Artículo que comenta los desvelos de las mineras paradas frente a los glaciares y la ley que limita la actividad en ellos. “Para evitar que se frenen millonarios desembolsos orientados a la extracción de las riquezas del suelo argentino, distintas provincias están lanzando una cruzada contra la normativa. Tras el recurso presentado por San Juan, varias jurisdicciones podrían sumarse a la lista. Los montos en disputa.”
Por Patricio Eleisegui publicado por iProfesional
La aprobación de la ley que restringe la minería a gran escala en cercanías de glaciares viene dando origen a una cruzada que, siempre dentro del ámbito legal, suma nombres y voluntades en las provincias cordilleranas.
La posibilidad concreta de que las grandes compañías que operan en distritos como San Juan, Salta, Catamarca, La Rioja y Santa Cruz, entre otros, suspendan o directamente anulen sus planes de inversión ha generado que los principales actores políticos y privados comiencen a delinear una ofensiva común orientada a neutralizar la vigencia del marco impulsado por los senadores Miguel Bonasso y Daniel Filmus.
El objetivo: evitar que la Argentina pierda, en los próximos años, inyecciones de capital superiores a los 15.000 millones de dólares.
Que estas inversiones no se lleven a cabo, aseguraron a iProfesional.com fuentes de Gemera, la cámara que agrupa a las empresas exploradoras, es algo que las secretarías de minería provinciales ya evalúan con absoluta seriedad.
“Se frenó la exploración en alta cordillera, y todos sabemos que las inversiones de ese tipo son de muy alto riesgo”, comentó al respecto Felipe Saavedra, secretario de Minería de la provincia de San Juan.
Precisamente este distrito fue el primero en enfrentar a la flamante Ley de Glaciares en el terreno judicial. A través de una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Cámara minera local y varios gremios, San Juan logró que se suspendan seis artículos de la norma, por lo que la actividad volvió a tener vía libre, al menos en esa jurisdicción.
El juez federal de San Juan, Miguel Angel Gálvez, consideró que la provincia es soberana de sus recursos naturales y que corresponde a este distrito la administración de ellos, tal como sostenía el Gobierno provincial.
“Supongo que la medida impactará a nivel nacional, pero hemos decretado una cautelar imponiendo la suspensión de algunas normas de esta ley de régimen para la preservación de los glaciares que rige sólo en la provincia de San Juan, donde es mi competencia”, señaló Gálvez al momento de dar a conocer su decisión.
“La medida cautelar suspende los efectos de la norma hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva el tema de fondo y se expida sobre su supuesta inconstitucionalidad”, explicó Jaime Bergé, titular de la Cámara Minera de San Juan.
Pero más allá de este pronunciamiento, lo que pone nerviosos a los funcionarios provinciales es la disminución en la actividad que ya exhiben varios proyectos de envergadura.
El movimiento del segmento minero sanjuanino, anticiparon a iProfesional.com distintos voceros provinciales, será imitado en los próximos días por organismos y entidades mineras de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Neuquén y Santa Cruz.
En todos los casos, la apuesta es la misma: evitar que las mineras se retiren y, en simultáneo, asegurar los puestos de trabajo vigentes.
A modo de muestra vale decir que, de mantenerse el actual marco -aseguraron a este medio fuentes catamarqueñas-, dicha provincia sufriría la parálisis total del polémico Agua Rica, un emprendimiento vinculado con el oro y el cobre, ya frenado por la falta de consenso social.
La puesta en marcha de la mina, que correrá por cuenta de la canadiense Yamana Gold, contempla, en el mediano plazo, un desembolso cercano a los 2.000 millones de dólares.
Algo similar sucedería en el territorio de Santa Cruz, donde hay al menos cuatro iniciativas metalíferas con fecha de inicio para 2011.
Se trata de La Manchuria, La Josefina, Cerro Moro y Oro y Plata, que en conjunto acumularán nuevas inversiones por más de u$s700 millones en los próximos años.
El caso emblemático
San Juan es presentado, por el sector privado, como un caso testigo a la hora de medir las consecuencias de la ley en materia de desembolsos.
El impacto (de la Ley de Glaciares) es de unos 150 millones de pesos sólo en exploración. Pero no hay que olvidar que hay proyectos que están prácticamente listos para factibilizarse y cada uno de ellos va a requerir una inversión de 3.000 millones de pesos”, precisó Saavedra.
“Estamos hablando de unos 9.000 millones de dólares que podrían complicarse por este motivo para la explotación”, agregó.
Los proyectos más comprometidos:
• Pachón: orientado a la extracción de cobre. La explotación es controlada por Xstrata Copper (de origen suizo-británica), el yacimiento tiene una vida útil estimada de 25 años, y su producción está destinada a abastecer plantas de refinamiento en Japón, Corea, Taiwán y Norteamérica. El yacimiento es rico, además, en molibdeno, un mineral de amplio uso en el desarrollo de aleaciones.
