Multinacionales de la mega minería despojan a campesinos y envenenan la naturaleza, y los mineros explotados por éstas. La participación de las remuneraciones totales en la estructura de costos del sector minero colombiano indican, que de cada $100 de valor de producción bruta (PB) que genera este sector, $9.64 están representados por el costo laboral total (salarios, más prestaciones, más seguridad social, más parafiscales), un indicador que es la mitad del indicador que el DANE da para todas las secciones económicas del país.
Por Héctor Vásquez F.- ENS para Kaos en la Red
05/08/2011.
La Mega Minería en Colombia: Una locomotora sin vagones para el trabajo decente. Otra fechoría del “buen” Santos
El sector de la minería fue identificado dentro del plan de desarrollo del gobierno de Santos, como una de las locomotoras que habrán de impulsar el crecimiento económico y la “prosperidad democrática”. Los recursos que posee nuestro país, particularmente en oro, carbón y petróleo , así como la fuerte demanda que los mercados internacionales están haciendo de estos recursos, más el fuerte crecimiento que la inversión externa ha tenido en este sector, han colocado a éste como estratégico dentro del plan de desarrollo.
También ha sido el sector minero el que más incidencia ha tenido dentro del crecimiento económico de los últimos años. En el 2010, con un crecimiento del PIB del 4.3%, el sector minero fue de todos los sectores el de mayor crecimiento, 11.1%, seguido del sector comercio, reparaciones, hoteles y restaurantes, con el 6.0%, y la industria manufacturera con el 4.9%.
El sector minero en la economía colombiana
Como lo muestra el cuadro anterior (Ver documento adjunto), el sector minero ha sido también el que tiene la mayor participación dentro del total exportado por nuestro país. En 2010 Colombia exportó 39.820 millones de dólares, 21% más que en el 2009. La mayor parte de estas exportaciones pertenecen al sector minero (el 59%), y dentro de este, las exportaciones de petróleo representaron el 70.24%, seguidas de las de carbón, con el 25.63% del total exportado por el sector minero.
Adicionalmente, de cada 100 de PIB, el sector minero aporta casi 10 puntos (9.2% fue su participación en 2009), y según el gobierno nacional, este sector le transfirió en ese mismo año $20 billones al presupuesto nacional, entre impuestos nacionales y locales (1.3 billones entre IVA, impuesto de renta, impuesto de patrimonio, y sector externo), regalías ($1.5 billones) y utilidades de las empresas en las que tiene participación (Plan Nacional de Desarrollo, 2011, pag. 216).
Dentro del sector de minas y canteras, los subsectores con mayor crecimiento en el 2010 fueron petróleo crudo, con un 17.6%; gas natural, con 6.4%; carbón, con el 2.2%; minerales metálicos con el 1.8% y los no metálicos con el 1.6%.
El incremento de los minerales metálicos obedeció al crecimiento del oro, 8.2%; de la plata y el platino, 50.0%; del hierro, 20%; en tanto que el níquel presentó un crecimiento negativo de -5.5% [1]
La creciente importancia de los recursos que genera este sector en la economía global, se refleja en la fuerte inversión que las compañías transnacionales están haciendo en Colombia, animadas por el extraordinario crecimiento que han experimentado los precios de estas materias primas. Si se comparan los precios actuales, en dólares, con los de 2001, se tiene que el del oro ha crecido 4,5 veces, el del carbón 2,5 veces y el del níquel 4,7 veces [2].
Las compañías transnacionales encuentran además un poderoso estímulo en las altísimas rentabilidades que les genera el negocio, propiciadas por los bajos costos laborales, las enormes ventajas que en materia tributaria les ha concedido el país, y por la baja renta minera que deben pagar por extraer nuestros recursos.
En efecto, en un contexto de alta demanda de recursos mineros y de una creciente necesidad por parte de las compañías transnacionales de invertir como sea sus excedentes, al Estado colombiano le dio por ofrecerles a estas compañías todo tipo de incentivos y gabelas tributarias (“confianza inversionista” se denominó a esta estrategia), como eliminarles el 7% del valor total de las utilidades que sacan del país; deducciones tributarias especiales; acceso a combustibles con precios subsidiados en zona de frontera; posibilidad de descontar de su renta gravable y de las regalías, las inversiones en programas sociales, en responsabilidad social empresarial, en medio ambiente, en ciencia y tecnología y las compras de equipos y maquinaria [3].
Y para completar, según el senador Jorge Robledo Colombia es de los países que menos le cobra a las compañías transnacionales por explotar y sacar nuestros recursos. Mientras Chile se queda con el 55% de la renta generada por este sector, y Perú con el 25%, Colombia apenas reclama el 22% en promedio.
