El Consejo de Ministros revisará la aprobación de mina Invierno, primera etapa del proyecto carbonífero en Magallanes. Mientras la oposición acusa conflicto de interés del Presidente Piñera, los detractores del proyecto enfatizan los riesgos para todo el país: «Huasco, Mejillones, Tocopilla y Ventanas ya están sufriendo, y vamos a continuar con este carbón», dicen.

 

Fuentes: Radio Universidad de Chile y Business News America

El parlamentario realizó la acusación de conflicto de interés del presidente Piñera en abril, dado que el mandatario es uno de los mayores accionistas individuales del distribuidor local de combustibles Copec, dueño de una participación de 50% en Minera Isla Riesco.

La iniciativa de los grupos Copec y Ultramar contempla la extracción anual de seis millones de toneladas desde cinco yacimientos de carbón, con una inversión de US$530 millones. De este modo, la empresa espera comenzar a operar el próximo año, luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Magallanes diera su autorización en febrero pasado.

Antes, el recurso de reclamación interpuesto por los opositores al proyecto deberá ser examinado por el Consejo de Ministros, presidido por la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, e integrado además por los titulares de Agricultura, Hacienda, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Vivienda, Transportes, Minería y Planificación.

Ante esto, la vocera del grupo Alerta Isla Riesco, Ana Stipicic, dijo que «todavía tenemos esperanzas, porque creemos que los argumentos que presentamos son sumamente importantes y sólidos. Como Alerta Isla Riesco fuimos a visitar cada uno de los ministerios, llevamos información para que vean qué significa esta primera mega mina para Magallanes y para Chile. La calidad del carbón, los temas que no fueron ponderados respecto a los impactos, etc. Tenemos esperanza, porque existe esta posibilidad».

No obstante, Ana Stipicic añadió que «en estos temas las decisiones no son técnicas, porque si fueran técnicas estarían siendo consideradas muchas de las cosas que dijimos».

La representante de Alerta Isla Riesco advirtió que Minera Isla Riesco ha invertido en estudios favorables al proyecto y enfatizó la necesidad de diagnósticos objetivos, que den cuenta del impacto no solo en Magallanes: «Queremos que se hagan estudios de la calidad del carbón, de los reales impactos que va a haber en Isla Riesco, de cómo las centrales termoeléctricas van a quemar este tipo de carbón, que es muy malo y peor que el que ya se está quemando. Ya tenemos comunidades sufriendo por largos años con este tema».

«Hace poco fui de visita a Huasco y es impresionante lo que está viviendo esa comunidad. Vas caminando por esas calles y si llevas un imán, atrae un montón de metales pesados que están en las calles. En cualquier esquina, en las plazas de los niños, en los techos de las casas. Eso están viviendo comunidades como Huasco, Mejillones, Tocopilla, Ventanas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso estamos haciendo y vamos a continuar con más fuerza con este carbón», añadió.

¿Conflicto de interés?

El diputado PPD Enrique Accorsi acudió este lunes a la Contraloría General de la República para reunirse con el contralor Ramiro Mendoza. El encuentro buscaba información sobre el pronunciamiento que el partido opositor solicitó sobre las acciones que posee el Presidente Sebastián Piñera en la empresa Copec, una de las socias del proyecto.

«Creemos que hay un conflicto de intereses y esto no tiene que ver solo con el tema presidencial, sino que queremos preguntar si esto está dentro del marco legal. El contralor se comprometió a que iba a ver el dictamen de aquí al miércoles, antes de la votación del Consejo de Ministros, que era lo que nosotros queríamos. Porque si la Contraloría se hubiera tomado más tiempo y hubiera sido después del Consejo, no tiene ningún valor», explicó el diputado.

Según Accorsi, pese a que la mina fue aprobada, presenta irregularidades que deben ser consideradas por el Consejo de Ministros: «El proyecto cumplió, según el SEA, pero creemos que hay múltiples anomalías, que la información no está sobre la mesa. El tema del sitio arqueológico, el tema del viento, cómo se va a contaminar la bahía. Por ejemplo, Directemar (Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante), que tiene que velar por el tema portuario, no le hizo ninguna indicación al proyecto. ¡Ninguna indicación! Cuando vas a aumentar la carga marítima en 80 barcos más, obviamente tiene que haber por lo menos un informe. Creemos que se transgredieron muchos principios», dijo.

Los opositores al proyecto adelantaron que si el Consejo de Ministros confirma la aprobación, tomarán acciones judiciales para impedir que éste sea ejecutado.

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