El proyecto para extraer oro y otros metales en La Colosa es la niña mimada de AngloGold, la tercera mayor productora de oro del mundo y la empresa que más títulos mineros tiene en Colombia. Contiene reservas de 24 millones de onzas , equivalentes a unos 36 mil millones de dólares o un 10 por ciento del PIB anual colombiano. La minera sabe muy bien que, así el Gobierno terminara tumbando la consulta por razones legales y políticos, no podrá trabajar en la región sin una ‘licencia social’. Al final, la pelea entre Anglogold y Piedras le deja al Gobierno un enorme dilema: desconocer la voluntad de los habitantes de Piedras como manera de evitar que se convierta en un fenómeno expandido por el sentimiento antiminero o apoyar la posición de la comunidad pero terminar enfrentado con el sector minero.

Por: Andrés Bermúdez Liévano publicado en La Silla Vacía

Esta fue la pregunta que respondieron los habitantes de Piedras en la consulta popular de ayer, con un 98 por ciento de los piedrunos optando por el ‘no’ a la gran minería.
El municipio tolimense de Piedras decidió ayer decirle ‘no’ de manera resonante a la gran minería en su territorio, pero el resultado de esta consulta popular deja más preguntas que respuestas. Como es la primera vez que se realiza una consulta sobre temas mineros, ni los consultados ni la compañía minera tienen muy claro cuál es el siguiente paso ni qué efectos tendrá la votación, tanto en este pueblo a 50 kilómetros de Ibagué como en el resto del país. El Gobierno tampoco, pero en su caso está entre apoyar las reivindicaciones de los consultados o el proyecto minero, un dilema difícil de resolver.

Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado sobre cómo manejará la situación pero todo parece indicar que la papa caliente quedará en manos del Ministro del Interior Fernando Carrillo, ya que su cartera es la que tiene bajo el ala el tema de la participación ciudadana.

Tanto Carrillo como el Ministro de Minas Federico Renjifo y el Ministro de Ambiente Juan Gabriel Uribe salieron a hablar en radio hoy por la mañana, pero ninguno se comprometió con una respuesta. Todos hicieron énfasis en que la política minera se debe hacer desde el Gobierno, pero quedó claro que desconocer este “hecho político” en Piedras -como lo describió Uribe- podría atizar el ambiente en medio de una temporada de movilizaciones sociales.

Si el Gobierno lo tumba, estaría mandando un mensaje difícil de digerir en muchas regiones de vocación agrícola. Pero si no lo hace, corre el riesgo de haya un ‘efecto Piedras’.

Y en cualquier caso AngloGold Ashanti, la multinacional sudafricana que pretende ubicar allí la planta de procesamiento para el oro que comenzaría a extraer de Cajamarca en 2019, sabe que -así se cayera la validez de la consulta- sin ‘licencia social’ y con la comunidad en contra le quedará muy difícil continuar con el proyecto.

Los dilemas de una consulta pionera

La victoria del ‘no’ en la consulta de ayer fue resonante: salieron a votar 3.007 personas -el 59 por ciento de los votantes habilitados- en Piedras y su zona rural, incluyendo el corregimiento de Doima, que es donde Anglogold contempla fijar el centro de procesamiento del oro de La Colosa. De ellos, 2.971 votaron en contra de la minería y apenas 24 personas le dieron el ‘sí’.

El problema es que la de Piedras fue la primera consulta popular centrada en el tema minero, y apenas la decimosexta desde que la Constitución de 1991 creó este mecanismo de participación ciudadana. Por eso la incertidumbre en torno a sus efectos legales y políticos.

El debate hasta el momento se ha centrado en torno a si la pregunta, que se puede leer en la papeleta arriba y que fue validada por la Registraduría, inducía a un ‘sí’. “A esa pregunta, si me la hubieran preguntado a mí como Ministro de Minas, también hubiera contestado que no. Casi que uno se queda aterrado con las personas que dijeron que sí”, dijo Renjifo en Blu.

Para la multinacional, la pregunta -tal como está formulada- estaría hablando de una minería ilegal y no de los estándares que la empresa maneja. Por eso le dijo a La Silla que “reitera su inconformidad frente a la pregunta sesgada, que además de apelar a una minería que no es la que realiza AngloGold, indujo la respuesta de la comunidad”. El problema es que, como todavía están en etapa de prefactibilidad tanto en La Colosa como en Gramalote (Antioquia), no tienen dónde mostrar cómo trabajan.