El resultado es la presencia de indicadores de rentabilidad absolutamente envidiables: de las 346 empresas mineras que reporta el informe de la Supersociedades en el 2010, 95 de ellas reportan utilidades operacionales superiores al 30% de sus ingresos: 12 presentaron rentabilidades del 100%, 33 arrojaron una rentabilidad operacional superior al 50%, y 50 tuvieron una rentabilidad operacional superior al 30% [4].
Todos estos factores explican por qué el sector minero ha tenido la principal participación de la inversión extranjera directa total (IED): el 61%. Entre 2006-2010 los hidrocarburos han atraído un promedio de 33% del total de IED. Minas y canteras, por su parte, ha traído un 29% entre 2008-2010.
Estos factores indujeron a que en los últimos ocho años, compañías nacionales e internacionales, sociedades e individuos empezaran a solicitar títulos mineros de manera voraz ante INGEOMINAS. “Todos querían parte de la piñata. Según datos oficiales, hasta la fecha se entregaron casi 9.000 títulos mineros, que corresponden a un poco más del 4% del territorio nacional, pero hay casi 20.000 solicitudes en fila, equivalentes al 20% del territorio. Muchos de los títulos y solicitudes están en ecosistemas estratégicos, como páramos, parques naturales, reservas forestales y humedales. “Nos abrimos de piernas”, dijo a SEMANA un ex funcionario del Ministerio de Minas y Energía [5].
Según el documento Plan Nacional de Desarrollo, el sector de hidrocarburos ha crecido considerablemente en los últimos 4 años: se suscribieron 229 contratos de exploración, producción y TEAS (contratos de asistencia técnica), la sísmica aumentó de 48.624 kms2equivalentes entre 2002 y 2006, a 64.808 kms2 equivalentes entre 2006 y 2010, y se logró aumentar la producción de 529.000 barriles por día calendario (BPD) en 2006, a los 785.000 BPD promedio año en 2010. Según el PND, este incremento de la actividad en este sector ha permitido incorporar reservas por 1.381 Mbbl (millones de barriles) en los últimos 4 años, mostrando perspectivas de autosuficiencia hasta el 2020 [6] (O.C. págs. 217/18).
Por su parte, un informe de la revista Semana daba cuenta de que “a la fecha, el Registro Minero Nacional reporta 1.717 empresas con títulos mineros vigentes. Y de las diez multinacionales mineras más grandes del mundo según su valor de capital de mercado, seis ya están en Colombia. Hay mineras desarrollando proyectos de explotación de oro a gran escala, como Anglo Gold Ashanti con las minas La Colosa, en Tolima, y Gramalote, en Antioquia; y la recién fusionada Medoro Resources-Gran Colombia Gold con las minas de Marmato, en Caldas, y de Frontino y El Zancudo, en Antioquia. Otras están planeando desarrollos o expansiones en minas de carbón, como la brasileña Vale Coal en el Cesar. Si estos y otros planes se concretan, en una década el país puede llegar a duplicar su producción de carbón y a ampliar la de oro en un 60 por ciento [7].
La violenta presión que distintos actores armados vienen haciendo sobre poblaciones indígenas del departamento del Cauca, coincide también con el interés de las transnacionales por hacerse al control de los recursos minerales que existen en esta región, como lo ilustra un documento publicado por el Semanario Virtual Caja de Herramientas, edición 264: “En la actualidad, de 36 títulos mineros vigentes en ejecución concedidos por INGEOMINAS en el municipio de El Tambo, la empresa Anglo Gold Ashanti tiene 9 contratos de concesión en un área de 20.514 has. y la Votorantim Metais de Colombia S.A. cuenta con 2 contratos en un área de 3.979 has., para la exploración y/o explotación de oro, cobre, zinc, asociados a platino, molibdeno, plata, plomo, hierro, níquel, y otros materiales. Además ha presentado a la fecha 37 solicitudes en curso para un área aproximada a otras 35.000 has., de un total de 91 solicitudes presentadas” [8].
Todos estos datos contrastan con la pobre participación que en términos de empleo tiene el sector minero, que sólo genera el 1,1% del empleo total del país, la mayor parte por fuera de la protección social y de las condiciones de Trabajo Decente que promueve la OIT y que el Estado colombiano se ha comprometido a promover, pues el porcentaje de empresas que trabajan en la informalidad es muy alto, como lo constató en el 2007 un informe El Tiempo, a raíz de la muerte de 40 mineros. Este periódico identificó que entre el 70% y 80% de las minas de carbón, oro, esmeraldas, caliza, arcilla y materiales de construcción, trabajan al margen de cualquier tipo de regulación, según informaron a este diario funcionarios de INGEOMINAS, la entidad estatal que se encarga de regular la actividad del sector. (El Tiempo, 08-02-07).
