La petición fue planteada por 50 diputados y en la Sala reunió los 48 votos requeridos por la Constitución para establecer este tipo de instancias parlamentarias fiscalizadoras.La parlamentaria por el Noveno Distrito, pidió el traslado de las plantas activas y que el gobierno regional gestione y financie un plan de mitigación para los relaves abandonados.

 

Fuentes: Radio Bio Bio y El Observatodo

12/11/2010. Con 48 votos a favor, 14 en contra y 8 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión especial investigadora que se aboque a “analizar la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros que existen en nuestro país”.

La petición fue promovida por 50 diputados de oposición y se produjo después de una investigación periodística de CNN-Chile y CIPER en la que se describieron los peligros que presentan numerosos relaves mineros existentes en el país, que son abandonados después de la explotación de los respectivos yacimientos con el consiguiente riesgo para poblaciones aledañas y el medio ambiente.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ha contabilizado unos mil relaves a lo largo del territorio nacional, la mitad de ellos abandonados y que amenazarían a unas 200 localidades.

Bancadas parlamentarias de gobierno han cuestionado la creación de una comisión investigadora sobre este tema advirtiendo que con ella sólo se buscaría poner en entredicho al ministro de Minería, Laurence Golborne, tras la amplia aprobación ciudadana que le granjeó el exitoso rescate de los 33 mineros de la mina San José.

El artículo 52 de la Constitución Política establece que la creación de comisiones especiales investigadoras en la Cámara de Diputados requiere del respaldo de a lo menos dos quintos de los diputados en ejercicio, es decir 48 parlamentarios.

La Comisión Especial Investigadora recién aprobada deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

Aseguran que en Illapel existen 96 relaves mineros

La parlamentaria por el Noveno Distrito, pidió el traslado de las plantas activas y que el gobierno regional gestione y financie un plan de mitigación para los relaves abandonados.

En compañía de dirigentes de la Junta de Vigilancia del Río Illapel, la diputada Adriana Muñoz denunció que en la actualidad existen 39 plantas activas y 57 paralizadas, que suman 96 plantas en la comuna que amenazan a la comunidad de Illapel.

La parlamentaria, junto a Jaime Tapia presidente de la Junta de Vigilancia del Río Illapel y Vicente Tiska, integrante del directorio de dicha agrupación, pidieron el traslado de las plantas activas y el desarrollo de un plan de mitigación con fondos del gobierno regional para los relaves abandonados.

Muñoz calificó la presencia de relaves mineros “como una especie de terreno minado que amenaza a la población circundante, sobre todo en la Cuarta Región donde se encuentra la mayor parte de ellos, alrededor de 370 de un total de 700 en el país”.

Además, señaló que hoy existe un grave riesgo que afecta a las comunidades cercanas a la actividad minera, es el caso de Caimanes y Cuncumen de la comunas de Los Vilos y Salamanca respectivamente, que están a la dádiva de los tranques el Mauro y Quillayes.

En el caso del Mauro, dijo la legisladora, hay que destacar que su altura es dos veces la Torre Entel es decir son 240 metros de relave con aguas contaminantes que se levantan peligrosamente y amenazan a la comunidad de Caimanes. De hecho, aseguró, que es el tercer tranque más grande del mundo y el primero en América Latina que se sitúa en una zona sísmica.

Por ello, la parlamentaria hizo un llamado a sus pares para que este miércoles se apruebe la creación de una comisión investigadora donde se incluya la situación del Mauro y se revisé la declaración de impacto ambiental.

“Cabe destacar que el 2009 la empresa Pelambres fue sancionada por la Corema con una multa de 82 millones de pesos por cuatro incidentes ambientales en la región”, indicó Muñoz.

Por su parte, Jaime Tapia, indicó que “tenemos una contaminación enorme de estas plantas mineras, esto agrava la situación ya que varias de estas plantas están dentro del plano regulador de Illapel. Lamentablemente no existe un plan, un proyecto que de una vez por todas las erradique. Nuestra agricultura se está regando con aguas contaminadas. Sería gravísimo si algún día se detecta algún producto con estos minerales en Europa. Sencillamente nuestras exportaciones quedarían nulas”.