Un voluminoso sedimento de arsénico que se desplaza y expande siniestramente hacia diferentes sectores, entre ellos nuestra propia ciudad. Nada menos que 2.000 toneladas de arsénico, plomo y cianuro traídas desde el mineral de Choquelimpie y tiradas allí en Copaquilla por la imponderable Promel.
“En Copaquilla hay un altísimo nivel de arsénico y eso ya está contaminando el valle de Azapa y pronto llegará a Arica”, afirmó recientemente el experto en Toxicología y académico de la Universidad de Chile, doctor Andrei Tchernitchin.
Desde el limbo de su incorporeidad legal e impunidad penal, Promel sigue cooperando en configurar la peor imagen de la minería. Hace varios años que esta empresa dejó de existir y, por lo mismo, no tiene responsabilidad penal que afrontar, aparte que cuando perpetró el millonario negocio de importar basura tóxica y botarla en el fatídico Sitio F y depositó grandes volúmenes de material contaminante en Copaquilla, no existía aún normativa ambiental en nuestro país.
Lo que sí es concreto es que los ramalazos de esos dos focos de contaminación continúan manifestándose. El primero como una amenaza efectiva para miles de pobladores del sector nor-oriente de la ciudad en una inevitable escalada de muerte, dolor, historias personales truncadas, tras largos años de impotencia y desencanto porque el Estado mostró invariablemente una actitud insensible, negligentemente dilatoria. Y el segundo foco en la forma de un voluminoso sedimento de arsénico que se desplaza y expande siniestramente hacia diferentes sectores, entre ellos nuestra propia ciudad. Esta es la nueva amenaza de la contaminación, la bestia negra de Arica.
Copaquilla es el primer valle precordillerano a la vera de la ruta internacional a Bolivia (CH-11), a unos 100 kilómetros de Arica. Hasta hace poco su nombre revestía notoriedad por el pukara o fortaleza defensiva prehispánica existente en el área; sin embargo, ahora cobra relevancia como depósito de desechos tóxicos. Nada menos que 2.000 toneladas de arsénico, plomo y cianuro traídas desde el mineral de Choquelimpie y tiradas allí en Copaquilla por la imponderable Promel.
Al cabo de infructuosas denuncias, en el año 2001 el Servicio de Salud de Arica se dignó a practicar exámenes en el lugar, sin que se lograse determinar en ese momento incidencia de arsénico. Pero diez años más tarde la situación se ha vuelto crítica, ya que el doctor Andrei Tchernitchin detectó altas concentraciones de arsénico en el suelo y agua del sector. A su juicio, se trata de un fenómeno de polución reciente y que tiene su origen en los acopios de Copaquilla.
La alarma ambiental no fue encarada en forma oportuna y eficiente, de modo tal que ahora el arsénico se ha propagado a otros lugares. Como Livílcar (cabecera del valle de Azapa), donde el contenido de arsénico en el agua marca un promedio de 94,4 microgramos por litro, observándose valores extremos de 111 microgramos por litro. Para formarse una idea de esto, basta tomar en cuenta que la norma de tolerancia es de 10 microgramos por litro.
El doctor Tchernitchin, que no es ningún ecologista ni activista medioambiental, sino un científico, nos informa que el arsénico ya está afectando el valle de Azapa y falta apenas un paso para que llegue a Arica.
La contaminación por arsénico puede manifestarse a través de cuadros como cáncer al pulmón, a la vejiga, a las vías urinarias, al riñón y a la piel. También en infertilidad. Asimismo, produce coeficiente intelectual bajo que se traduce en deficiencias en el aprendizaje y fracaso escolar. A todo lo cual hay que agregar la propensión a la agresividad, favorable umbral para la adicción a las drogas y a otras conductas de tipo delictual. Un panorama que ya es común en el alevosamente golpeado sector poblacional del Plomo.
Ellos son las primeras y directas víctimas de la bestia negra. Y están amenazados ahora con la soberbia intención de instalar una termoeléctrica en la explanada del Cerro Chuño. Un botón de muestra de las primicias que ocurren en esta ciudad de la eterna contaminación, porque se trata de una “iniciativa” que cuenta con el beneplácito de las autoridades (anteriores y actuales), un proyecto que cumple religiosamente con todos los requerimientos de la normativa ambiental. Upa, chalupa.
Y eso sería todo: cagaste nos mandó saludos.
Definitivamente, porque, a final de cuentas, lo que verdaderamente cuenta es el progreso, el desarrollo; la gente vale menos que un moco de pavo. Esa es la indesmentible realidad. Lo demás es sólo engolada retórica e hipócrita compadecimiento mediático.