• El Altar: proyecto controlado por De Peregrin, potencialmente rico en cobre, molibdeno y oro.
• Los Azules: como El Altar, también está ubicado en el departamento de Calingasta. Bajo control de Minera Andes -de capitales canadienses-, su puesta en marcha demandará una inversión cercana a los 30 millones de dólares. En toda su vida útil, el yacimiento acumulará desembolsos por 2.700 millones de dólares.
“Sólo Pachón y Los Azules están abriendo el camino, que son trabajos de conservación y apertura para llegar a los proyectos. Pero todavía ninguna empresa nos ha definido un plan de trabajo concreto como nosotros esperábamos para esta época”, dijo Saavedra.
“La inversión que estaba prevista para este año iba a romper el récord histórico en exploración, y en este segundo semestre pensábamos que se iba a reactivar más aún. Pero desgraciadamente con estos acontecimientos, estamos viendo demoras porque, a esta altura, ya tendrían que estar arriba”, añadió.
En tanto, Julio Ríos Gómez, presidente de Gemera, aseguró que la demora que están mostrando algunos proyectos mineros de exploración “involucran inversiones por 150 millones de pesos”.
San Juan, según el empresario, acumula la mitad de los futuros desembolsos que ahora aparecen en duda.
La ofensiva provincial
En virtud de que la realidad sanjuanina poco a poco comienza a verse replicada en otros territorios mineros, el grueso de las provincias que apelan a esta actividad anticiparon que llevarán a la Justicia el reclamo por una explotación de minerales sin restricciones.
En esa dirección, el Ejecutivo de Catamarca confirmó el último jueves que accionará legalmente contra la Ley de Glaciares “por vulnerar derechos de la provincia y afectar la actividad económica catamarqueña”.
Para el gobierno local, el marco va en contra de la garantía constitucional que las provincias tienen sobre el control de sus recursos naturales.
Según anticipó Javier Silva, ministro de Gobierno y Justicia de esa provincia, “la Fiscalía de Estado catamarqueña se encuentra trabajando en un planteo de inconstitucionalidad de la ley aprobada por el Congreso el mes pasado”.
“La preocupación es que esta ley nacional pueda afectar el progreso y el desarrollo de la provincia”, declaró el funcionario.
De acuerdo a fuentes periodísticas locales, “el antecedente de la provincia de San Juan, sirvió para que los distritos cordilleranos que se opusieron a la ley que sancionó el Senado a comienzos de octubre, pusieran a trabajar a sus equipos legales, con el propósito de conseguir que se frene la aplicación de la norma en sus territorios”.
Territorios en alza
Al igual que los catamarqueños, los mineros de Salta también avanzarán con presentaciones orientadas a imponer el rango de inconstitucional a la “Ley de Glaciares”.
En ese sentido, el presidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo Huidobro, expresó que la norma es “prohibitiva” y que “vulnera los derechos de una provincia minera como la nuestra de administrar sus recursos naturales”, algo que establece la Constitución Nacional.
Huidobro reconoció que “la ley nacional de protección de glaciares genera incertidumbre en posibles inversores” que apuestan por la riqueza minera salteña.
En sintonía con esta provincia, Neuquén y Santa Cruz también elevarán sus reclamos a la Justicia. Daniel Peralta, gobernador de Santa Cruz, fue uno de los primeros en adelantar que la embestida contra la ley vigente recién comienza.
“Nos vienen obligando a nosotros, los gobernadores, por el espíritu de la ley, a tener la guardia alta, porque vamos a defender con uñas y dientes cada uno de los puestos de trabajo de nuestra minería, de nuestros petroleros y de cada uno de los trabajadores del carbón que necesitan de nuestro resguardo”, declaró hace pocos días.
Por último, los Ejecutivos de Jujuy y La Rioja también confirmaron que se encuentran delineando reclamos contra la ley 26.639 sancionada el 20 de septiembre.
Antecedente
Antes de su transformación en norma vigente, ocho gobernadores de provincias cordilleranas cuestionaron el proyecto de ley de glaciares por considerarlo “difuso” y “violatorio” de las autonomías.
El pronunciamiento de los mandatarios de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego se despegó de la posición de Mendoza, que nunca se opuso a la ley pero sí defendió que el proyecto preserve la autonomía ambiental de cada distrito.
Los mandatarios provinciales coincidieron en remarcar que la iniciativa afectaba “recursos naturales que pertenecen a las provincias de acuerdo no sólo a la Constitución Nacional, sino a los ordenamientos” de cada distrito.
