La huelga de hambre de pobladores de Caimanes, provincia de Choapa, tiene como protagonista a 11 personas que hace 50 días no prueban bocado alguno. La manifestación tiene por objetivo denunciar el daño y peligro que representa la construcción del tranque de relaves El Mauro, de la Minera Los Pelambres y hacer justicia con una compensación económica de la que ellos no formaron parte. Los comuneros denuncian la desprotección de la población y de los trabajadores frente a la gran explotación minera. El ministro de Minería, Lorence Golborne fue enfático en señalar que «las personas que se sienten afectadas pueden concurrir perfectamente a la Justicia».

 

Fuente: diario El Ciudadano

16/11/2010.En la comuna de Illapel, IV Región, 50 villas realizan actos de protesta contra la indiferencia del Gobierno y las faenas de la minera Los Pelambres, que pertenece en un 60% a Antofagasta Minerals, brazo minero del Grupo Luksic, y en un 40% al consorcio japonés integrado por Nippon LP Investment (25%) y MM LP Holding BV (15%).

Hoy, 15 de noviembre de 2010, quienes encarnan la huelga de hambre reclaman por una multiplicidad de factores que sumados a lo largo de los años, hacen la vida en la localidad «difícil» y «peligrosa» pues la convivencia entre los vecinos está fragmentada y temen el colapso del tranque de relaves El Mauro. Esta obra de ingeniería es la tercera más grande de Latinoamérica, tiene muros de arena compactada de 250 de altura y 6 kilómetros de largo en extensión.

11 AÑOS ATRÁS…

El origen del conflicto se remonta a la instalación del tranque de relaves El Mauro, en la localidad de los Caimanes el año 2006. La negativa de una parte de la comunidad tuvo como argumento el deterioro de las condiciones de vida que podrían tener, relacionado en mayor medida con la contaminación de las aguas, del río Choapa, el estero Pupío y humedales, además de los conocidos accidentes mineros, nefastos para el medioambiente.

Generalizado el malestar representado por la junta de Vecinos que hoy preside Mireya Ardiles, una serie agrupaciones como la de defensa del Valle de Chalinga, Red Ambiental Norte y el grupo de Facebook Caimanes Unidos Venceremos, aúnan fuerzas en forma solidaria pues además de Caimanes, las localidades afectadas por el uso de las aguas del río Caimanes por parte de la minera Los Pelambres son Pupio, Pupio 2, La Puntilla y Los Vilos.

La instalación del tranque de relaves El Mauro el año 2008 incrementó la animosidad de la comunidad. Para los pobladores, la amenaza que presenta el daño ambiental propio de este tipo de industrias tiene ahora como preocupación adicional los 8 kilómetros que separan el poblado más cercano del tranque de relaves El Mauro.

ACUERDO EXTRA JUDICIAL Y DIVISIÓN AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD

El plan de construcción del relave El Mauro buscó el año 2003 las autorizaciones ambientales pertinentes, con una incipiente oposición de los habitantes locales, pues frente al futuro deterioro medioambiental, estaban también la generación de empleo y los ingresos para la IV Región. No obstante, en noviembre del año 2005 varios propietarios de predios agrícolas del valle del Pupío solicitaron a la justicia la revocación del permiso entregado por la DGA (Dirección General de Aguas) para la construcción del tranque.

Un año después (7 de noviembre de 2006), la Corte de Apelaciones en fallo unánime prohibió la construcción del tranque.

Dos años más tarde, en mayo del 2008, los abogados Fernando Dougnac –por Caimanes- y Francisco Veloso, representante de Los Pelambres, lograron un acuerdo para que el empresario Víctor Ugarte y algunos dirigentes desistieran de las acciones legales contra la construcción de El Mauro. El convenio contemplaba la compra de los fundos del empresario -Tipay y Romero- por US$ 23 millones, de los cuales US$ 5 millones debía donar a 117 personas de la comunidad.

Dognac recibió US$ 3 millones además del dinero que la comunidad le pagó para que trabajara en el caso.

A consencuencia del acuerdo extra judicial el tranque El Mauro inició sus actividades en noviembre de 2008.

Desde fines del mismo año, parte de la comunidad, compuesta por la junta de vecinos número 4, demanda de nulidad de la transacción en el Octavo Juzgado Civil de Santiago, en contra de Los Pelambres, Ugarte y de 117 personas de Caimanes. Debido a este proceso, las platas que Ugarte debe repartir están retenidas.

Otro recurso legal fue interpuesto el 9 de enero de 2009 por el abogado Ramón Ossa, en el Juzgado de Los Vilos. En la oportunidad el letrado expuso que el origen del conflicto era económico y «buscaban la compensación de las familias afectadas». El defensor legal pedía US$100 millones para indemnizar a 1.500 personas.

En julio de 2009 en este periódico hicimos alusión a los devastadores efectos que tendría la instalación del relave «El Mauro» en el bosque nativo de la zona, la contaminación del mismo tranque intervenido y del estero Pupío, afectando con ello las aguas de regadío y de consumo humano de un vasto sector de la IVª Región. Además, señalamos los graves daños al patrimonio arqueológico que produjo su construcción.

