La soberanía del Estado sobre el uso, aprovechamiento y extracción de recursos naturales no debe limitarse al campo de comercialización de los mismos, debe implicar, ante todo, una preocupación por garantizar unas óptimas condiciones de vida para su población en términos sanitarios, ambientales, laborales y sociales en general.
Por Omar Ramírez publicado en Palabras al Margen
“La gente de esta isla y de todas las otras que he hallado y tenido noticia, andan todos desnudos, hombres y mujeres, así como sus madres los paren[…] Ellos de cosa que tengan, pidiéndosela, jamás dicen que no, antes convidan la persona con ello y muestran tanto amor que darían los corazones y cualquier cosa de valor”.
(Extractos de cartas enviadas por Cristóbal Colón a los reyes católicos en su primer viaje, 14 de marzo de 1493)
“Esperamos en el segundo semestre de este año (2013) salir a licitar las primeras áreas (de las 20,5 millones de hectáreas proyectadas para exploración minera). Se busca aumentar la producción de minerales, poder traer diferentes inversores dependiendo de las posibilidades que tenga cada uno de los sectores en el país[…] Que vengan a invertir en Colombia, que vengan a traer su músculo financiero, su músculo técnico y que así podamos realmente hacer una transformación y una minería de escala mundial”.
(Declaraciones de María Constanza García, presidenta de la Agencia Nacional de Minería, 2013)1
A pesar del carácter agotable de buena parte de los minerales extraídos en Colombia, los conflictos ambientales, sociales y laborales que rodean la minería transnacional no desaparecen. No sólo porque los niveles de presión de los grupos económicos interesados en el tema no dan tregua, sino porque el desarrollo de esta actividad industrial (altamente agresiva en términos ecológicos y sociales), en un país megadiverso, pluriétnico y multicultural, históricamente orquestado por élites corruptas, configuran un escenario complejo y urgente que pone en entredicho la soberanía nacional para salvaguardar una vida digna a las generaciones presentes y futuras.
Una de las situaciones que pone en discusión los niveles de soberanía sobre la gestión de los recursos naturales, es la profunda crisis de exclusión social que enfrenta el país. A los altos índices de población sin acceso a los sistemas de salud, pensión, educación, entre otros, hay que sumar las dinámicas de segregación implícita en los procesos de planificación y aprobación de grandes proyectos mineros, donde las poblaciones locales, los sectores populares y, en general, las comunidades directamente afectadas y habitantes de los territorios, no encuentran escenarios de participación directa a través de los cuales interpelar –de forma anticipada, preventiva y con carácter decisorio– los abusos, las irregularidades y todo el conjunto de escenarios indeseados que conlleva el desarrollo de dichos emprendimientos.
Minería transnacional y comunidades
Las contradicciones de los procesos de inversión extranjera en actividades mineras de orden transnacional han sido develadas por académicos, investigadores, senadores y periodistas con compromiso social, pero en particular han sido señaladas por las poblaciones y organizaciones populares que viven día a día la compleja realidad desatada en sus territorios2. Estas poblaciones, de forma paradójica, permanecen al margen de las instancias de toma de decisiones, lo que significa que dichos proyectos suelen tramitarse sin el pleno consentimiento de las comunidades locales.
Lo anterior permite afirmar que la planificación de la minería transnacional se da en las altas esferas, fríamente distanciadas de la historia social, económica y cultural de las estructuras organizativas existentes, donde los negociadores gubernamentales despliegan su diplomacia para atender, de la mejor forma posible, los intereses extranjeros en la mesa de concertación. Estos últimos cuentan con todas las prebendas del caso, mientras las poblaciones y organizaciones sociales manifiestan su legítimo descontento. No en vano, entre enero de 2001 y diciembre de 2011 se registraron 274 acciones sociales colectivas asociadas a la extracción de recursos naturales (entre ellos carbón y oro), entendiendo por “acciones sociales colectivas” marchas, paros cívicos, huelgas, tomas de entidades, bloqueos de vías, huelgas de hambre, acciones de resistencia civil y disturbios llevados a cabo en espacios públicos3. ¿Quiénes participaron en estas acciones? La población rural y la clase trabajadora en gran medida, es decir, los sectores sociales directamente afectados por la inserción de este tipo de proyectos. Así, las comunidades rurales (indígenas, campesinas y afrodescendientes) participaron en el 25% de estas acciones sociales colectivas, los asalariados vinculados a las empresas extractivas lo hicieron en la mitad de las luchas registradas, los pobladores urbanos en el 13% y los trabajadores independientes (mineros artesanales) en el 12%4.
Participación de la minería artesanal
Este último sector, la minería artesanal o de barequeo, parece no tener voz ni voto al momento de enfrentar los intereses de las empresas mineras transnacionales. Por el contrario, su actividad se ve amenazada, su presencia en los territorios también, e incluso, sin tener ningún tipo de acompañamiento por parte de las autoridades minero-energéticas y ambientales, llega a ser perseguida y señalada por el Estado. Una de las últimas iniciativas en este sentido es el Decreto 2235 de octubre 30 de 2012, aprobado por el gobierno nacional, mediante el cual se reglamenta la destrucción de maquinaria pesada y sus partes utilizadas en actividades de exploración o explotación de minerales sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley, y se autoriza a la Policía Nacional como autoridad competente para ejecutar dichas acciones5.
