Al menos dos de las mineras transnacionales presentes en Chile son las mismas que fiscalizan la cantidad estimada de mineral que hay en los embarques de concentrado que salen del país. Además, la totalidad de estos laboratorios químicos privados realiza trabajos de asesoría ambiental e ingeniería para las mismas mineras a las cuales miden sus embarques.
Fuente: Diraio Universidad de Chile
Chile exporta cobre de dos maneras: 1°) Cátodos de cobre, que es el mineral ya refinado que se envía en placas y por eso es más caro; y 2°) concentrado de cobre, donde va la roca completa, que se embarca para ser procesada en una fundición extranjera. Este es más barato porque no está refinado.
El tema es que cada vez se exporta más concentrado y menos refinado. Sólo en 2012 se enviaron más de 15.000 toneladas (tn) de concentrado de cobre; 10.418 tn. de oro y 8.313 tn de plata. Eso va a subir en el balance de 2013. Las empresas que más exportan concentrado son las mineras: Escondida, Los Pelambres (MLP), y Collahuasi.
El problema es que la cantidad estimada de mineral en los envíos de roca no es medido por el Servicio Nacional de Aduanas, porque esta labor es externalizada a 7 empresas transnacionales: Laboratorio Stewart-Blaitt y Cía. Ltda, SGS Lakefield Research Chile S.A, CIMM Tecnologías y Servicios S.A., CESMEC Ltda., Alfred H. Knight, Compañía Minera Candelaria y Xstrata Copper.
Juez y parte
Al menos estas dos últimas empresas son “juez y parte” y se autofiscalizan: la compañía estadounidense Minera Candelaria controla el yacimiento de ese mismo nombre, más la mina El Abra, y Ojos del Salado, entre otras. Por su parte, la empresa suiza Xstrata Copper es propietaria de la Minera Lomas Bayas; la Fundición Altonorte, en Antofagaste; y el 44% de Minera Collahuasi (también controla el proyecto hidroeléctrico Energía Austral, en la región de Aysén).
Ante la pregunta sobre cómo se decide el cargamento que es medido por cada laboratorio privado, el Servicio Nacional de Aduanas (dirigido por Rodolfo Álvarez Rapaport) denegó la información con el argumento de que no la tiene sistematizada, y reconoce apenas 3 fiscalizaciones públicas entre enero y noviembre de 2013.
Los trabajadores, a través del director de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas (ANFACH), Daniel Vergara, confirman que la fiscalización de los embarques mineros es prácticamente nula: “La fiscalización de Aduanas no tiene laboratorio químico propio; entonces estos laboratorios privados no dan garantías porque los financian las propias empresas mineras transnacionales. Acá tenemos una casa oscura, por no decir absolutamente negra, que nunca se ha querido tocar porque hay intereses enormes”, dijo el funcionario.
Vergara agregó que con suerte se estima lo que dice el contrato de la minera, sin importar minerales secundarios incluso más caros que el cobre. Esto es grave, dijo, porque el Servicio Nacional de Aduanas autoriza además un precio atrasado y no real del concentrado: “En esto hay un problema gravé del IVV, que es el Informe de Valor Variable, que lo marcan atrasado en el Servicio Nacional de Aduanas. Por eso el rol de COCHILCO es un adorno. Cuando se embarca concentrado de mineral, se entrega un precio estimado, pero cuando lo tranzan en la Bolsa de Metales de Londres, recién en ese momento tienes la cantidad a firme, antes de eso no lo es. Por eso es que decimos que aquí hay una fuga muy importante de capitales a través de tributos. Yo calculo que más de 2 mil millones de dólares, pero nadie estudia eso”, adujo.
Conflicto de interés
El ex director de la mina de Chuquicamata durante la nacionalización del cobre y economista de la Universidad de Cambridge, José Gabriel Palma, dice el conflicto de interés es flagrante: “Aun cuando las dos o tres que quedan, fueran empresas de ingenieros independientes, que no sean directamente de la mina de donde proviene el cobre, el trabajo fundamental de estos laboratorios es ser consultores de las mineras transnacionales. Didácticamente hablando, si tal persona es consultora de la minera BHP Billiton y de ahí saca el 80% de su ingreso, cuando le pidan a esa persona que revise el concentrado de mineral de esa empresa, a lo menos va a ser poco estricta. Tiene que portarse bien para mantener el negocio. O sea, no hay independencia y el conflicto de interés es evidente”, dijo el especialista.
Por su parte, el economista y abogado, Julián Alcayaga, presidente del Comité de Defensa del Cobre, señala que la clase política insiste en ignorar esta pérdida de recursos naturales y tributarios: “Esto lo hemos denunciado desde hace muchos años. Primero que el Servicio Nacional de Aduanas no fiscalizaba. Esa denuncia la hicimos en marzo de 2011 ante el Congreso, y recién en octubre de 2013 empezaron a fiscalizar. Pero en segundo lugar, la fiscalización que se empezó a hacer, no servía porque las contra-muestras que venían de países como Japón, Corea del Sur o China valían por sobre las del Servicio Nacional de Aduanas; y posteriormente este organismo contrató a las mismas empresas que trabajan para las mineras extranjeras. Por eso la fiscalización no tiene mucho sentido y Chile está perdiendo cantidades enormes de dinero en cada barco que sale cargado de concentrado hacia fundiciones extranjeras”, explicó.
Cabe señalar que en 1972, el 95% de cobre chileno era producido por la empresa estatal Codelco, pero en la actualidad esto no supera al 27%, mientras que en paralelo las transnacionales exportan cada vez más concentrado (con el déficit de fiscalización señalado), para enviarlo a refinerías más baratas de China o el Sudeste Asiático, y luego valorarlo de verdad en la Bolsa de Metales de Londres y obtener utilidades ignoradas por el Estado de Chile.
