantes de la región consideran que debido a esta se presentaron desbordamientos del río Chicamocha que afectaron la carretera. A nuestro regreso un mes después, este municipio se había inundado por un desbordamiento del río Soapaga, que produjo la muerte de dos personas”, cuenta el profesor Ramírez.
En esta zona extraen hierro y carbón, lo cual influye en la generación de inundaciones porque los residuos se van al lecho del río y aumentan el cauce. Por esta razón, los habitantes piden control ambiental y que no se arrojen los desperdicios por El Uche (parte superior de la loma, donde se hace explotación a cielo abierto).
El ingeniero Miguel Ángel Camacho, exsecretario de Medioambiente y Desarrollo de Boyacá, comenta que en esta zona falta control. También señala que en el sector de La Chapa hay fisuras, fruto de la mala explotación, y huecos en los que penetra el agua generando filtraciones. Es así como Paz de Río está amenazado por grietas, deslizamientos y sobrecargas durante la ola invernal.
Con respecto a la población de Iza, hay serias afectaciones por la extracción de puzolana (impermeabilizante natural para el cemento) y roca fosfórica. Debido a esto, la vereda de Aguacaliente está perdiendo su mayor atractivo turístico: las aguas termales. La temperatura, así como la calidad y el flujo del agua han disminuido y de seguir así, el municipio será reconocido, irónicamente, por sus “aguas termales frías”.
En esta misma vereda, frente a una explotación de la empresa Holcim, había una escuela. Luego de una de las explosiones para sacar puzolana, los niños salieron corriendo y nunca pudieron volver por el estado en que quedaron las instalaciones. Cuando llegaron los documentalistas de la un, las aulas estaban abandonadas desde hace año y medio.
Más hacia el norte, en Nobsa, el daño al paisaje es severo. Por la carretera que conduce a Duitama hay nubes de cal y humo que son alimentadas por los cerca de 148 hornos de cocción de caliza, una actividad que se realiza sin filtros para evitar las emisiones. Además de afectar la salud, obstruyen la visibilidad en la vía, ocasionando accidentes.
En Duitama, donde la mayoría de extracciones son de piedra caliza, carbón, arena y arcillas, el gran problema es que las fuentes hídricas que el municipio tenía como reservas están desapareciendo. Así lo manifiesta el ingeniero Mario Acevedo, gerente del Distrito de Riego en el Alto Chicamocha, río que baña siete municipios de la región, donde hay aproximadamente 10 mil usuarios afectados.
Al realizar labores de dragado y mantenimiento de ríos y quebradas para darle riego a la población y a la producción agrícola, se han encontrado taponamientos con residuos de piedra caliza, causantes de inundaciones por la falta de reforestación.
Si se revisa el caso de Sogamoso, según el Minnisterio de ambiente y el ideam, se trata del “tercer corredor industrial con mayor generación de emisiones atmosféricas, después de Bogotá y Medellín”. El ingeniero Camacho indica que hay cerca de 400 chircales (hornos artesanales de cocción de ladrillo), cuyo aporte en emisiones atmosféricas corresponde al 56%.
Otros minerales
Camacho menciona que, adicionalmente, hay problemas en Boyacá por la minería que se hace sobre los 3.000 msnm y en zona de páramo, más aún cuando hay licencias viejas que se están haciendo efectivas para explotación carbonífera.
Uno de los lugares donde se explota carbón en páramo, es Tasco. Allí, los daños han sido denunciados previamente, pero los cierres no han sido efectivos y no hay indemnizaciones. Además, las regalías son insuficientes y no resarcen los daños en la estructura de los páramos y los ecosistemas estratégicos.
Por cuenta de esto, Tasco está amenazado, anuncia Camacho. El 70% de la población tiene en sus casas fisuras de consideración (hay entre 50 y 100 con afectaciones muy graves). Una funcionaria de la Unidad de Gestión del Riesgo aseguró que la única parte estable es la plaza, ni siquiera la iglesia se salva.
En el municipio de Socha, el alcalde Luis Jaime Agudelo teme que el pueblo sufra una catástrofe. Según él, la afectación también se da por las minas existentes en zona de páramo, respaldadas por todos los documentos habilitantes y los títulos otorgados por el Ministerio.
Aunque todavía no hay pérdidas humanas, al mandatario le preocupa la explotación de Paz de Río en el sector de La Chapa, donde el inconveniente es que los huecos se llenan de agua y en invierno se desbordan, causando catástrofes como la avalancha ocurrida en El Boche. La contradicción es que, de no ser por la minería, se presentaría una grave situación de desempleo que incluso podría afectar la soberanía alimentaria, pues a los jóvenes no les interesa el agro.
De allí salen muchos camiones cargados de carbón, pero no hay cómo controlar las regalías. Por ello, el alcalde tiene en proyecto instalar una balanza para pesar los vehículos y constatar que si en la declaración de origen se registran dos toneladas, realmente sean dos.
Se requiere mayor institucionalidad
El profesor Rodolfo Ramírez concuerda con el geólogo Julio Fierro en que no se trata de erradicar completamente esta minería en el territorio colombiano, sino de buscar mecanismos para ejercerla responsablemente, de manera que no se ocasionen daños irreparables, tanto para el ambiente como para las comunidades.
De todos modos, es necesario hacer público el desfalco ambiental, económico y social del que está siendo víctima el país. El Estado debe buscar mecanismos para que la locomotora no atropelle a su paso a los ciudadanos y para evitar que el saqueo termine con la biodiversidad y con todas las riquezas de los colombianos.
Ahora queda claro por qué, como diría el abogado y experto en desastres naturales Gustavo Wilches-Chaux: “La minería en Colombia es como vender los riñones para comprar una máquina de diálisis”.