ACCIDENTES OCURRIDOS ENTRE AGOSTO Y DICIEMBRE DE 2008

Esto sería corroborado más tarde con las 12 incidencias y/o 4 accidentes que la empresa minera tuvo en su producción:

El río Cuncumén recibió aguas infiltradas desde el tranque de relaves Los Quillayes, fue contaminado el estero Camisas, derramados 12 mil litros de petróleo al interior de las instalaciones de la minera. Infiltrado combustible en el área donde están los generadores de respaldo, sector drenes y piscina de emergencia del Tranque Quillayes. Hubo escurrimiento de «aguas de proceso» desde el vertedero de seguridad del tranque de relaves El Mauro hasta el estero Pupío.

En todos los casos, agricultores de Salamanca, Illapel y Los Vilos declararon sentirse afectados por los daños ambientales que estos incidentes provocaron.

Por los motivos antes descritos, Minera Los Pelambres indemnizó al Estado en 82 millones 487 mil pesos y continuó con sus faenas sin problemas.

2010

Este año la opinión pública conoció el pasado 4 de abril, a través del comunicado de la Organización Ciudadana Ambiental de Salamanca (Ocas), del desperfecto sufrido por el relaveducto transportador de los desechos industriales al tranque El Mauro en el sector del túnel Las Ánimas. Consecuencia del nuevo imprevisto, hubo un derrame de relaves en la quebrada de El Arrayán, sector de la Camisa, comuna de Salamanca en el que resultaron afectados los humedales de la zona.

DAÑO AL ENTRAMADO SOCIAL

La presidenta de la Junta de vecinos, Mireya Ardiles, añade un antecente a ratos ignorado en las demandas ciudadanas cuando todo se reduce a compensaciones económicas. Pareciera que la huella metálica (monetaria) de la industria minera, deja damnificado a su paso, no sólo el medio ambiente, sino también el entramado social de la comunidad:

«El problema más grave es que la gente está aquí psicológicamente… mal… pésimo. Hay muchas familias divididas por el largo tiempo que hemos vivido en este proceso, y las ha dejado mal. Fue todo por la plata y quienes la recibieron de la minera. El ambiente aquí está pésimo, hay que ser valiente para estar en el pueblo ahora, por el temor y la desconfianza que existe entre las personas», lamentó la pobladora.

DAÑO AMBIENTAL Y SOCIAL V/S SANCIONES

Las reprimendas económicas que recibirán quienes infrinjan el Reglamento de seguridad minera (RSM), están redactadas en tres artículos que abarcan menos de una página del texto. El primero de ellos, el 590, sostiene que las demandas del Estado a quienes sean infractores varían entre 20 a 50 Unidades Tributarias (UTM). El valor actual es de $37.567, por lo que multiplicándolo por 20 y 50, da un total que varía entre $751.340 y $1.878.350.

El precio por la trasgresión traducido a dólares tiene un rango de 1.563 a 3.908 dólares vs los 5.345 millones de dólares que tres mineras privadas (Antofagasta Minerals, Minera Escondida y Anglo American) ganaron en utilidades sólo el 2009.

UN ÚLTIMO LLAMADO

«¡No entiendo, no me cabe en la cabeza lo que está pasando, cómo la autoridad beneficia y resguarda a una trasnacional en vez de protegernos a nosotros! En el fondo los problemas que hemos tenido han sido con carabineros y no con la minera. Esto no puede ser», afirma con amargura Patricio Herrera Tapia, portavoz de los huelguistas.

Herrera narró además, la celebración de una mesa de diálogo con representantes de la minera en que les ofertaron «una ciudadad de lujo», bajo el acato de una cláusula en la que no recibirían mitigación ($) por desarraigo. Ellos no aceptaron. «Entonces nosotros estamos peleando por eso. Hay impacto social, ambiental y moral. Hay harta población mayor de edad, y ellos no quieren irse de ahí», aseveró.

«Nosotros vivimos abajo, a 8 kilómetros del tranque, por lo que si llegara a colapsar, cortaría todo el valle del Choapa, partiría el país en dos. Piñera a tratado de bajarle el perfil. Ni el Gobernador, ni el Intendente se han hecho presentes y el alcalde siempre se escapa». La semana pasada fue el aniversario de la comuna y como están financiados por Los Pelambres no nos toman en cuenta. La única radio que hace pública nuestra situación es radio Illapel», espetó el activista.

¿Y QUÉ DICE EL GOBIERNO?

«Quienes se sientan afectados, pueden recurrir a la justicia». Ese fue el comentario esbozado por el ministro de Minería de Chile, Laurence Golborne.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló hace una semana atrás que las huelgas de hambre «se vuelven un problema grave a partir del día 50» y a diferencia de lo ocurrido con la huelga de los comuneros mapuche en la Araucanía, ellos no llevan un control de la situación.

Considerando que más de 100 personas viajaron a La Moneda y la Comisión Recursos Naturales y Medio Ambiente prometió investigar el caso hace ya cinco meses, si los comuneros en huelga de hambre piden la participación de representantes del Estado para conformar una mesa tripartita aún cuando las demandas son judiciales, ¿no es este un motivo lo suficientemente fuerte como para que el Gobierno intercedea?

Por David Abrigo Bilbao

El Ciudadano

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