Desde otro punto de vista, si miramos la situación en términos del ecosistema humano que conformamos (la gente, su salud, su calidad de vida y el entorno ciudad como conglomerado de viviendas, equipamiento y servicios) no demoraremos mucho en darnos cuenta que estamos todos amenazados. Recordemos que no hace mucho hubo que descontaminar las techumbres de algunos establecimientos educacionales municipalizados cercanos al sitio de la ex Maestranza del Ferrocarril, donde se acopió al aire libre durante tantísimos años metales pesados bolivianos. Por supuesto que ese foco de contaminación, que todavía persiste, no afecta solamente a los colegios, sino que al vecindario en general.
No es ningún secreto que en Arica respiramos un aire malsano, que estamos expuestos permanentemente a una incisiva radiación solar y a un ambiente salino con alto contenido de partículas en suspensión. Un cúmulo de factores que nos agrede interna y externamente.
Vivimos, indiscutiblemente, en un medio vulnerable y susceptible de ser vulnerado una y otra vez, aunque exista normativa medioambiental.
Como digno corolario del modelo neoliberal, la contingencia ambiental se encuentra supeditada además a la hegemonía del Código de Aguas y del Código de Minería. Y también a la Ley de Geotermia. Los servicios públicos inherentes a la tramitación de proyectos mineros actúan como meros buzones y es habitual que estas diligencias queden dentro de las cuatro paredes de dichas reparticiones. Otra actitud recurrente es que las autoridades no informen oportunamente a las comunidades involucradas, con el resultado que su reacción procede cuando los plazos legales para las instancias de participación ciudadana y oposición ya están vencidos.
Lo que está en juego en cada intervención minera son los recursos naturales, como flora, fauna, suelo y agua, considerados en ese entorno vital que se llama biodiversidad o diversidad biológica. Es decir, estamos hablando de algo que atañe al ámbito científico.
Lamentablemente, los asuntos atingentes a la biodiversidad son del exclusivo manejo de los políticos que legislan y de los encargados de la CONAMA, que finalmente determinan. Ellos se arrogan facultad para evaluar y arbitrar sobre los asuntos medioambientales que no conciernen únicamente al interés de las empresas, sino también y en primer lugar a la sociedad civil. Los científicos; es decir, los más idóneos para entregar elementos de juicio, son olímpicamente despreciados. Es que se trata de temas primordialmente económicos.
A cargo de la CONAMA (Comisión Nacional del Medio Ambiente) hay ingenieros comerciales y administradores de empresas. Los proyectos que éstos recepcionan han sido elaborados por técnicos consultores externos que se esmeran, obviamente, en satisfacer plenamente los intereses y expectativas de la empresa que los contrata, de modo tal que le confeccionan un traje a la medida. Y una camisa de fuerza para la comunidad afectada.
¿Con qué ropa podrían discernir y sancionar acerca de situaciones tan delicadas los jefes de la CONAMA? ¿O, en su oportunidad, los seremis integrantes de la COREMA (Comisión Regional del Medio Ambiente) con el intendente a la cabeza?. Aquí no se requiere ni se exige excelencia. Un ejemplo de flagrante falta de ecuanimidad es cuando se pasa por alto los estudios de impacto ambiental (EIA). Sólo importa el resultado final apetecido que obra en un libreto previamente escrito . El cliente siempre tiene la razón.
Pero así es como está apuntalada la normativa medioambiental en nuestro país; es decir, la institucionalidad que nos rige en esta específica materia. Convenzámonos de algo que se hace cada día más palpable: lo legal no es sinónimo de legítimo.
Según precisa el científico Juan Armesto, los profesionales que trabajan en CONAMA “ tienen un conocimiento rudimentario de lo que es ecología”. Y agrega que “los administradores del Estado no saben a quién consultar sobre problemas específicamente técnicos de ecología y biodiversidad. En este país existen esas personas (los científicos) y se les ignora permanentemente”.
Otro científico, Javier Simonetti, señala que “los legisladores no tienen esa conciencia cívica de hacer la conexión y pedirle a cuatro científicos que les den una mano. Yo conozco colaboraciones muy efectivas que terminan en nada y los académicos se frustran y son cada vez más reticentes a repetir la experiencia”.
En términos más generales, referidos a la biodiversidad, el científico Fabián Jaksic se queja: “Nosotros somos la voz de los sin voz. Los científicos que trabajamos en biodiversidad somos la voz de las 300 mil especies que hay en Chile; el problema es que no votan y nosotros no alcanzamos a ser 300 votos”.
Recapitulando. Por efecto de la normativa vigente (Ley de Moraga) y por la amoral actitud de nuestras autoridades (de ayer y hoy), representantes, mandos medios y tecno-burócratas que nos engrupen con promesas de mejor estándar de vida, seguimos inermes ante el sistemático ataque de la bestia negra Y nos desplazamos en un viaje sin escalas hacia un destino denominado Arica Ciudad F.
