La Corte de Apelaciones de Antofagasta aceptó un recurso de protección de los vecinos de Totoral y agrupaciones ambientalistas el cual impide la construcción de una proyecto termoeléctrico que es clave para la mina Cerro Casale de Barrick. Las inversiones paralizadas alcanzan los 23 mil millones de dólares.

por Medios

Un fallo medioambiental de la Corte de Apelaciones de la ciudad de Antofagasta, en el norte de Chile, pone en jaque la realización de varios proyectos mineros luego que se aceptara un recurso de protección de vecinos y agrupaciones ambientalistas que rechazan el proyecto de la termoeléctrica Castilla, el cual estaría ubicado entre la ciudad de Vallenar y Copiapó, en la Tercera Región.

 

La resolución deja sin efecto un cambio en la calificación ambiental del proyecto que considera una inversión de U$S 5.000 millones. La justicia dijo que no es válido un cambio de «contaminante» a «molesto» el proyecto, lo que automáticamente invalidó el permiso ambiental de la empresa MPX, ligada a capitales brasileños y alemanes.

Como consecuencia del fallo judicial pone en riesgo la realización de por lo menos cuatro proyectos mineros, entre ellos uno de la canadiense Barrick por U$S 5.200 millones.

La central Castilla generaría 2.100 Mw de energía, lo que serviría para iniciar cuatro proyectos mineros en el norte de Chile. El Morro de GoldCorp por U$S 3.900 millones; Relincho de Teck, U$S4.000 millones; Caserones, US$3.000 millones y Cerro Casale, de la canadiense Barrick, por U$S 5.200 millones.

En total, sumando las inversiones mineras y la termoeléctrica, están paralizados unos 23 mil millones de dólares.

El fallo fue tomado por las organizaciones sociales y ambientales como un logro importante y también como una muestra de que aún, por más importantes que sean las inversiones, se puede priorizar el bienestar de una comunidad y su ambiente.

La empresa, por su parte, apelará a la Corte Suprema chilena, última instancia que tiene para lograr la materialización del proyecto que, por ahora, está paralizado.

Las autoridades energéticas trasandinas lamentaron que los proyectos se judicialicen, pero no quisieron referirse mayormente al fallo judicial.

Fuente: La Tercera