Según el estudio Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista, presentado ayer por la Contraloría General de la República, la declaratoria de utilidad pública e interés social de la industria minera consagrada en el artículo 13 del Código de Minas, privilegia estas actividades sobre los derechos fundamentales de las comunidades. Ante la gravedad de los hallazgos durante la investigación, el ente de control hizo un llamado sobre los riesgos que esta actividad puede generar en la seguridad alimentaria de algunas poblaciones.
Imagen: concesiones mineras en Colombia
Fuente: El Colombiano
El otorgamiento indiscriminado de títulos mineros y el consecuente desarrollo de actividades mineras vulnera derechos fundamentales y colectivos, desconociendo procesos ambientales, territoriales, sociales y económicos.
La investigación fue liderada por el economista Luis Jorge Garay, quien advirtió que en el sector se destacan tres conflictos jurídicos: entre las normas y decisiones sobre ordenamiento ambiental y territorial y la actividad minera; entre los intereses de quienes lideran la extracción minera y el derecho de las comunidades indígenas y afrodescendientes; y el solapamiento entre la minería y las actividades agrícolas y derechos campesinos que agrava los históricos problemas agrarios.
La falta de industria que genere valor agregado al sector es otro de los hallazgos del documento. “Más del 99 por ciento de la producción de oro y el 92 por ciento de la de carbón son exportados sin generar encadenamientos productivos, lo cual convierte al país en un exportador neto de materias primas y en un acumulador de residuos contaminantes, lo que favorece la reproducción de injusticia ecológica por la generación de dis-externalidades”.
Llamado de la Contraloría
Ante la gravedad de los hallazgos durante la investigación, el ente de control hizo un llamado sobre los riesgos que esta actividad puede generar en la seguridad alimentaria de algunas poblaciones.
Este es el caso del centro del Cesar y La Guajira, donde los proyectos mineros abarcan miles de hectáreas y es evidente la ausencia de suelo para actividades agrícolas.
Otro de los “peros” de la Contraloría radica en que los títulos mineros se otorgan sin un proceso de selección objetiva, bajo el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”, que no necesariamente permite la escogencia del mejor postor. Esto lleva a que se desconozca que para desarrollar este tipo de actividades se requiere experticia, tecnología, recursos financieros, cumplimento ambiental y responsabilidad social.