Pero hay otros debates legales que podrían enredar el resultado de la consulta. El primero -y posiblemente el más grande- es que apenas se cayó la reforma al código minero en mayo, el presidente Juan Manuel Santos expidió un decreto que reserva todas las decisiones sobre el subsuelo para el Gobierno Nacional. Es decir, impide que los municipios y los departamentos prohíban la minería en sus territorios.

Ese decreto ha desatado una fuerte controversia entre muchos sectores, que no ven con buenos ojos que decisiones importantes sobre temas locales se tomen en un despacho en Bogotá. Para muchos ambientalistas y constitucionalistas se trata de una decisión que va en contra de la descentralización y que desconoce la voluntad de las comunidades locales.

La Alcaldía de Bogotá ya lo demandó, porque a su juicio va en contravía del derecho que tienen los municipios a ordenar su territorio, reglamentar el uso del suelo y defender su patrimonio ecológico.

En particular, el alcalde Gustavo Petro se considera afectado porque su proyecto de actualización del POT busca acabar gradualmente con la minería en la ciudad para hacerla menos vulnerable al cambio climático y evitar deslizamientos como el que desapareció el barrio de Villa Jackie en 2009. Esta decisión tendrá que tomarla el Consejo de Estado.

Si Piedras lleva esa decisión al concejo municipal y restringe la minería mediante un acuerdo, se expone a que le suceda lo mismo que en los municipios del suroeste antioqueño donde estas decisiones han sido tumbadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia por vicios de forma y de fondo.

A eso se suma la advertencia que lanzó la Procuraduría -tras una solicitud del vicepresidente de Anglogold, Ramiro Santa- contra el alcalde de Piedras, Arquímedes Avila, por promover la consulta, y contra el concejo si decide legislar sobre el tema minero.

La pelea entre Doima y AngloGold

El enfrentamiento entre los habitantes de Piedras y AngloGold Ashanti comenzó en febrero, cuando los habitantes en Doima bloquearon la única vía de acceso al pueblo, debido a su preocupación por el impacto en el agua que podría tener el proyecto aurífero de La Colosa, ubicado a unos 100 kilómetros de distancia, en esta región arrocera.

Debido a que la pendiente en Cajamarca -donde AngloGold viene de terminar el proceso de exploración- es demasiado pronunciada, la empresa ha estado buscando un lugar apropiado donde situar el proceso de lixiviación del oro, que separa químicamente el oro diseminado en la roca.

Y es ahí donde ha chocado con los habitantes de Doima, que sienten que las exploraciones que venía realizando la empresa en la vereda de Camao se estaban haciendo sin informar a la comunidad e incluso con argumentos engañosos.

Esa pelea rápidamente subió de tono, llevando a que Cortolima ordenara a la empresa suspender las actividades por no contar con un permiso y por considerar que éstas podían afectar las fuentes de agua de la zona.

Anglogold respondió con una denuncia penal y una queja disciplinaria contra el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, y su director jurídico, así como con una denuncia por calumnia contra uno de los líderes campesinos. A partir de ese momento, la oficina de información que en abril abrió la empresa en Piedras dejó de funcionar y el gobernador Luis Carlos Delgado también se volvió muy crítico de la minera.

Con la consulta popular, la tensión ha llegado a su punto más álgido. Pero al mismo tiempo también ha obligado a AngloGold a un cambio en su discurso, que en las últimas semanas ha hecho mayor énfasis en el diálogo con la comunidad.

Esto se debe se debe a que La Colosa es la niña mimada de AngloGold, la tercera mayor productora de oro del mundo y la empresa que más títulos mineros tiene en Colombia. Sobre todo desde que hace un año anunció que contiene reservas de 24 millones de onzas -el doble del cálculo original-, que equivaldrían a unos 36 mil millones de dólares o un 10 por ciento del PIB anual colombiano.

Y la minera sabe muy bien que, así el Gobierno terminara tumbando la consulta por razones legales y políticos, no podrá trabajar en la región sin una ‘licencia social’.

Al final, la pelea entre Anglogold y Piedras le deja al Gobierno un enorme dilema: desconocer la voluntad de los habitantes de Piedras como manera de evitar que se convierta en un fenómeno expandido por el sentimiento antiminero o apoyar la posición de la comunidad pero terminar enfrentado con el sector minero.