Esta situación la corrobora un informe de la revista Semana cuatro años después: “Esta arrolladora locomotora, sin embargo, por ahora corre a campo traviesa. Los problemas son de todo orden. Las instituciones que regulan el sector han quedado raquíticas después de un largo periodo de corrupción y desorden. Hay 15.000 mineros de hecho que, según el reciente informe de la Defensoría del Pueblo, viven de unas 3.600 minas ilegales de las cuales apenas 23 han podido legalizarse. Esa informalidad los condena a la pobreza y los pone en conflicto con la gran minería en plena expansión. Entre ellos, además, se camufla el crimen organizado, que ha encontrado en la minería ilegal una fuente de riqueza y en las exportaciones ficticias de oro una manera de lavar dinero. Tampoco están bajo control los accidentes fatales en las pequeñas minas de carbón: a mayo de este año ya iban 62 mineros muertos en accidentes de trabajo [9].
La rentabilidad de la minería
Más allá de la situación general que presenta el sector de minas y canteras, nos interesa mirar cómo les fue en concreto a las empresas durante el período de 2010. Para ese año, la Supersociedades publicó informes de estados financieros de 346 empresas del sector de minas y canteras: 87 del sector de carbón y derivados, 115 del sector de extracción de petróleo crudo y gas natural, y 144 que se dedican a extracción y explotación de otros minerales.
El cuadro anterior (Ver documento anexo) nos permite mostrar lo siguiente: • El subsector de carbón y derivados posee el 25.14% del total de las empresas, el 27.5% de los activos, el 30.8% de los ingresos y el 20.9% de las utilidades netas.
• En el subsector de extracción de petróleo crudo y gas natural, se encuentra el 33.23% de las empresas, el 63.1% de los activos, el 65.4% de los ingresos y el 76.5% de las utilidades.
• El subsector de extracción y explotación de otros minerales es el que cuenta con el mayor número de empresas, el 41.6% del total, pero sólo posee el 9.4% de los activos, el 3.7% de los ingresos y apenas el 2.7% de las utilidades totales que se generaron en el sector de la minería.
Como lo ilustra el cuadro que sigue, este es un sector dominado mayoritariamente por empresas transnacionales, las mismas que han tenido una gran incidencia en la elaboración del código minero, en las políticas de regalías y en el régimen tributario. Además, como ha sido denunciado en los últimos días, muchos de sus altos funcionarios pasan de estas empresas a ocupar altos cargos en los ministerios a los que corresponde regular y controlar el comportamiento de estas empresas. O viceversa, sus altos funcionarios son reclutados entre los funcionarios de estos ministerios, que llegan al sector privado con información privilegiada, la misma que luego utilizan estas empresas para promover sus intereses.
La precariedad laboral, la cara oscura del auge minero
Los datos disponibles sobre la participación de las remuneraciones totales en la estructura de costos del sector minero colombiano indican, que de cada $100 de valor de producción bruta (PB) que genera este sector, $9.64 están representados por el costo laboral total (salarios, más prestaciones, más seguridad social, más parafiscales), un indicador que es la mitad del indicador que el DANE da para todas las secciones económicas del país. Y de cada $100 de valor agregado (IVA) o nueva riqueza que genera el trabajo en este sector, $12.58 son para cubrir el costo laboral total de los trabajadores.
En contraste, la parte de la nueva riqueza que se destina a remunerar al capital y al pago de impuestos, o lo que se denomina “excedente bruto de explotación” (EBE), constituye el 77.49%, un indicador que muestra la extrema desigualdad en la distribución del ingreso generado en este sector.
Esta desigualdad está directamente relacionada con la pobre presencia de los sindicatos en el sector minero. Según los datos de la ENS, en el 2010, en minas y canteras sólo había 16 mil trabajadores sindicalizados, de una población total de 213 mil trabajadores en este sector, organizados en 36 sindicatos, lo que da una tasa de afiliación de apenas 7.5%.
Sin embargo, no todos estos sindicatos tienen la posibilidad de negociar sus condiciones de trabajo y empleo, pues 14 de los que aparecen en el registro de la ENS, son del sector informal, como los trabajadores que se dedican a la labor de extraer arena y balastro en ríos y quebradas para el sector de la construcción. Y de las 346 empresas que presentan información ante la Supersociedades, sólo en el 2.6% de ellas existe sindicato.
