Uno de los estandartes que con orgullo ha reiterado el Gobierno en la cartera de Minería ha sido el cuestionado royalty minero, iniciativa legal impulsada por el Ejecutivo y que finalmente se convirtió en ley gracias a un acuerdo político entre el gobierno y la oposición, pese a que la medida, aseguran los expertos, sólo beneficia a las grandes empresas mineras.

 

Fuente: Radio Universidad de Chile

12/01/2011. La cuenta pública del ministro de Minería, Laurence Golborne, estuvo marcada por el llamado royalty minero y la buena acogida que han tenido las empresas para acogerse al nuevo impuesto tributario, pese a que el plazo legal vence el próximo 17 de enero.

El Secretario de Estado enumeró detalladamente los beneficios que entrega esta ley a Chile en materia de reconstrucción y reiteró que «el 25 por ciento de los recursos extras obtenidos por esta normativa irán a las regiones», sin embargo, y como era de esperar, omitió que esta medida favorece enormemente a las empresas y que el aumento para el país es mínimo.

Según el economista, miembro del Comité de Defensa del Cobre, Julián Alcayaga, esta es una ley creada por las mineras y ejecutada por el gobierno para evitar que le cambien las condiciones a éstas compañías en plena campaña presidencial.

«Fueron las empresas las que le impusieron al gobierno la necesidad de legislar al respecto, porque se les terminaba la invariabilidad tributaria con la ley 20.026 y a partir de esa fecha, en plena campaña presidencial, ningún candidato, ni siquiera de la derecha se abría atrevido a legislar a favor de la invariabilidad tributaria, menos de este tipo» , aseveró Alcayaga.

Asimismo, el economista desestimó los argumentos del gobierno en que esta es una reforma que busca el desarrollo de las regiones de nuestro país y que potencia la reconstrucción, ya que según indica Alcayaga «el aumento del Royalty es muy bajo considerando el gran compromiso de invariabilidad tributaria que genera grandes utilidades tributarias a éstas empresas».

En esta misma línea el dirigente sindical de la CUT y presidente de los trabajadores del cobre, Cristián Cuevas, indicó que «la política del Royalty es para entregar y mejorar las condiciones de la gran industria sin pensar en el bienestar ni recursos del patrimonio nacional» a lo que agregó que «todas las gestiones del ministerio de minería responden a un gran interés del gobierno de potenciar al sector privado en desmedro de los trabajadores , por eso nos estamos organizando para hacer movilizaciones en los próximos días».

Finalmente fue le ministro de Minería, quien a la salida de su cuenta pública y consultado por las críticas al Royalty, argumentó que fueron los gobiernos anteriores los que beneficiaron a las mineras con el Royalty minero ya que «esta ley venía desde antes, y no fue creada por nosotros y esta legislación no permitía modificar ni sacar recursos extras».

Todos los expertos concuerdan en que si el gobierno hubiese querido realmente juntar recursos podría haber establecido un verdadero royalty minero a partir del año 2018 de al menos un 10 por ciento sobre las ventas logrando reunir cerca de 4 mil millones anuales, recursos que no logra alcanzar el alza del 4 a 9 por ciento hasta el 2012 que esta promoviendo el Ejecutivo, incremento que además vuelve a mantenerse en un cinco por ciento entre 2013 y 2017, fecha en que la tasa variará entre 5 y 14 por ciento de la renta operacional de las mineras. Otorgando un incentivo tributario para las empresas de una invariabilidad tributaria hasta 2023, lo que le significa una gran perdida de recursos al Estado.

El incentivo de las empresas

Esta semana es clave para que las empresas mineras del país acepten acogerse al nuevo impuesto tributario, pese a que el plazo legal vence el próximo 17 de enero, ya que se espera que en estos días se de a conocer el documento que está redactando el ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Ricardo Escobar, para resguardar la certeza jurídica de la nueva ley, y donde se destaque una cláusula específica sobre la fecha en que regirá la invariabilidad tributaria, beneficio que se extiende por seis años y que regirá a partir de 2018 hasta 2023.