Las organizaciones ciudadanas lamentaron la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental que permitirá el inicio de las obras de la mina de carbón Invierno, el primero de cinco yacimientos que se pretenden instalar en el sector de Isla Riesco y aseguraron que existen presiones de Gobierno para dar luz verde a este tipo de iniciativas. Las entidades civiles ya anunciaron una serie de medidas dentro de las que no descartan llevar el conflicto a la justicia.
16/02/2011. Desilusionadas se mostraron las organizaciones civiles luego que la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Magallanes aprobara el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que da luz verde a la instalación de la mina Invierno, la primera de cinco faenas que pretenden instalarse en el sector de Isla Riesco, en la comuna de Río Verde a 130 kilómetros de Punta Arenas.
La comisión – encabezada por la intendenta Liliana Kusanovic e integrada por diez Seremis –aprobó de forma unánime el informe presentado por Jorge Pedrals, gerente general de la Minera Isla Riesco, pese a los cuestionamientos técnicos que había realizado la comunidad.
Las principales falencias detectadas por los detractores del emprendimiento minero se relacionaban con el Estudio de Vientos, aspecto en el que la empresa situaba la racha en 39 kilómetros cuando en la zona se presentan vientos de al menos 120, lo que influiría directamente en el esparcimiento de las partículas de carbón, aumentando los índices de contaminación.
Además, cerca de la mitad de las 500 mil hectáreas que ocupa Isla Riesco son parte de la Reserva Nacional Alacalufe donde conviven una gran cantidad de especies protegidas de flora y fauna, como lenga, ñirre, coihue, huemules y pájaros carpinteros. También en las aguas que la rodean viven delfines, lobos marinos y pingüinos, y en el cercano Parque Marino Francisco Coloane habitan las ballenas jorobadas.
“No se tomaron en consideración ninguno de los aspectos que presentamos. Se le cargó la mano a la Conama y como todos los servicios estaban de acuerdo aprobaron el proyecto”, dijo Peter Maclean, integrante de la Organización de Desarrollo Sustentable Río Verde.
Esta iniciativa de extracción minera implica una inversión de 480 millones de dólares que será financiada por los grupos Ultramar, ligado a la familia Von Appen y Empresas Copec de los Angelini, dos de los mayores y más tradicionales holdings económicos en Chile. Se estima, además, que gran parte de la producción de estos yacimientos de carbón va a ir a parar a las termoeléctricas emplazadas en el norte del país.
Por lo mismo, Maclean aseguró que “hay una presión del Gobierno Central para solucionar el asunto de la matriz energética con carbón y sacarlo a cualquier costo, sin dejar nada para la región. Tributariamente y en el aspecto económico no queda nada para la Magallanes”, sostuvo el ingeniero agrónomo.
Horas previas a que se constituyera la comisión, el biministro de Energía y Minería Laurence Golborne dio su respaldo a este tipo de iniciativas y comentó que “no podemos oponernos a todo, hay que compatibilizar el sustento del medio ambiente con el desarrollo de las comunidades”.
Ante las críticas de la ciudadanía, la Minera Isla Riesco precisó que de las 26 mil 800 hectáreas que los grupos económicos adquirieron sólo intervendrán 2 mil 145, lo que corresponde a un 0,4% de las 500 mil hectáreas de la isla que serán explotadas durante 25 años en una zona donde, según indicaron, ya existe una gran “colonización humana”.
Respecto de las fallas en el Estudio de Vientos y que fueron subrayadas por las organizaciones durante la sesión, la compañía aseguró que sólo se trataba de un “error de tipeo”.
Desde la Organización de Desarrollo Sustentable Río Verde ya anunciaron una apelación ante la comisión de ministros que deberá revisar el documento aprobado por la Corema. Y aunque no quisieron adelantar detalles, ya contrataron los servicios de un destacado abogado en temas medioambientales, por lo que el conflicto podría llegar a la justicia, tal como ha ocurrido con iniciativas como la termoeléctrica Castilla en la región de Atacama.
La votación de este martes estuvo determinada por la Intendencia de la zona; los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes, Minería y Planificación, además de la directora del Servicio de Evaluación Ambiental.