Por ello no resulta para nada extraño, que el 32% de los trabajadores mineros devenguen menos de un salario mínimo legal, que el 38% devenguen menos de dos salarios mínimos legales mensuales, y que el 26% tengan un salario superior a dos mínimos, la mayoría ubicados en las empresas del petróleo, el níquel y de la gran minería del carbón, que son las únicas que cuentan con la presencia de sindicatos con alguna capacidad de negociar sus condiciones de remuneración y de trabajo [10].
El bajo nivel de sindicalización en este sector es consecuencia de tres fenómenos: el primero, es que una gran proporción de la minería en Colombia es minería informal, al margen de cualquier regulación, incluyendo la regulación laboral, situación que en la práctica no permite que los trabajadores se puedan organizar, pues la relación laboral que pueda existir no está mediada por contratos de trabajo, situación que el Estado controla de manera muy precaria, por el alto nivel de corrupción existente en entidades como INGEOMINAS y por el escaso número de inspectores del trabajo.
La otra razón es la utilización creciente de trabajadores tercerizados, particularmente en la gran minería del petróleo, el níquel y el carbón, condición que no permite que los trabajadores que se vinculan de esta manera puedan ejercer realmente los derechos de libertad sindical y, por tanto, incidir en sus condiciones de contratación y empleo.
En la mayoría de los casos, los trabajadores tercerizados tienen contratos de trabajo a término fijo o por obra realizada, o firman contratos de trabajo en blanco que luego los administradores de las empresas terminan por llenar, una vez deciden de manera unilateral dar por terminada la relación laboral. Esta situación quedó en clara evidencia cuando la empresa Montajes JM, al servicio CEPCOLSA, multinacional española en la que tiene inversiones ECOPETROL, despidió de manera ilegal 1.100 trabajadores que se habían organizado en sindicato y reivindicaban mejores condiciones de trabajo y empleo.
Los datos que dan los sindicatos de las grandes empresas del carbón y del petróleo son elocuentes:
• El Cerrejón, cuenta con 9.800 trabajadores, pero 4.600 están subcontratados a través de terceros. • La Drumond (Estados Unidos), cuenta con 8.000 trabajadores, de los cuales 3.600 están subcontratados a través de terceros. • Prodeco, cuenta con 3.800 trabajadores, 2.500 tercerizados. • Carbones de la Jagua: 1.022 trabajadores, 400 tercerizados. • Consorcio Minero Unido: 1.466 trabajadores, 1.123 tercerizados. • Empresas como CEPCOLSA-CEPSA(España/Ecopetrol), PACIFIC RUBIALES, HOCOL, LA BALIN, OLEODUCTO BICENTENARIO, ECOPETROL S.A, ubicadas en el departamento del Meta, han subcontratado a más de 20.000 trabajadores a través de empresas contratistas y subcontratistas como Montajes JM, ODL, SCHRADER – MORELCO, entre otros [11].
Estos datos se refieren sólo a la gran minería del carbón y del petróleo donde existe presencia sindical y, por tanto, hay la posibilidad de hacerle seguimiento a las políticas de contratación de las empresas. Condición que no se da en el 97% de las empresas porque, o bien los sindicatos han sido completamente barridos, o las condiciones de contratación no permiten que éstos se organicen.
Y la tercera razón de la baja o casi ninguna presencia sindical en este sector, es la cultura antisindical que campea en las gerencias y departamentos de relaciones laborales de la mayoría de las empresas que explotan los recursos de este sector.
Esta cultura antisindical, que niega el ejercicio de un derecho humano fundamental amparado en la Constitución, la ley y los convenios internacionales del trabajo, es lo que ha estado en el fondo del conflicto obrero patronal que se ha vivido en Puerto Gaita, Meta, como lo ha denuncia do la Unión Sindical Obrera (USO) [12]: “Los trabajadores cansados de las continuas violaciones a sus derechos y a los compromisos asumidos por la empresa, tomaron la decisión de declararse en Asamblea Permanente y solicitar la presencia de la Unión Sindical Obrera, a la cual se afiliaron de manera inmediata, para que fuera su representante y vocero ante las empresas y el gobierno”.
Al revisar los motivos de la protesta, se encuentran situaciones abiertamente violatorias de la legislación laboral colombiana, algunos ejemplos son:
• Violación de la jornada máxima de trabajo: hasta 18 horas diarias, 40 días sin descanso.
• No pago de salarios a trabajadores en periodo de prueba.
• No pago de salarios a un grupo de trabajadores desde hace más de dos meses: cooperativa de conductores (empresa subcontratista).
• Robo del salario de los trabajadores de las cuentas bancarias.
• Desconocimiento del pago de bonos prometidos a los trabajadores.
