Ante la crisis hídrica y para satisfacer su creciente demanda de agua, la minera ha comenzado a explorar la desalación de agua de mar para sus actividades extractivas. Las empresas mineras estipulan que el 85 % del costo operacional de la desalinización correspondería a energía. También estiman que el consumo eléctrico de la desalinización y bombeo alcanzaría a 8.921GWh en el año 2020. Es fundamental preguntarse si la minería debe seguir desarrollándose a todo costo, perpetuando una estructura económica nacional basada en el extractivismo y la exportación de materias primas.
Por Pamela Poo, Cientista Política, Coordinadora del Observatorio Parlamentario Ciudadano de ONG Chile Sustentable, publicado en El Dínamo
Chile es un país que ha construido su economía sobre la base de actividades extractivistas. Esta política ha sido posible por la matriz legal que el país detenta, matriz heredada por la dictadura militar y que ha sido mantenida por los gobiernos que le sucedieron, lo que ha desembocado en una intensa explotación de recursos naturales y el estallido de conflictos socioambientales a lo largo del país.
Históricamente, la minería del cobre ha sido la principal industria extractiva del país. Considerada el sostén de la economía nacional, su continua expansión ha generado una creciente demanda de recursos hídricos para el desarrollo de sus actividades.
Pero la demanda de agua de la gran minería, se ve enfrentada con la necesidad del derecho humano al agua en diversas comunidades indígenas y la ciudadanía en general. Un caso emblemático de esta situación es Copiapó, muchos de sus habitantes han abandonado la ciudad, ya que la calidad de vida ha declinado considerablemente por la escasez hídrica y la nula solución proporcionada por el Estado.
Ante la crisis hídrica y para satisfacer su creciente demanda de agua, la industria minera ha comenzado a explorar las posibilidades de la desalación de agua de mar para disponer de este recurso en sus actividades productivas.
La desalación, consiste en extraer agua de mar y hacerla pasar por un proceso de osmosis que le permite eliminar la sal y dejarla en una calidad de salinidad que permitiría el consumo humano. Este proceso es costoso y genera una creciente demanda de energía, ya que para ser ocupada por la minería tiene que ser transportada a las faenas a través de tuberías cerro arriba.
Por otra parte, la preocupación por la crisis hídrica ha llegado también al Parlamento, es por ello que en el año 2011 la Diputada Adriana Muñoz presentó una moción parlamentaria ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados que buscaba que el Estado pudiese expropiar derechos de aguas a las mineras, en el caso de salvaguardar a las comunidades que no la tuviesen y a su vez obligaba a aquellas que ocupan desde 150 litros a desalar. Dicha moción no fructificó.
Posteriormente, en diciembre de 2013, un grupo de diputados presentó ante la mesa de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que “obligaría a aquellas, mineras que cuya extracción de agua sobrepasen los 150 litros por segundo a incorporar la desalinización de aguas marítimas dentro de sus procesos productivos…”. Actualmente este proyecto, se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y debiese discutirse ante la Comisión de Minería y Energía. Habrá que esperar cómo evolucionará esta iniciativa del poder legislativo, como una solución al stress hídrico gestado por esta actividad económica.
Las empresas mineras estipulan que el 85 % del costo operacional de la desalinización correspondería a energía. También estiman que el consumo eléctrico de la desalinización y bombeo alcanzaría a 8.921GWh en el año 2020, situación que pondría en jaque a la nula política energética por parte del Estado y asentaría una mayor presión en la aprobación de proyectos de generación de energía.
Sin embargo, es fundamental preguntarse si la minería debe seguir desarrollándose a todo costo, perpetuando una estructura económica nacional basada en el extractivismo y la exportación de materias primas. Es urgente y necesario abrir la discusión para construir una política de desarrollo y proyecto país que visualice nuestra sociedad al menos a 50 años plazo, y no sólo en función de los breves períodos en que los distintos bloques políticos detentan el poder.
