El derrumbe en la mina San José abrió el debate sobre los controles de la actividad. Una comisión del Congreso elaboró un informe y señaló como directos culpables a los dueños del yacimiento y al Sernageomin. A un año del milagro, el Congreso no discutió una nueva norma. Chile no ratificó el convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Salud y Seguridad en las Minas. En lo que va del año, murieron 13 trabajadores, y Atacama fue, de nuevo, la región más riesgosa, con cuatro mineros muertos.

Fuente: AFP

05/08/2011. El «milagro de los 33» puso bajo la lupa las condiciones en que los obreros realizan sus tareas en la profundidad de la tierra. Desde el primer instante, los familiares de los mineros atrapados acusaron al Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) de no haber fiscalizado las condiciones de seguridad.

Al momento del accidente, el organismo estatal disponía de sólo tres inspectores en toda la región de Atacama y, pese a que la mina San José acumulaba dos fallecimientos y 38 heridos en siete años, continuaba funcionando.

Tras el accidente, una comisión del Congreso elaboró un informe y señaló como directos culpables a los dueños del yacimiento y al Sernageomin. Recomendó, además, la creación de una Superintendencia de Minería y un fondo de seguridad, destinado a los emprendimientos más pequeños.

«Los avances aún están lejos de un nivel aceptable. Existe una cultura muy arraigada de informalidad en la pequeña minería que será difícil modificar», señaló Juan Carlos Guajardo, analista del Centro de Estudios del Cobre (Cesco). Aclaró que ,»de todos modos, sí aumentó de manera importante la fiscalización, lo que es un primer paso disuasivo».

Sin embargo, hace sólo dos semanas que el gobierno de Sebastián Piñera elevó al Poder Legislativo un proyecto de ley sobre Seguridad e Institucionalidad Minera, el cual aún no fue ingresado para su discusión en el seno del Parlamento.

El ex ministro de Minería y actual titular de Obras Públicas, Laurence Golborne, justificó la demora. «La gente que critica no elaboró proyectos, los temas tienen que estar muy bien pensados, tienen que estar escritos en un reglamento legal, es un proyecto de 80 artículos, bastante extenso, complejo y se requiere un tiempo para madurar las cosas», sostuvo.

En su plan, el Gobierno contempla sanciones de hasta 350 millones de pesos (760 mil dólares) por vulnerar las normas de seguridad y define los puntos que ameritarán la clausura de los yacimientos.

El Ejecutivo se comprometió, además, a aumentar el número de fiscalizadores del Sernageomin de 18 a 45 en todo el país antes de fin de año, concentrándose fundamentalmente en la región de Atacama.

En el país, mayor productor mundial de cobre, tampoco se ratificó el convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Salud y Seguridad en las Minas, firmado por 24 países y que permitiría un mayor control sobre las faenas.

En lo que va del año, murieron 13 trabajadores, y Atacama fue, de nuevo, la región más riesgosa, con cuatro mineros muertos. En 2010, la cifra total fue de 45 fallecimientos, de los cuales 14 perdieron la vida en la misma región donde se produjo el accidente de los 33.

La mayoría de las víctimas trabajaba en minas subterráneas y más de la mitad murió por caídas de rocas o aprisionados, el mismo riesgo que sufrieron estos los obreros atrapados al fondo de San José.