• Condiciones insalubres y antihigiénicas de los alojamientos.
• Discriminación en el salario y duración del contrato entre los trabajadores de la región y los que vienen de otras regiones del país.
• Se firma un contrato de trabajo y se cambian de manera unilateral las condiciones.
• Trabajadores obligados a desarrollar actividades completamente diferentes para las que fueron contratados.
• Trabajadores con más de tres meses de empleo que no están afiliados a la seguridad social.
Y lo mismo ha estado ocurriendo en empresas del sector del carbón como la Drummond, CHANEME COMERCIAL S.A, Glencore, Carbones de la Jagua, ARAMARK; o en empresas del sector petrolero como Gran Tierra Energy y Esmerald Energy, multinacionales canadienses que explotan petróleo en el departamento del Putumayo; o con la British Petroleum y OCENSA SCHLUMBERGER SURENCO S.A.; o en Puerto Gaitán, Meta.
En todas estas empresas los sindicatos han denunciado repetidamente las políticas de persecución sindical que adelantan estas empresas, que en unos casos se oponen a que los trabajadores tercerizados se organicen en sindicatos y despiden a sus organizadores; en otros se niegan a reconocer y a tratar con los nuevos sindicatos creados; en otras se niegan a negociar los pliegos de peticiones que los trabajadores presentan para mejorar condiciones de trabajo; y en otras más se oponen a reconocerle a trabajadores que realizan las mismas labores y están bajo las mismas condiciones de subordinación y control, las mismas condiciones de salarios y de prestaciones.
Esta cultura antisindical nos muestra su rostro más radical y tenebroso en los fenómenos de violencia antisindical que han golpeado con rudeza las pocas organizaciones sindicales que se han podido organizar en este sector, como lo muestra el cuadro siguiente: (ver documento adjunto)
Minería, pobreza y desarrollo
En el 2010 las transnacionales mineras se llevaron del país más de $5 billones en utilidades, una suma que equivale a 9.7 millones de salarios mínimos mensuales. En contraste, los departamentos y municipios mineros padecen no sólo las consecuencias ambientales de la explotación minera (deforestación, ríos y quebradas contaminadas con mercurio y cianuro…), sino que desde el punto de vista del desarrollo humano, medido por el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), se encuentran bastante atrasados.
El NBI es un indicador que permite cruzar explotación minera y necesidades básicas insatisfechas, es decir, identificar qué tan efectiva ha sido esta actividad para superar las carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. El NBI utiliza indicadores directamente relacionados con 5 áreas de necesidades básicas de las personas: vivienda inadecuada, servicios sanitarios, hacinamiento, inasistencia escolar y dependencia económica.
Mientras más bajo sea el indicador (va de 1 a 100), mejor calidad de vida refleja. El municipio de Envigado, en Antioquia, presenta el indicador más bajo del país, con 5.43, en tanto que el más alto lo muestran 35 municipios, con un indicador de 100 cada uno, la mayoría en Guainía (7), Amazonas y Meta (5 cada uno). Bogotá, por ejemplo, es la ciudad del país con el NBI más bajo (9.2%), en tanto que Medellín lo tiene en 12.42%. Chocó, en cambio, lo tiene en 79.19%
El indicador promedio para Colombia es de 27.78%, pero departamentos mineros como La Guajira, Cesar y Casanare, en los que las multinacionales explotan carbón y petróleo, lo tienen en 65.23%, 44.73% y 35.55%, respectivamente.
Y respecto a los municipios donde se ubican las principales explotaciones mineras, el siguiente cuadro nos muestra qué tanto han servido los recursos mineros para mejorar la calidad de la vivienda, los servicios sanitarios, la educación básica y el ingreso mínimo: (ver documento adjunto)
Una de las razones que explican el pobre impacto que han tenido estos recursos en el desarrollo humano integral de estos municipios, radica en la característica misma del anterior régimen de regalías, que atomizaban su uso en multiplicidad de proyectos de poco impacto, lo que daba lugar al uso ineficiente de estos recursos.
Otra causa que explica el evidente atraso de estas regiones, ha sido la captura de las regalías por parte de los jefes de los directorios políticos que en estas regiones tradicionalmente han controlado alcaldías, departamentos, consejos municipales y asambleas departamentales; y por grupos armados con presencia dominante en ellas, mientras la población no tiene ningún control sobre estos recursos y por tanto ninguna capacidad para incidir sobre su destino. Y si la tienen, ésta ha sido controlada a través del recurso del clientelismo, la intimidación y la amenaza; e incluso a través del recurso de la violencia sobre todas aquellas personas u organizaciones que se atreven a ejercer un control sobre su uso y aplicación.
