Los títulos mineros en Colombia ocupan un área equivalente al 4,4% del territorio nacional cubriendo unas 5 millones de hectáreas.
Fuente: El Espectador
Un fuerte sistema de fiscalización minera puso en marcha el Gobierno para definir la realidad minera del país.
En un primer ciclo la Agencia Nacional Minera reportó un recaudo de 28.684 millones de pesos y por concepto de canon superficiario se obtuvieron 25.000 millones de pesos.
El informe presentado indica que se fiscalizaron 9.043 títulos mineros en 30 departamentos.
Mediante la fiscalización minera, la Agencia Nacional Minera (ANM) inspecciona, por primera vez, la totalidad de títulos en el país, bajo un enfoque integral, que permitirá fortalecer el control sobre la actividad y encaminarla hacia los mejores estándares.
Este primer examen muestra además que Colombia es un país donde se realiza minería subterránea (18%) y a cielo abierto (82%). Se encontró que un 35% de los títulos está en fase de exploración, en un área equivalente al 1.7% del territorio nacional (1.954.591 hectáreas). Un 26% se dedica a construcción y montaje, con un área equivalente a 1.6% del país (1.855.548 hectáreas). El resto, es decir, un 39%, de los títulos mineros se encuentra en fase de explotación, en un área equivalente al 1% del territorio nacional (1.152,188 hectáreas), precisa informe de prensa de la entidad estatal.
Del total de títulos fiscalizados, un 93% presenta incumplimiento en sus obligaciones contractuales, con un promedio de 3,3 hallazgos por título. Dichos incumplimientos se dan principalmente en temas jurídicos, técnicos y económicos. Por el contrario, el aspecto ambiental registra el menor número de hallazgos.
Los departamentos con el mayor promedio de incumplimientos son: Cesar, Córdoba, Risaralda, Quindío y Tolima, con más de 4 hallazgos, principalmente asociados a materiales de construcción y carbón, minerales con la mayor participación dentro del total nacional de títulos (42,2% y 15,5%, respectivamente).
La presidenta de la Agencia Nacional de Minería, María Constanza García Botero, indicó en un informe de prensa que “ante los incumplimientos observados, y por tratarse de la primera fase de un nuevo esquema de fiscalización, la autoridad minera actuó en la mayor parte de los casos con un enfoque preventivo, recordándoles a los titulares mineros que debían efectuar prontamente los correctivos a fin de evitar sanciones o caducidad del título”.
Sin embargo, en cumplimiento de las funciones de fiscalización delegadas a la ANM, en lo que va corrido de 2013 se han proferido 4.815 actuaciones administrativas (89% auto requerimientos y 11% resoluciones).
“Hoy el país cuenta con herramientas mejoradas como la nueva fiscalización para regular el desarrollo de la minería. El fortalecimiento institucional pasa por el diseño e implementación de una política de fiscalización minera. Estos resultados nos imponen ese reto”, indicó la presidenta de la Agencia Minera.
La funcionaria explicó que tras el cierre del primer ciclo se observó que por cada título en pequeña y mediana minería se crean, en promedio, 34 puestos de trabajo (41% directos y el resto indirectos; un 24% corresponde a mano de obra calificada, el resto a no calificada).
Es decir que esta franja del sector genera 315 mil empleos. Por su parte, la gran minería registra una absorción de mano de obra de 35.000 puestos de trabajo (56% directos y 44% indirectos), explicó.
Se calcula que cerca de 350.000 familias dependen de la labor minera en Colombia, lo que significa que aproximadamente 1.050.000 colombianos subsisten a través del sector. Estas cifras estimadas proyectan una generación de empleo en el sector equivale a 1,7% del total nacional.
María Constanza García Botero dijo que se observa un aumento en el recaudo del canon superficiario, que ya a septiembre de este año, se había casi duplicado al pasar de 15.554 millones a 28.681 millones de pesos, lo que refleja que el esquema preventivo lleva al titular minero a cumplir con sus obligaciones contractuales, más por deber que por temor a que la autoridad lo sancione.
El nuevo esquema de fiscalización registró 316 inspecciones de campo fallidas por razones asociadas a difícil acceso por fenómenos naturales y características del terreno; acceso denegado por parte del titular y por situación de orden público. Estas circunstancias, sin embargo, no eximen a titulares ni a contratistas de cumplir con la fiscalización. Tales inspecciones se han reprogramando a través de los consorcios a fin de darles cumplimiento. De las 316 inspecciones fallidas, Antioquia y Chocó registraron el mayor número (140 y 53, respectivamente). En total se estima que la cartera morosa incluyendo regalías asciende a los 58.000 millones de pesos.