Acá no se trata de defender la minería ilegal a ultranza, mucho menos la que financia a grupos paramilitares como los Rastrojos y los Urabeños, pero sí se quiere resaltar que las políticas mineras del gobierno (en sintonía con el gobierno inmediatamente anterior) apuntan a despejar el camino a las empresas transnacionales, a costa de abandonar, obstaculizar e incluso criminalizar el trabajo de más de dos millones de personas que en el país trabajan en minería en condiciones de informalidad. Para el gobierno la minería es una locomotora de crecimiento, eso es claro, pero falta aclarar que todo su apoyo está orientado a la minería de capital extranjero.
Licencia ambiental y participación de las comunidades
La participación de las comunidades se encuentra reglamentada dentro del proceso de aprobación de la licencia ambiental que este tipo de proyectos debe tramitar ante las autoridades ambientales competentes. Según el artículo 15 del Decreto 2820 de 2010, dentro del proceso de licenciamiento debe darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1320 de 1998 en materia de consulta previa con comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio. Esto significa que la consulta y la participación pública sólo se prevé para las poblaciones negras e indígenas, pero para las demás poblaciones afectadas (campesinas, por ejemplo), su participación se limita a recibir información sobre los alcances de los proyectos.
Sin embargo, el hecho de que la consulta previa esté reglamentada para comunidades indígenas y negras, no significa que en la práctica se lleve a satisfacción. Esto se evidencia en las declaraciones de Nury Yagarí, líder y abogada embera, quien afirma (sólo por mencionar un caso de los cientos existentes) que la multinacional Muriel Mining Corporation, con presencia en el departamento de Antioquia, “no siguió el proceso de consulta previa con las comunidades, como lo estipula la ley que salvaguarda las minorías étnicas”, y que, por el contrario, los empresarios intentaron comprar a los líderes indígenas con comida, licor y dinero. Sobre este caso, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) sostiene que “no tiene registros de que alguna empresa (minera) haya consultado a las comunidades antes de emprender un proyecto”6.
Minería y participación gubernamental
La participación del Estado en este negocio, sobre las millonarias ganancias que representa, es reducida. Contrario al camino recorrido por otros países con larga trayectoria minera en la región (Brasil, Chile y Perú, por ejemplo), que han incrementado los impuestos para favorecer la renta minera a favor del Estado, Colombia se limitó a ampliar los beneficios para las grandes compañías en la última década7. Incluso, desacreditando todos los augurios de bonanza económica y prosperidad social del gobierno nacional, expertos afirman que actualmente la minería tiene una estrecha relación con la pobreza, el deterioro de la salud y el aumento de muertes violentas en municipios mineros8. Esto permite afirmar que la forma como han participado los últimos gobiernos en esta actividad (de forma complaciente y negligente) y las estrategias administrativas, normativas y económicas adelantadas para su regulación, han desencadenado, en el mayor de los casos, conflictos de inseguridad social y deterioro de las condiciones de vida para los habitantes donde hacen presencia este tipo de proyectos.
Esto refuerza la idea de que los frutos del aprovechamiento de la riqueza ambiental del país están quedando en manos de grandes empresas mineras, pero además evidencia que el bienestar de la población colombiana (incluyendo el de los propios trabajadores) no es la prioridad del gobierno nacional a la hora de aprobar y hacer seguimiento a estos grandes emprendimientos. Lo problemático del caso no es que las promesas de bienestar sean simples ejercicios retóricos, sino que éstas actúan como estrategias cómplices para avalar la intervención de los territorios con concretas repercusiones sobre sus pobladores.
Por lo anterior, la soberanía del Estado sobre el uso, aprovechamiento y extracción de recursos naturales no debe limitarse al campo de comercialización de los mismos, debe implicar, ante todo, una preocupación por garantizar unas óptimas condiciones de vida para su población en términos sanitarios, ambientales, laborales y sociales en general. Esto inevitablemente conlleva, entre otras cosas, una apertura de los escenarios de participación social de forma temprana en las instancias de planificación de estas actividades, una reconfiguración de la manera de ordenar el territorio en el país (de tal forma que se garanticen óptimas condiciones ambientales y se reconozca la existencia de planes de vida locales y regionales, por ejemplo), una revisión a fondo de la actual política minera y ambiental, un compromiso del gobierno de atender las demandas de los sectores sociales afectados, y, claro está, la estructuración de políticas públicas (una política rural por ejemplo) que priorice las economías locales, el control de las inversiones, la seguridad laboral, el acompañamiento temprano del Estado y el desarrollo local, regional y nacional con equidad social.
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2 Un ejemplo de estas expresiones es la Red colombiana frente a la gran minería transnacional (RECLAME). Ver: http://www.reclamecolombia.org/
3 CINEP/PPP (2012). Minería, conflictos sociales y violación a los derechos humanos en Colombia. Bogotá: CINEP.
4 Ibídem.
5 Ante este hecho, el 11 de diciembre de 2012, más de 10.000 mineros se movilizaron en diferentes municipios de Antioquia inconformes con el Decreto 2235 de 2012. Ver: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12444712.html.
7 Ver: http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-391134-colombia-paraiso-fiscal-mineria
8 Ver: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-389483-rechazo-mineria. Sobre el tema, Fedesarrollo advierte que la minería “tiende a concentrar sus actividades en el lugar de la mina sin grandes nexos con la población ni con el resto de la economía local”. Ver: http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-395672-inversion-externa-hidrocarburos-y-mineria-supera-us13122-millone
